San Felipe y Lautaro de Buin tendrán un cara a cara ante el Tribunal de Asuntos Patrimoniales de la ANFP. La corte que resuelve las diferencias en materia económica en el fútbol nacional, convocó a ambos clubes a una audiencia que se celebrará el 6 de mayo, por la vía remota, en la que se revisará la denuncia que presentaron los aconcagüinos por el presunto ingreso irregular del Toqui al profesionalismo.
La controversia se tratará más dos meses después de que el club sanfelipeño presentara la acusación en contra del Toqui. Paralelamente, la entidad que preside Raúl Delgado denunció a la ANFP por permitir el ingreso de Lautaro y no respetar los estatutos del organismo, generando perjuicios a la actividad tanto económicos como deportivos.
El origen de la disputa
La disputa entre San Felipe y Lautaro de Buin se generó en medio de la guerra entre la Primera B y la Segunda División por el cupo de ascenso directo a la segunda categoría del fútbol chileno. En ese contexto, los aconcagüinos expusieron que el Toqui recibió recién el 1 de marzo, tras haber subido de categoría, el permiso legal para participar de los torneos profesionales organizados por la ANFP. Vale decir, que anteriormente compitieron sin tener licencia para hacerlo.
“Que, conforme lo disponen los artículos 32 y siguientes de los Estatutos de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional en relación al Procedmiento del Tribunal de Asuntos Patrimoniales, por este acto, vengo en solicitar a Ud., la conformación del Panel de Jueces del Tribunal, debiendo después de evacuado el trámite de las Recusaciones, promover el nombramiento de tres de sus miembros habilitados a fin de que conozcan y resuelvan la demanda de Declaración de Mera Certeza y/o Inoponibilidad y/o Indemnización de Perjuicios derivados de la aceptación del Club Deportivo Lautaro de Buin SADP como partícipe de la Primera División B), para la Temporada 2021, del campeonato organizado por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), en contra de la ANFP y el club Lautaro de Buin SADP”, expone el documento firmado por el abogado Eduardo Olivares, gerente general del Uní Uní.
Dos días después, el Tribunal de Asuntos Patrimoniales de la ANFP, a través de su secretario Aldo Massoni, declaró admisible el requerimiento y lo acogió a tramitación.
