Como si la eliminación del Mundial de Qatar no fuera un problema mayúsculo para el fútbol chileno, el sindicato de árbitros detona otra bomba que revolucionará la actividad. La instancia que aglutina a los jueces nacionales se rebela. Exige la renuncia del presidente de la Comisión de Árbitros de la ANFP, Javier Castrilli, y de toda la mesa que lo acompaña y justifica su petición en una serie de irregularidades que pone en evidencia. Da plazo hasta el 4 de abril para recibir una respuesta, bajo amenaza de iniciar una paralización de actividades.
A través de un comunicado público, la entidad gremial expone que, entre febrero y marzo, previo a los despidos de tres jueces, “más de 10 árbitros presentaron denuncias en la Dirección del Trabajo por verse vulnerados sus derechos como trabajadores”. Expone que, por ese motivo, la DT multó a la ANFP por infracciones cometidas por la Comisión. Puntualmente, por dos: no otorgar el trabajo contenido y no actualizar el contrato de trabajo. A comienzos de marzo, la Inspección del Trabajo irrumpió en la ANFP para interrogar a Castrilli.
Apuntan al argentino
En la misma línea, cita expresiones de Castrilli que considera atentatorias contra un buen ambiente laboral y expone presuntas prácticas antisindicales. “Cuando se habían programado con antelación dos asambleas sindicales para gestionar una censura a la directiva, la Comisión de Arbitraje designó, coincidentemente, en dos oportunidades a los dirigentes inculpados a los únicos partidos que se jugaban, no contribuyendo así a la libre acción sindical de los trabajadores árbitros”, plantean.
La exposición de hechos continúa. Alude, por ejemplo, a la publicación realizada por el medio electrónico Tribuna Andes, que sostiene que durante el encuentro entre Huachipato y Copiapó, que mantuvo a los acereros en Primera División hubo cobros que se decidieron por instrucciones provenientes desde la Comisión, en Santiago. “Se señalan acciones que habría incurrido esta Comisión de Arbitraje, que revisten la mayor gravedad y comprometen seriamente nuestra institución”, sostiene.
Más acusaciones
El sindicato referil no se guarda nada. Acusa, por ejemplo, que el Director de Implementación del VAR, Patricio Basualto, “durante más de seis meses no ha dirigido entrenamiento ni capacitación a los árbitros que aplican esta herramienta en cada fecha”. Y profundiza. “Y durante las primeras cuatro fechas del Campeonato no estuvo presente, porque se tomó vacaciones”, explica. Aunque enmarca esta conducta dentro de lo legal, la cuestiona: “Resulta contraproducente ante las exigencias del fútbol profesional que quien dirige este estamento tan importante para el arbitraje tome su período de vacaciones cuando el campeonato ya se inició”.
Hay más dardos y, ciertamente, nombres. A los directores Braulio Arenas y Osvaldo Talamilla se les cuestiona por “acusaciones y antecedentes económicos que incompatibilizan con la sensibilidad que les otorga la gran responsabilidad de su cargo”. También se les señala por haber advertido “a varios árbitros” de que no participen en actividades convocadas por el sindicato, una práctica que puede considerarse como antisindical.
Hay también, irregularidades administrativas. “Se conformó un plantel de 19 árbitros para la categoría Sub 21, sin contrato laboral”, es una de las acusaciones. La otra: “En tres oportunidades no se ha designado oportunamente a los árbitros (un partido amistoso y dos del fútbol joven), provocando un hecho inédito y vergonzoso en la historia del arbitraje chileno”.
Finalmente, hay acusaciones contra la instructora técnica Paola Barría y el preparador físico Francisco Caamaño. Al segundo se le imputan dos cargos: haber denostado la condición física de las juezas y haber otorgado, “por varios años”, “el pase físico para ser designados a partidos a pesar de que no aprobaron las pruebas físicas”.
En esa línea, el sindicato solicita la salida de todos los mencionados en sus planteamientos.
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