El pasado 30 de mayo TVN puso fin al contrato del actor y conductor de TV Álvaro Escobar, tras dos años trabajando para la señal pública, donde fue reclutado para ser el animador de Rojo, el color del talento.

Dos semanas después, Escobar hizo sus primeras declaraciones tras la desvinculación del canal y aseguró que no había sido informado de su despido. “No tengo claridad en la información y perdí contacto con la gente de Televisión Nacional. Creo que si se ha hecho público esta intención, yo me encargaría de hacerle saber al trabajador su situación. Pasa de irregular”, contó en su programa Expreso de radio Bio Bio.

El canal, por su lado, desmintió tal versión, y a través de un comunicado declaró que la “decisión le fue comunicada verbalmente y mediante carta certificada, como lo estipula el contrato celebrado con él. Dicha carta le fue enviada a su domicilio el 4 de mayo de 2020”. La señal además, argumenta que el despido se dio por el fin del programa Rojo, cuya quinta temporada, que partiría en abril pasado, quedó suspendida indefinidamente, y se despidió a gran parte del equipo.

Ahora otro episodio pone frente a frente a Escobar con el canal. El animador presentó una demanda contra TVN por $173 millones de pesos. La demanda, a la que tuvo acceso La Tercera, exige que el canal reconozca la existencia de una relación laboral; acusa “despido incausado e injustificado”; y solicita una “indemnización por lucro cesante, nulidad del despido, cobro de prestaciones y cotizaciones”.

Consultado por la demanda, Escobar prefirió no referirse al tema por encontrarse en pleno proceso judicial. Pero fue su abogado, Francisco Díaz, quien abordó el caso. “Alvaro Escobar está demandando lo que cualquier trabajador demanda en caso de sufrir un despido injustificado”, dice Díaz a La Tercera, “está ejerciendo su derecho en virtud del contrato del código del trabajo y ha presentado una demanda por despido injustificado, nulidad del despido por las cotizaciones previsionales adeudadas, vacaciones, lucro cesante, y otro tipo de prestaciones laborales. Insisto, él está ejerciendo un derecho que ejercería cualquier trabajador porque él era un trabajador de Televisión Nacional bajo subordinación y dependencia”.

El caso llega a la justicia a raíz del contrato que Escobar tenía con TVN: una modalidad usada de manera transversal y masiva en la industria para la contratación de “rostros”, como animadores, panelistas y actores, a quienes se les pide forman una sociedad comercial para que a través de ella se establezca el acuerdo. Por ello, los canales apelan a que su relación con estas figuras es “comercial”, civil, y no “laboral”, precisamente lo que espera establecer Escobar.

TVN enfrenta actualmente un caso similar con la comediante Daniela “Chiqui” Aguayo, quien fue despedida en abril pasado después de dos años trabajando como panelista del matinal Buenos días a todos. Su caso, sin embargo, tiene un componente adicional: en septiembre de 2019 Aguayo fue madre, por lo que al despedirla no fue respetado su fuero maternal.

Por ello la actriz y comediante resolvió presentar una demanda contra TVN en julio pasado, por “reconocimiento de Ia relación laboral, despido sin causa legal y cobro de prestaciones laborales”, según expresa el documento legal.

“Yo solo puedo hablar por mi, no tengo idea qué es lo que pasa con otros casos”, dice Aguayo a La Tercera, “pero en mi caso no se me preguntó si yo quería eso (contrato). Creo que es la situación en que están un montón de trabajadores, donde tu empleador no te pregunta qué tipo de contrato tú quieres, que uno tiene que firmar lo que el empleador quiera”.

En la demanda, Aguayo explica detalles de su relación contractual con TVN: comenzó emitiendo boletas de honorarios hasta que en 2019 el canal le pide formar una sociedad que le prestara servicios al canal. “En mi caso era súper evidente que yo trabajaba en un matinal, es súper evidente que cumplía un horario, que tenía jefe. Para mi es como que tu quieres encubrir la relación, porque en el fondo puedes cambiar las palabras: que yo no recibía órdenes, sino que coordinamos; que yo no tenía que ir todos los días, yo iba porque yo estaba por citación. Son cosas para mi bien irrisorias”, explica la comediante.

