Tensión, excusas y mucho dinero de por medio: la trastienda de la huelga de los árbitros que puso de cabeza a la ANFP

Jueves 2 de octubre. 15 horas. En la sede de la ANFP, en Quilín, la temperatura sube. No tanto por la primaveral jornada. En el recinto en que se toman las decisiones importantes del fútbol chileno se revive la tensión. Si hace apenas unas horas la sensación había sido producto de las reformas al fútbol formativo, ahora quienes ponen en entredicho a la actividad son los miembros de una colectividad habitualmente oficialista: los árbitros. A esa hora, los encargados de aplicar el reglamento adoptaron una decisión más drástica que sancionar un penal: rechazaron la propuesta de la dirigencia del fútbol chileno y se declararon en huelga. Quedan, eso sí, instancias para evitar que la paralización de actividades se ejecute.

El tono del comunicado con que la entidad que preside Pablo Milad da cuenta del rechazo al intento por impedir una paralización que pondría en riesgo la instancia decisiva de la temporada da, efectivamente, la sensación de decepción. “La Asociación Nacional de Fútbol Profesional lamenta la decisión del Sindicato de Árbitros que hoy rechazó la propuesta final que buscaba alcanzar un acuerdo en la negociación colectiva en curso”, consigna el primer párrafo. “Para la ANFP, la propuesta rechazada no solo recoge gran parte de las inquietudes manifestadas en diversas reuniones con el sindicato, sino que también constituye el máximo esfuerzo posible realizado por esta asociación”, explica la parte final del instrumento que se emitió a modo de postura pública.

Desde el Sindicato, por su parte, lamentaron llegar a dicha instancia.

El 95,38% de rechazo que provocó la última oferta presentada por la asociación generó alarma. De hecho, ni bien El Deportivo dio a conocer la elocuente postura referil, comenzaron los movimientos internos en ambos bandos. Entre los réferis, a nivel de bases. En la ANFP, de las gerencias involucradas, la general y la de Recursos Humanos, con sus respectivos asesores legales. En rigor, hay poco tiempo que perder. Si no se produce un acuerdo, la huelga se haría efectiva entre el lunes 7 y martes 9 de este mes. Es decir, las últimas tres jornadas del Campeonato Nacional, sin contar los partidos pendientes, quedarían en el aire, a la espera de la resolución del conflicto.

La legislación laboral chilena ofrece la posibilidad de que la Dirección del Trabajo actúe como mediador en la búsqueda de un entendimiento. Los denominados “buenos oficios”. Basta que una de las partes los solicite. En ese caso, las gestiones podrían llegar hasta el lunes 21 cuando habría que tomar la decisión definitiva. En el intertanto, mientras continúen los ‘tira y afloja’, las obligaciones laborales se tendrían que seguir cumpliendo con normalidad. Esto es, los entrenamientos y la presentación a los respectivos partidos. De hecho, es el escenario más factible, considerando que la asociación, necesariamente, buscará ganar tiempo para volver a afinar un plan que convenza a los trabajadores con los que anima la disputa.

Internamente, en Peñalolén consideraron “desmesuradas” las exigencias. El punto que más llamó la atención fue el incremento solicitado para el ingreso base de los jueces No Profesionalizados, que pasaría de $ 95 mil a los $ 500 mil, el sueldo mínimo en el país. En la sede del fútbol chileno estiman que solo ese ítem dispararía el gasto, considerando que la mayor parte de la plantilla de jueces desempeña alguna otra función por la que recibe recursos cada semana. Una referencia en ese sentido es que un juez que dirija cuatro partidos en Primera B podría embolsarse del orden de los $ 3 millones mensuales.

Además, estiman que en ninguna negociación de esta naturaleza se pide una mejora tan pronunciada. Igualmente, la nueva propuesta elevó esa cantidad. “Aunque es imposible llegar al rango que solicitan, más considerando el escenario que hay en el fútbol formativo”, explican en la ANFP.

En cifras macro, el contrato colectivo vigente con los árbitros demanda cinco mil millones anuales, en un período de dos años. Si se accediera a la petición referil, se estima que el costo se incrementaría en $ 3.500 millones cada 365 días.

El panorama cambiará radicalmente si, después de los intentos contemplados, se mantiene el escenario de paralización. En ese contexto, al margen de las obligaciones domésticas, los árbitros se verán obligados a no presentarse a los compromisos internacionales. Esa situación considera, por lo pronto, a dos equipos arbitrales: los que lideran Piero Maza y Cristián Garay. El primero está considerado para dirigir el partido entre Paraguay y Venezuela, en Asunción. El segundo, el choque entre Uruguay y Ecuador. Sumados ambos, considerando a los que desempeñarán funciones en el campo, al borde y a cargo del VAR, serían 12 los jueces chilenos que se quedarían sin poder responder al llamado y, por ende, sin recibir las cuantiosas recompensas que ofrece la Conmebol a modo de retribución.

Se trata de una situación que tiene en alerta al organismo confederal, que suele ver con muy malos ojos cualquier problema interno que afecte a una competencia tan trascendental como las Eliminatorias, sobre todo, si se considera que el arbitraje chileno es uno de los más discretos en cuanto a nivel en Sudamérica.

El otro efecto es inherente a toda movilización de este tipo: mientras perdure, ninguno de los huelguistas recibirá ingresos, lo que afectará mayormente a quienes dependen de las convocatorias para incrementar el ingreso base que perciben actualmente y que constituye, por cierto, la aspiración más ambiciosa en el pliego que le plantearon a la ANFP. Tampoco podrán utilizar las instalaciones que actualmente ocupan para desarrollar los entrenamientos.