Este lunes, la Villa Panamericana se vio sorprendida por un asalto en sus dependencias, a menos de tres semanas del inicio de Santiago 2023. Un grupo de tres sujetos sustrajo diversas especies avaluadas en cerca de cinco millones de pesos desde las carpas que estaban a un costado del recinto que recibirá a los atletas que participarán en la cita. Uno de los delincuentes fue detenido y puesto a disposición de las autoridades pertinentes. El hecho no pasó desapercibido y generó preocupación sobre cómo serán las medidas de seguridad durante el evento.
Hace casi tres meses, la delegada presidencial de la Región Metropolitana Constanza Martínez anunció cuál será la política de seguridad tras una reunión con el ministro del Deporte Jaime Pizarro y el director de Orden y Seguridad de Carabineros Enrique Monrás. “No vamos a vestir un santo para desvestir otro. Hay una coordinación interinstitucional”, señaló la autoridad regional. “La seguridad no es un asunto en el que opera solamente un evento. Este va a ser un evento de carácter mundial, donde van a participar 41 países y, por lo tanto, el plan es un efecto multiplicador para la seguridad de toda la Región Metropolitana y las demás regiones donde se realizará”, adelantó.
El representante de la policía uniformada comentó en esa ocasión que una gran cantidad de carabineros estará desplegada en las regiones y en la capital los efectivos serán apoyados especialmente por miembros de la Escuela de Suboficiales de la institución, además de personal territorial de todas las especialidades de la institución.
Al ser consultado por El Deportivo, el Ministerio del Interior entrega más detalles. “El gobierno, desde el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, ha desarrollado un trabajo riguroso y coordinado desde el primer trimestre de este año 2023 con el Ministerio del Deporte, la Corporación Santiago 2023, las delegaciones presidenciales y las policías para el diseño del plan de seguridad de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos”, indica.
En esa línea, la repartición que lidera Carolina Tohá profundiza cómo ha sido la organización para ejecutar este plan. “Este trabajo intersectorial se ha realizado en tres subcomisiones de trabajo; una de seguridad y orden público, otra dedicada al trabajo en el Aeropuerto y la tercera de gestión de riesgos y desastres. De hecho, para el evento se desplegarán cerca de 6 mil efectivos policiales que estarán en las comunas sede, recintos deportivos y en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez; se ha dispuesto la instalación de una comisaría temporal en la Villa Santiago 2023, entre otras medidas. Todo con el objetivo de garantizar la seguridad de los deportistas, las delegaciones, voluntarios, turistas y las personas que asistirán a disfrutar de las competencias”.
Infraestructura crítica
Sin embargo, el robo en la Villa Panamericana de Cerrillos alertó tanto a la Cámara de Diputadas y Diputados como al Senado de la República. De hecho, un grupo de parlamentarios encabezados por la diputada Érika Olivera busca que todos los recintos que albergarán los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, además de la Villa Panamericana de Cerrillos, sean declarados como infraestructura crítica. Esto implica que la fuerzas armadas puedan cumplir con labores de custodia de estos lugares.
Este medio tuvo acceso al oficio que fue enviado ayer por la diputada Olivera al Presidente de la República Gabriel Boric y a la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá. El escrito señala que “la situación crítica de nuestro país en lo referente a la seguridad pública, amerita que, durante la realización de un evento de tal envergadura como lo son Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023, se adopten todas las medidas seguridad indispensables para resguardar el normal y exitoso desarrollo del evento, especialmente dado el grado de exposición a riesgos como la delincuencia que hoy afecta a todas las ciudades de nuestro país”.
¿Cómo opera?
De acuerdo a la recientemente aprobada Ley 21.542, el Presidente de la República, a través de un decreto supremo, designará a un oficial general de las Fuerzas Armadas que tendrá el mando de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública dispuestas para la protección de la infraestructura crítica en las áreas especificadas en dicho acto. Los jefes designados para el mando de las fuerzas tendrán la responsabilidad del resguardo del orden público en las áreas determinadas, de acuerdo con las instrucciones que establezca el Ministerio del Interior y Seguridad Pública en el decreto supremo dictado en conformidad con la ley.
Precisamente, el oficio de la diputada Olivera menciona “que el artículo 32, en su numeral 22°, señala que es atribución del Presidente de la República ‘disponer, mediante decreto supremo fundado, suscrito por los Ministros del Interior y Seguridad Pública y de Defensa Nacional, que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de la protección de la infraestructura crítica del país cuando exista peligro grave o inminente a su respecto, determinando aquella que debe ser protegida. La protección comenzará a regir desde la fecha de publicación de este decreto en el Diario Oficial’”.
Ante esta petición, el Ministerio del Interior señala a El Deportivo que se estudiará. “Respecto al oficio comentado, este aún no ha sido recibido en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, pero naturalmente se analizará en detalle por parte de los equipos técnicos que han venido trabajando en la planificación de seguridad de los Juegos, donde buscamos fortalecer la seguridad de este importante evento y mantener la seguridad de toda la ciudadanía”, concluye.
En tanto, ayer jueves, se conoció de la renuncia del prefecto Luis Silva, subdirector de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria de la policía civil, quien estaba a cargo de la coordinación de la seguridad de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023. De acuerdo a radio ADN, su salida se debió a diferencias con el director general Sergio Muñoz por la constitución del alto mando de la rama.
De acuerdo a información del mismo medio, el reemplazante será el subdirector de Investigación Policial y Criminalística, prefecto general Lautaro Arias Berrocal.
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