Sin poder de decisión, con un presupuesto a la baja y con Pamela Venegas a la cabeza: quiénes son y cómo opera Estadio Seguro

El 30 de abril de 2011, el fallecido expresidente Sebastián Piñera anunciaba con bombos y platillos la creación de un plan para combatir la violencia en los recintos deportivos, en el marco de una serie de políticas de seguridad pública. Así fue como se creó el programa Estadio Seguro, con la promesa de “recuperar los estadios como lugar de sana recreación y esparcimiento para las familias y los verdaderos hinchas del fútbol”.

La nueva política prometía ir acompañada de una reformulación completa de la antigua Ley de Violencia en los Estadios, que derivó en la creación de la Ley 19.327 de Derechos y Deberes en Espectáculos Deportivos, que fue promulgada el 12 de septiembre de 2012. “Esta ley no tiene tanto que ver con cómo se hacen más goles, sino que tiene que ver con cómo se cometen menos delitos en los estadios; y esta ley no tiene tanto que ver con cómo entran a la cancha los mejores jugadores, sino que tiene mucho más que ver con cómo no entran a los estadios los que nos saben comportarse. A todos quienes usan el disfraz de hincha para convertirse o convertirlo en una coartada para agredir, machetear, drogarse o atacar, que simplemente no los queremos en nuestros estadios de fútbol”, decía con entusiasmo el ministro del Interior de ese entonces, Rodrigo Hinzpeter.

Sin embargo, a 12 años de ese hito, siguen entrando a las canchas los que no saben comportarse. A pesar de esto, Estadio Seguro continúa existiendo como una oficina con serios cuestionamientos a su función y además de una considerable baja en la asignación de presupuestos. Si en 2012 recibía 2.056 millones de pesos, los montos entregados fueron cayendo gradualmente y este año solo tendrá a disposición $ 564.699.000. Es decir, casi un cuarto menos. E, incluso, significa una disminución si se compara solo con 2023, cuando se les asignó una cifra de $ 592.524.000.

De ese dinero, la mitad va para pagar los sueldos de la decena de personas que actualmente se desempeñan ahí, mientras que otra parte es destinada para financiar los distintos viajes de supervisión técnica y lo restante se utiliza en el programa Vamos al Estadio, que apunta al regreso de la familia a los recintos deportivos.

Entre los asesores que tiene Estadio Seguro, a cargo de la periodista Pamela Venegas, se encuentran el exgeneral inspector de Carabineros Christian Fuenzalida Flores y el exjefe de la zona metropolitana norte de la institución Andrés Merino Calvo. En ese sentido, la oficina solo opera como un ente técnico consultivo sin poder alguno de decisión, que entrega diversos informes a partir del análisis policial, para que luego la Delegación Presidencial correspondiente tome las decisiones frente a los espectáculos deportivos. Eso sí, las relaciones con las delegaciones no han sido del todo fluidas, especialmente con la de la Región Metropolitana, lo que quedó de manifiesto durante esta semana con la decisión de suspender el partido de Universidad de Chile y Cobresal.

El primer jefe de Estadio Seguro fue Matías Eguiguren, un ingeniero comercial muy vinculado a los negocios y hombre de confianza de Rodrigo Hinzpeter. Sin embargo, a pesar de ser un fanático del fútbol, no contaba con mayor experiencia en materia de violencia en los estadios. Viajó a España, Brasil e Inglaterra para introducirse en el tema y hasta se reunió con Jorge Valdano en Madrid. Sin embargo, duro menos de un año y renunció al gobierno, para dedicarse a sus proyectos personales.

Desde 2012 y hasta el final del primer gobierno de Sebastián Piñera, el polémico Cristian Barra se hizo cargo del plan. La designación fue bastante polémica, toda vez que el funcionario apenas contaba con cuarto medio rendido al momento de asumir el cargo, además de estudios universitarios de ingeniería comercial incompletos. Arribó después de haber tenido un rol destacado en el rescate de los 33 mineros de San José y de haber participado activamente en el proceso de reconstrucción tras el 27-F.

Con la asunción de Michelle Bachelet por segunda vez en 2014, se esperaba alguna reformulación a la estructura de Estadio Seguro. Sin embargo, la estructura se mantuvo, incluso con algunos funcionarios que provenían de la administración anterior. La expresidenta nombró al abogado José Roa, quien tuvo una importante labor al frente del Sernac durante el primer periodo de la mandataria, ganándose el reconocimiento transversal por su desempeño. No obstante, tampoco tenía experiencia en seguridad. Así, en esta nueva función enfrentó numerosas dificultades. Eso sí, estuvo los cuatro años de la administración.

Con el regreso de Sebastián Piñera al poder, Estadio Seguro se mantuvo inalterable. Eso sí, los montos que recibió en el presupuesto 2019 fueron más bajos que en el inicio: $ 735.275.000 hasta cerrar en $ 551 millones para 2022. Fue designado como jefe del plan el periodista deportivo Andrés Otero, quien durante el primer gobierno del expresidente se desempeñó realizando labores de gestión de prensa en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, mismas que luego cumplió durante el periodo de José Roa en el gobierno de Michelle Bachelet.

La gestión de Otero fue breve, ya que fue designado subsecretario del Deporte, por lo que la responsabilidad cayó en el abogado Cristóbal Lladser, quien durante el primer mandato de Piñera fue parte del equipo de Estadio Seguro, siendo asesor jurídico, rol en el que fue parte de los procesos de coordinación para el cumplimiento de la Ley 19.327 de Derechos y Deberes en los espectáculos de fútbol profesional y en la redacción del primer reglamento del mencionado cuerpo legal.

Finalmente, con la llegada de Gabriel Boric a La Moneda, se esperaba la eliminación del plan para ser reemplazado por un programa de barrismo social y comunitario que apuntaba enfocarse en un cambio cultural más que en los castigos. Sin embargo, a dos años, el plan sigue con el mismo enfoque. Así, fue designada la periodista deportiva Pamela Venegas, cuya carrera transcurrió principalmente en radio para luego desempeñarse en gestión de prensa en Universidad Católica y como coordinadora del fútbol femenino en la ANFP, aunque sin relación directa con temas de violencia en las canchas.