La ANFP recibió un duro golpe durante la semana pasada. Javier Castrilli, el exjefe de la comisión de árbitros de la sede de Quilín, ganó el juicio que interpuso contra la sede de Quilín acusando que su despido vulneró derechos constitucionales.
“Quiero justicia. Confío en eso. Hay derechos fundamentales consagrados en la constitución nacional que fueron violentados”, acusaba Javier Castrilli en entrevista con El Deportivo el 21 de mayo del año pasado. El paso del argentino por el arbitraje nacional será recordado para siempre. No solo por decisiones que causaron polémicas, como el despido de jueces que terminó en una movilización, sino que también por la demanda del Sheriff a la ANFP a causa de su desvinculación.
Los abogados de Quilín fueron notificados que la ANFP deberá desembolsar la cifra de $147.802.885. El monto total se desglosa en $122.136.685 por concepto de indemnización contemplada, correspondiente a 11 remuneraciones; $25.000.000 por daño a la moral y $666.200 a causa de que se acogió parcialmente el cobro de prestaciones.
En contacto con El Deportivo, Pablo Herrera, el abogado de Javier Castrilli, repasa el veredicto. “Estamos bastante tranquilos. Es una buena señal que el tribunal haya recogido dos cosas importantes que dijimos: el despido fue vulnerador de derechos y que se había ocasionado un daño moral”, dice el profesional.
“Se dijo en prensa que solo se pagó $25 millones y el resto era finiquito. Eso no es así. A él cuando lo despidieron le pagaron todo su finiquito hasta diciembre de 2022. Las once remuneraciones que recibió ahora, que son más de $120 millones, corresponde a indemnizaciones por derecho vulnerador. Esas once remuneraciones son el máximo que aplica la ley cuando el empleador vulnera los derechos fundamentales, cuando hay un despido lesivo. A él se le violaron tres derechos: de integridad física, derecho a la honra y libertad de trabajo”, agrega Herrera.
Herrera, de paso, detalla que el pago no solo será la única exigencia que tendrá la ANFP. “El tribunal obligó a la ANFP a poner en todas sus oficinas del territorio nacional, ya sea en su diario mural o en algo que vea el público, un afiche en el que invite a respetar los derechos fundamentales de las personas. Eso es distinto al dinero, pero está obligada la ANFP”, dice.
La defensa de Castrilli, en su demanda original, exigió el pago de $ 1.140 millones, por despido injustificado y perjuicio contra su persona. El magistrado Mauricio Guajardo propuso una conciliación que obligaba al organismo presidido por Pablo Milad a desembolsar $47.350.136, que correspondía al pago de cuatro remuneraciones del ex árbitro. Sin embargo, en ese momento ambas partes rechazaron la mediación.
Herrera, más allá del monto que finalmente se le pagó, que está muy por debajo de lo exigido, celebra el veredicto. Y avisa que evalúan presentar reparos a la sentencia. “Esos casi mil millones de pesos eran por daño moral. Pero igual la señal que dio el juez es potente porque se reconoce la vulneración al derecho fundamental. Javier Castrilli siente la misma buena señal, pero esta muy cauteloso, porque esto aún no ha terminado. Esto será recurrido por la ANFP, nosotros también lo estamos evaluando. Es por algo técnico, que podría ser una mayor indemnización en otras cosas que demandamos y estamos estudiando. La ANFP no se quedará con la sentencia de que es una empresa que vulnera los derechos fundamentales. Esa lo grave, no es despido injustificado. Es un estándar mucho más grave, de algo patronal”, cierra.
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