Cindy Nahuelcoy se alejó definitivamente del arbitraje. Sin embargo, no olvida la forma en la que terminó fuera de la actividad. Es por ello que llegó hasta la Justicia para interponer una millonaria demanda en contra de la ANFP, acusando “vulneración de derechos fundamentales”.
Cabe destacar que la exárbitra se autodespidió en marzo tras ser sancionada en un principio por 40 partido, castigo que luego se rebajó a 30, tras denunciar públicamente a Julio Bascuñán, a quien acusaban de influir en designaciones arbitrales, situación que fue desestimada por la orgánica de la ANFP.
En conversación con Las Últimas Noticias, el abogado de Nahuelcoy, Diego Sobarzo, entregó detalles del recurso, cuyo objetivo es lograr una indemnización que asciende a los 114 millones de pesos. “Lo que se dice en la demanda es que la ANFP vulneró lo que podríamos llamar los derechos humanos del trabajando mientras ella estuvo trabajando. Y apuntamos tres aspectos: la libertad de trabajo, la integridad síquica y discriminación por razones de géneros”, detalló.
El desglose de la demanda
En ese sentido argumentó que la sanción a Nahuelcoy y a Loreto Toloza tiene vicios de legalidad por su extensión. “Eran superiores a las que permite la ley, se excedía el marco legal, porque la ley sólo permite al empleador imponer multas, y en este caso les impidieron desarrollar su profesión, las excluyeron de charlas técnicas y de las pruebas físicas. Esto es muy importante porque la sanción del Tribunal indicaba que no podían participar en el Campeonato organizado por la ANFP, pero hay otros torneos que no organiza la ANFP como la Copa Chile, juveniles y tercera división. Pero como no las dejaron rendir las pruebas físicas, Cindy Nahuelcoy perdió su parche FIFA y la habitación de árbitro”.
Finalmente, en el recurso se que interpuso en el Primer Juzgado de Letras del Trabajo, Nahuelcoy pide que se condene a la ANFP a pagar más de 19 millones por sus 11 años de servicio y una cifra similar por la vulneración a derechos fundamentales; $ 1.750.000 por indemnización de aviso previo; nueve millones por recargo sobre los años de servicio, casi dos millones por remuneraciones pendientes, tres millones y medio por feriados legales, y casi $ 60 millones por daño moral. La audiencia preparatoria quedó programada para el 25 de julio.
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