Las casas de apuestas rompen el silencio por su vínculo con la ANFP y arremeten contra el Ministerio de Justicia

Las casas de apuestas sacan la voz. El oficio del Ministerio de Justicia que le ordena a la ANFP terminar con el vínculo comercial que le une a la industria, a cambio de millonarios ingresos, les incomoda. Concretamente, se sienten perjudicados, aunque lo más objetivo es que discuten la validez de la instrucción.

La materia ha generado controversia a todo nivel. Sin ir más lejos, en la última sesión de la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados y Diputadas, el parlamentario Marco Antonio Sulantay ofició para que el ministro Luis Cordero aclarara una prestación de servicios profesionales como abogados a la Asociación de Casinos. Sulantay, por cierto, es el principal impulsor del proyecto de ley que busca prohibir la relación entre las casas de apuestas y el fútbol.

Las empresas se enfrentan a la medida. Carlos Baeza, abogado asesor de Betsson, Betano, Coolbet y Latamwin, sostiene que el oficio es improcedente. “Es evidentemente ilegal e inconstitucional, tanto por razones de fondo como de forma”, establece.

Luego, detalla los elementos que fundamentan esa convicción. “De fondo, porque se equivocan al mencionar la ilegalidad de la operación de las plataformas de apuestas en línea en Chile y la publicidad de estas. Y de forma, porque las facultades que la ley le otorga al Ministerio de Justicia en ningún caso y bajo ninguna circunstancia le permite instruir dejar sin efecto contratos. Esta facultad recae exclusivamente en los tribunales de justicia y, por esta razón, este oficio es ilegal e inconstitucional y atenta contra lo señalado en el artículo 19 Nºs3,15 y 76 de la Constitución”, puntualiza. “Es totalmente equivocada, y nos parece muy delicado este error del Ministerio de Justicia”, recalca, para mayor abundamiento.

Baeza establece, desde el punto de vista del negocio que representa, la validez de la industria. “La operación de las plataformas de apuesta en línea en Chile es absolutamente legal y no existe ninguna norma que prohíba su operación ni menos la firma de los contratos de publicidad. No hay ninguna irregularidad en esos contratos”, sostiene.

Ese juicio se basa en que en distintos estamentos no existe una conclusión categórica. “Se refleja claramente en las posturas de los congresistas, quienes tienen diferentes opiniones en torno a la legalidad de las plataformas, tema que se discutió ampliamente en la Comisión de Economía esta semana, donde incluso se recalcó que no se ha acompañado a dicha comisión informe alguno que respalde la postura de la ilegalidad. En nuestro caso, existen informes en derecho de Arturo Fermandois y Javier Couso que confirman la legalidad de nuestra operación”, afirma.

Eso sí, finalmente, abre margen a una discusión. “En lo que sí hay un consenso transversal es sobre la necesidad de regular la industria para generar un mercado transparente, competitivo, que proteja al usuario y que genere ingresos para el Estado”, concluye.