Otro golpe para Mayne-Nicholls: la Corte Suprema acaba con su sueño de controlar Antofagasta

Han sido tiempos difíciles para Harold Mayne-Nicholls. En abril de 2021, el periodista dejaba la vicepresidencia ejecutiva de Blanco y Negro en medio de fuertes cuestionamientos, y apuntado como uno de los principales responsables de la grave crisis que tuvo a Colo Colo a un paso del descenso. Hoy, tras casi un año de aquel episodio, el extimonel de la ANFP recibe otro duro golpe, ya que la Corte Suprema ratificó que el Club Deportes Antofagasta le pertenece legalmente a la Sociedad Inmobiliaria e Inversiones Laguna Funding limitada, cuya propiedad recae en uno de sus viejos enemigos, Jorge Sánchez, actual presidente de los pumas.

Durante siete años, Mayne-Nicholls y otros socios persiguieron un solo objetivo: devolverle el control de la institución a la Corporación Club de Deportes Antofagasta Portuario, entidad de la fue electo presidente en noviembre de 2014. Ese mismo día, la asamblea también decidió recurrir a la justicia, con el fin de anular la venta del club, hecho que se había producido dos años antes, el 4 de septiembre de 2012, cuando el mandamás nortino era Osciel Guzmán.

Según se establece en el fallo de 16 páginas, la operación se realizó en la ciudad de Coquimbo e implicó la venta de 499.498 acciones serie A, equivalentes al 99% del capital social, a cambio de $ 10 millones, desglosado en 20 pesos cada acción, dinero que se acordó pagar en efectivo. Eso sí, Sánchez también asumía la enorme deuda de Antofagasta, que le debía 500 millones de pesos solo a la Tesorería General de la República, mientras que los pasivos totales del elenco nortino alcanzaban los $ 2.600 millones. Como nuevo dueño, debía hacerse cargo del gran hoyo financiero de la institución. Los representantes de la Corporación en la compraventa fueron Guzmán y Gastón Méndez, quienes estaban mandatados por la asamblea para realizar la transacción con la empresa de Sánchez.

Es aquí cuando se origina el conflicto. Descontentos con lo que consideraban un precio irrisorio de venta, los socios, entre ellos, Mayne-Nicholls, recurrieron al Tribunal Electoral Regional de Antofagasta. ¿Para qué? Para que declarara nulas las elecciones que se realizaron durante las mismas asambleas en las que se decidió traspasar la Corporación. Lo que se buscaba, en el fondo, era invalidar el proceso eleccionario y, al mismo tiempo, deslegitimar a los directores que habían llevado adelante la operación con Laguna Funding.

Por eso, cuando en diciembre de 2013 el Tricel acogió la denuncia y anuló las elecciones, comenzó la guerra en tribunales. Aquello dio pie para que la Corporación Club de Deportes Antofagasta Portuario alegara en la justicia que Guzmán y Méndez le vendieron el club a Sánchez, tras ser elegidos en un proceso fraudulento, por lo que sus poderes y el negocio en sí carecían de validez, razón por la cual la compraventa tendría que declararse viciada y el club volver a manos de los socios.

La Corporación demandó el 7 de enero de 2016 a Guzmán, Méndez y a la empresa de Sánchez. Tuvo éxito, ya que el Segundo Juzgado de Letras de Antofagasta anuló la compraventa de las 499.498 acciones serie A por parte de la Sociedad Inmobiliaria e Inversiones Laguna Funding limitada, el 5 de enero de 2018. Sin embargo, la Corte de Apelaciones revocó el fallo el 29 de marzo de 2019.

Después de siete años de disputas, recursos judiciales y apelaciones, la Corte Suprema le puso fin al conflicto, ya que, el 25 de febrero pasado, rechazó los argumentos de la Corporación y determinó que la adquisición del equipo puma por parte de la Sociedad Inmobiliaria e Inversiones Laguna Funding limitada se ajustó plenamente a derecho.

La Suprema establece que el Tricel anuló específicamente el proceso eleccionario de las asambleas en cuestión, materia que era de su competencia, pero no las asambleas en sí ni las demás decisiones tomadas en ellas, “por lo que en modo alguno deja sin efecto la asamblea ni los poderes especiales que fueron conferidos en ella para la venta de las acciones, pues entenderlo así implicará afectar un acto de carácter patrimonial, que, según lo determinado por el Tribunal Calificador de Elecciones, resulta improcedente”, se puede leer en la sentencia.

Y agrega que, según las actas de la Corporación Club de Deportes Antofagasta Portuario, las gestiones realizadas en el proceso de venta de acciones se aprobaron por unanimidad, en 2013, por lo cual, en otras palabras, el mismo club ratificaba expresamente lo actuado en virtud de los poderes especiales que habían sido conferidos.

Consultado por esta derrota judicial, Harold Mayne-Nicholls aseguró a El Deportivo que acatará la sentencia de la Corte Suprema. “Hace muchos años aprendí que los fallos no se comentan, se acatan”, sostuvo. Además, el exfuncionario de la FIFA advirtió que igualmente seguirá ligado a la Corporación. “Obvio. Soy socio desde 1973 y seguiré siéndolo”, señaló.

La Corporación lamentó el fallo, a través de sus redes sociales. “El día 25 de febrero, la excelentísima Corte Suprema dictó sentencia de término en la causa y, a través de la misma, ha desestimado dejar sin efecto la venta de acciones. Aquello impide vuelvan a nuestra Corporación las acciones vendidas el año 2012. Lamentamos profundamente este fallo judicial e instamos a todos los socios a seguir apoyando el crecimiento y mejor futuro de nuestra institución, genuina representante de la comunidad antofagastina”, publicó.

Mientras que en la otra vereda la sentencia fue celebrada como un triunfo, o más bien, como un profundo desahogo, pues alegan que desde que adquirieron el club, en 2012, siempre se encontraron con obstáculos de todo tipo, por culpa de las dudas en torno a la legitimidad de la propiedad de Deportes Antofagasta. También se defienden con respecto al precio que pagaron para quedarse con el club (10 millones de pesos), con el argumento de que los pumas estaban prácticamente quebrados y con una deuda aproximada de 500 millones de pesos solo con la Tesorería General de la República, ya que los pasivos totales del elenco nortino llegaban a $ 2.600 millones.