El Real Madrid y el Barcelona están peleados a muerte. Los blaugranas acusan que los merengues han sido permanentemente beneficiados por las decisiones arbitrales y encienden la chispa que hace explotar un polvorín. “El Real Madrid es un club que ha sido favorecido por decisiones arbitrales históricamente. Un club que ha sido considerado el equipo del régimen”, dispara el presidente de los catalanes, Joan Laporta. La frase contiene dos afirmaciones igualmente agresivas y controvertidas que en la Casa Blanca responden con artillería pesada. El régimen al que aluden en la Ciudad Condal no es otro que la dictadura de Francisco Franco. En Madrid recurren al archivo para encontrar un contragolpe mortífero: la participación de ministros de ese gobierno en la inauguración del Camp Nou y, directamente, favores y concesiones que evitaron la catástrofe institucional del Barça. Básicamente, sostienen que les salvaron la vida.
Pero, ¿qué produjo el cisma entre dos clubes que, si bien eran archirrivales deportivos, casi siempre mantuvieron una civilizada relación institucional?¿Por qué los líderes de dos entidades que hasta se aliaron para crear la fallida Superliga europea ahora ya no pueden ni mirarse? La explicación tiene nombre de serie policiaca, de esas que se emiten en las plataformas de streaming. En el menú se lee Caso Negreira. La trama ofrece, a diario, nuevos capítulos. Cada uno más complejo y atrapante que el otro.
¿Qué es el Caso Negreira?
El Caso Negreira es una investigación por eventual corrupción que realiza la Agencia Tributaria de España. Negreira es José María Enríquez Negreira, exárbitro español, quien ocupó la vicepresidencia del Comité Técnico de Árbitros, el símil de la chilena Comisión de Árbitros. ¿Qué se investiga? El traspaso acreditado de US$ 7,3 millones desde el club al personero, a cambio de servicios evidentemente reñidos con el espíritu deportivo. Las ‘prestaciones’ se produjeron entre 1994 y 2018. La investigación, a cargo de la jueza Silvia López, del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, se hizo pública el 15 de febrero. Desde ese día, no han parado de producirse estallidos ni de saltar esquirlas.
Las indagatorias partieron en mayo de 2022. Por esos días, la Fiscalía recibió un aviso de la Agencia Tributaria respecto de pagos del Barcelona a Negreira sin que existiera una prestación acreditable. Entre 2001 y 2018, Negreira habría obtenido la nada despreciable suma de US$ 7 millones. Su círculo más cercano, se embolsó poco más del 28 por ciento de los dineros. La prestación que Negreira le confesó a Hacienda va acompañada de un conveniente eufemismo: el Barcelona había pagado para asegurarse de recibir arbitrajes ‘neutrales’. Vale decir, que no le perjudicaran en el campo de juego. La salvedad no es menor. Al menos en la teoría, permite eludir un delito que, deportivamente, es penado con dureza: el soborno para obtener favores referiles.
Los pagos, que se generaron en cuatro presidencias del club, se realizaron a siete empresas distintas. Dasnil 95 SL, Nisdal SCP, Soccercam SLU, Estudio ATD, Tresep 2014 SL, Best Norton SL y Radamanto SL aparecen en las indagatorias como las firmas favorecidas. Cada una está vinculada con los principales actores del caso. Joan Gaspart, Sandro Rossell, Joan Laporta y Josep Bartomeu aparecen en los expedientes como los timoneles barcelonistas que visaron transferencias de dinero con este propósito. A Nisdal y a Dasnil 95 se les pagó por un concepto común contenido en las respectivas semblanzas: “Asesoramiento de videos técnicos y grabación; grabación de partidos y visionados selecciones”. Los otros pagos no tienen justificaciones.
Sospechas y demandas
La Fiscalía indaga varios ‘servicios’ que pudo haber contratado el Barcelona. Había algunos que, efectivamente, tienen indicios de neutralidad, como que el Comité de Competición, que aplica las sanciones a los futbolistas, no fuese integrado exclusivamente por jueces madrileños. Las peticiones posteriores ya enturbian los propósitos: que el club tuviera un interlocutor en la federación española, que Negreira diera aviso de las tarjeras que pudieran ser apeladas, que el club catalán fuera informado de discrepancias entre la federación y LaLiga o que Javier Enríquez, el hijo de Negreira, debiera elaborar informes técnicos de las actuaciones de los jueces.
El club, naturalmente, los consideraba servicios propios de una actividad altamente profesionalizada. Fue lo que esgrimió, a mediados de febrero, el propio Laporta, a la Cadena Ser. Esos informes irían a dar, otra vez en la teoría, a los cuerpos técnicos del club. A comienzos de marzo, el directivo fue aún más concreto: afirmó que el club jamás había comprado árbitros y que el entuerto respondía a una campaña para transformarlo en sociedad anónima. Habría detrás motivaciones políticas y hasta la Superliga, que en algún momento los hermanó con Florentino Pérez, el timonel madridista, salió al baile.
En la segunda quincena de marzo, como suele suceder en este tipo de caso, comenzaron a interponerse demandas contra los periodistas y medios de comunicación que mayor interés habían puesto en el caso. Argumentaban la presunta intención de manchar la honra del club.
