"Las Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales fracasaron". Esta es la dura sentencia que se destaca en el documento que resume la idea de modificar profundamente el sistema que hoy rige a los clubes del fútbol rentado chileno. En la Cámara de Diputados se discute desde el miércoles el proyecto que reformula la ley Nº 20.019, que apunta principalmente a mejorar la fiscalización, evitar conflictos de interés y dar un incentivo a la participación de los hinchas en los clubes.

Matías Walker (DC), parlamentario que impulsa el proyecto, lo resume: "La idea es que el fútbol sea más transparente. Queremos que las sociedades anónimas cerradas también sean fiscalizadas por la SVS. La idea es acabar con un vicio que ya hemos conversado con la ANFP, que hace relación a que un dirigente tenga acciones en diferentes clubes. El fútbol no puede depender de un mecenas o un prestamista", indica.

Walker ha sostenido reuniones con las autoridades en Quilín: "Al comienzo la ANFP fue muy renuente, pero finalmente se sumaron. Entienden que este proyecto, más que una amenaza, es una oportunidad para recuperar la legitimidad del fútbol. No podemos aceptar que existan conflictos de interés".

La opinión es compartida en el parlamento. Jaime Bellolio, de la UDI, cree que se debe generar un cambio en la actual regulación: "El actual modelo de la SA está superado y la propuesta de desconcentrar el poder y generar contrapesos que se fijen en interés deportivo de mediano y largo plazo es clave. Me gusta la idea de que exista una propiedad compartida, que obligue a acuerdo entre partes diversas, donde la sustentabilidad económica sea importante, y no el interés accionario de corto plazo", señala.

En tanto, su par Marcelo Díaz, miembro del Partido Socialista, destaca la importancia de exigir a las instituciones que incluyan a los hinchas entre sus prioridades: "Repone en alguna medida la relación entre los hinchas y los clubes. Es un proyecto importante, porque se hace cargo de los vacíos e insuficiencias que han demostrado hasta ahora las SADP", comenta el ex vocero de Gobierno.

La diputada Ximena Ossandón (RN), por su parte, pide tiempo. Quiere que el proyecto sea revisado y se le apliquen una serie de correcciones. Su prioridad apunta a la probidad de quienes adquieren o dirigen las SA: "Es un proyecto que requiere perfecciones sobre todo por las triangulaciones de poder que ocurren entre los dueños de los clubes. En mi caso, presenté una indicación que obliga a que los directores de las sociedades anónimas presenten antes de asumir un papel de antecedentes que verifique que no tengan delitos previos. Ese tema resulta clave para el funcionamiento más transparente de las instituciones", cierra.

La Ley de SADP está en discusión, como lo estuvo en 2005, cuando fue promulgada para enfrentar una crisis profunda de los clubes del fútbol rentado, que amenazaba con matar la industria.