La revolución del fútbol se retrasa: agentes se organizan para derribar estatutos y seguir con propiedad en los clubes

El Consejo de Presidentes de la ANFP tenía previsto discutir en esta jornada una de las determinaciones más trascendentes del último tiempo. Hace rato que los timoneles de las 32 clubes que componen la máxima instancia del fútbol nacional tienen en sus manos la propuesta de los nuevos estatutos que, de ser aprobados, regirán a la corporación. La modificación tiene una finalidad específica: rayar la cancha frente a la creciente presencia de los agentes de futbolistas como propietarios de los clubes y, derechamente, buscar los mecanismos para evitar que el fenómeno se siga produciendo. Sin embargo, la trascendental discusión fue postergada. Los timoneles pidieron un nuevo plazo para seguir estudiando la significativa reforma. Ahora, se votará en la segunda semana de agosto.

El nuevo marco pretende tocar varios aspectos. La inclusión de las mujeres tendrá un rol fundamental pues deberán estar presentes en todas las actividades que se realicen. Esa presencia abarcará todos los estamentos: desde el directorio hasta los tribunales de Disciplina, Patrimonial y Electoral y, considerará, también, cualquier comisión que se conforme o que esté en funcionamiento. También se potenciará el protocolo de acoso y se le otorgará la competencia al TAS en los diferendos. Se creará el Tribunal Electoral y los directorios que asuman control del fútbol chileno deberán presentar una declaración de su patrimonio. Hasta ahora, solo el presidente y el secretario lo hacían.

Sin embargo, los temas centrales y más controversiales serán otros. La multipropiedad y la doble función de los empresarios, como controladores de los clubes e intermediarios de las transferencias, será lo que concentre la mayor atención. Las nuevas disposiciones podrían, perfectamente, tener nombres concretos. Las presencias de Cristián Ogalde en Magallanes; de los argentinos Ricardo Pini y Cristian Bragarnick en Unión La Calera; del también transandino Cristián Le Bihan, en San Luis; de Sergio Morales en Coquimbo Unido; de Sergio Gioino en Ñublense y la permanente sombra de Fernando Felicevich en La Serena, Huachipato y Universidad de Chile, generan la reacción. Es casi de perogrullo señalar que la participación de los mencionados en el negocio tiene dos vías, pues también representan a una amplia cartera de jugadores, de los que gestionan sus contratos y otros intereses.

De hecho, los tres primeros puntos del artículo 9 están relacionados con esas materias. “Ningún Club, ni su controlador, sociedad administradora o sociedad concesionaria, así como ningún accionista actuando por sí o por medio de pacto de actuación conjunta con otros accionistas, podrá tener participación alguna en la propiedad, administración o concesión de otro Club, por sí o por medio de cualquier persona relacionada en los términos del artículo 100 de la ley N° 18.045, de Mercado de Valores, ni vincularse a otro club facilitándole financiamiento o celebrando cualquier acto u operación que implique para este último un compromiso financiero o de dependencia grave con el primero” sostiene el primer inciso. “Ningún director, dirigente, funcionario o persona natural vinculada con un Club, o su controlador, sociedad administradora o sociedad concesionaria, o cualquier persona relacionada a ellos en los términos del artículo 100 de la ley N° 18.045, sobre Mercado de Valores, podrá tener participación alguna en la propiedad, administración o concesión de otro Club, ni tener injerencia en la toma de sus decisiones, ni vincularse a otro club facilitándole financiamiento o celebrando cualquier acto u operación que implique para este último un compromiso financiero o de dependencia grave con las personas señaladas en esta disposición. En el caso de personas relacionadas por vínculos de parentesco, la incompatibilidad a que se refiere esta disposición se extiende al segundo grado del parentesco por consanguinidad y al segundo grado del parentesco por afinidad”, apunta el segundo.

El tercero, en tanto, habla específicamente de la participación de los representantes. “Las incompatibilidades dispuestas en el presente artículo se extienden asimismo a quienes participen como intermediarios de jugadores, los que no podrán participar en la propiedad, administración o concesión de un Club, o tener injerencia en la toma de decisiones, ya sea por sí o por medio de personas relacionadas en los términos del artículo 100 de la ley N° 18.045, de Mercado de Valores, ni vincularse a otro club prestándole financiamiento o celebrando cualquier acto u operación que implique para este último un compromiso financiero con un intermediario. Los intermediarios, sean personas naturales o jurídicas, no podrán tener otro tipo de relación contractual con los miembros de la Asociación, ni con ésta, que aquellas relativas a su actividad específica. En todo caso, deberán cumplir con todos los requisitos y obligaciones que FIFA disponga para la regulación de su actividad, desde que dichas disposiciones entran en vigencia”, consigna.

En la discusión hay varios intereses involucrados. En principio, por ejemplo, hay un sector de los representantes que aprueba la moción, pues se ajusta a las regulaciones que establece la FIFA para su labor. “Nosotros, como asociación gremial, estamos completamente de acuerdo. Los reglamentos de la FIFA dicen que ningún representante ni pariente puede ser dueño de un club. Todos los agentes lo saben, se les transmitió. Nosotros nos hemos intervenido en eso, porque es legal. Y en el mundo también. Mientras no salga la reglamentación, están actuando en la legalidad. Cuando cambie la reglamentación, vamos a informar a nuestros asociados que ninguno puede estar vinculado. Es el mismo concepto”, consigna José Luis Carreño, presidente de la Asociación Gremial de Agentes de Fútbol de Chile, una entidad que se lanzó en abril, precisamente con la finalidad de establecer limites. Ni Fernando Felicevich ni quienes conforman la empresa AIM forman parte del colectivo, en cuyo directorio también aparecen Mauricio Valenzuela, como vicepresidente; Marcelo Contreras, como tesorero; Francesco Barbera, en el puesto de secretario, y Washington Castro como director. Todos son actores relevantes en el mercado local.

Sin embargo, hay quienes están en contra, pues consideran que la nueva normativa constituye, lisa y llanamente, una vulneración de derechos. “Según la norma, también tienen que salir hijos, nietos y algunos lazos consanguíneos. Los alcances jurídicos que tendría norma serían tremendos. Van a sacar gente de la industria que no tendría por qué salir. Y eso es inconstitucional donde se mire. En el fondo, van a lograr que todos se fondeen, que actúen desde atrás. Es un balazo en los pies. Van a quedar al borde de la demanda y de volver a perderla. Si tú eres gerente de un club, tu hijo no podría jugar en ese club. Hay un problema ahí que adquiere hasta nivel constitucional. Son RUT diferentes, personas distintas”, sostiene una fuente vinculada al negocio.

Los clubes reconocen que deben ser particularmente cuidadosos. “Nosotros somos una corporación y vamos a defender lo que más convenga al fútbol nacional. Las propiedades se respetan. Si hay un dueño que es representante, lo importante es que no afecte al negocio. Nosotros vamos a apoyar lo que plantea el directorio, pero son cosas distintas. Una cosa es que un representante sea dueño de un club y otro que genere un perjuicio para el rubro”, sostiene Patricio Romero, presidente de Curicó Unido.

En la misma línea se manifiesta Cesare Rossi, máxima autoridad de Deportes Iquique, quien precisamente alude a la precaución que obliga a postergar la determinación. “Mandamos a hacer un análisis a nuestro abogado. Le pedimos que nos explique bien el tema, pero es largo. No va a ser un tema fácil de resolver. Por lo mismo, pedimos una interpretación especializada. Es un tema delicado. Estamos en contra de las multipropiedades y de lo que ha pasado en el último tiempo en el fútbol, pero, antes de votar, queremos estar bien informados”, sostiene el presidente de los Dragones Celestes.