Consultados por temas, en particular el caso Escobar, desde la red pública recalcan que  “TVN fue notificado de esta demanda el 17 de agosto, y estamos trabajando para contestarla. Rojo, el programa que conducía,  fue suspendido debido a la Pandemia, y por esa razón, se puso término a la mayoría de los contratos del espacio de talentos, entre ellos el de Escobar. El contrato que Escobar mantuvo desde 2018 con TVN, no era de tipo laboral, sino un contrato civil que reguló sus derechos de imagen y comerciales, y su labor como conductor para el programa Rojo. Por lo tanto, no tenía la calidad, de acuerdo a la ley de TVN, para ser trabajador del canal, y en razón de esto TVN hará valer todos los argumentos legales en el juicio correspondiente”.

Yerko a la justicia

Otro caso del mismo tipo en el último tiempo es el que involucra al actor y comediante Daniel Alcaíno. Hace un mes se hizo pública una demanda presentada por el hombre detrás del personaje Yerko Puchento contra su ex casa televisiva, Canal 13 -el 31 de enero de este año se le confirmó que su contrato no sería renovado-.

El 9 de abril, Alcaíno presentó una demanda contra el canal ante el 2º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago por despido injustificado, solicitando el reconocimiento de la relación laboral con la empresa entre octubre de 1999 a enero de 2020, los años en que el artista trabajó para la señal. Alcaino exige a su vez $56.001.848, correspondientes al pago de cotizaciones previsionales, indemnización por despido injustificado y por años de servicio, y otras prestaciones como feriados.

En la demanda, el actor aborda en extenso el tema contractual, señalando que “los contratos suscritos eran impuestos de manera dirigida por el canal en base a formatos tipo que utilizaba con el resto de sus colaboradores”, y además “la exigencia o condición esencial establecida de hacerme comparecer por medio de una sociedad, la que se comprometía a que el actor o ‘el profesional’, prestara sus servicios personalmente”. Por ello, añade Alcaino en la demanda, “durante la vigencia de la relación contractual realicé el pago de mis cotizaciones previsionales y de salud las cuales en estricto rigor debía ser realizada por el Canal en su calidad de empleador”.

El abogado Daniel Stingo añade sobre ese punto: “El actor, el animador, el panelista, cumple lo que el Código del Trabajo llama ‘las condiciones para que exista un contrato de trabajo’: dependencia y subordinación, que es muy importante; un sueldo fijo, un horario de trabajo para cumplir, prestación de servicios personales. Pero así y todo hacen un contrato de prestación de servicios civiles, entonces algunos dicen ‘ya para: no me pagas imposiciones, no estoy protegido por accidente laboral, no tengo la oportunidad de otros miembros del canal de estar en el sindicato’, en fin, y cuando los despiden dicen voy a regularizar esto y voy a hacer una demanda de reconocimiento de relación laboral, y si me lo reconocen le cae al empleador todo lo que conlleva un contrato de trabajo”.

Un caso emblemático es el del actor Álvaro Espinoza con TVN, justamente la primera denuncia mediática donde un artista llevó a la justicia a un canal a raíz de esta modalidad de “sociedades” solicitadas por las estaciones televisivas para hacer el lazo contractual.

Espinoza fue despedido de TVN en 2012, mientras trabajaba para la teleserie Pobre Rico. Su personaje desapareció de pantalla y el actor salió de la estación donde trabajó por más de una década. El artista resolvió tomar acciones legales contra el canal por despido injustificado y pago de cotizaciones y prestaciones adeudadas. Casi dos años tardó el juicio que finalmente dio la razón al actor: se estableció que Espinoza sí tuvo una relación laboral con el canal, se declaró nula la desvinculación, y se ordenó a TVN pagar todo lo correspondiente a sus años de servicio, además de feriados legales, e indemnizaciones.

La victoria de Espinoza -hoy parte del elenco de la próxima teleserie de Canal 13, La Torre de Mabel-, hizo recordar por entonces un caso previo, también protagonizado por un actor y un canal de TV, aunque con matices respecto al primero. El actor José Soza resolvió demandar a TVN cuando en 2009 la empresa le informó que no había más proyectos para él, y que por tanto su contrato a plazo fijo no le sería renovado. El afamado actor de teatro ganó la demanda, se determinó que “hubo una relación laboral encubierta”, y el canal debió pagar cerca de $ 200 millones por concepto de dineros previsionales y vacaciones.

La gran diferencia entre este y los anteriores casos es que Soza emitía boletas de honorarios, una modalidad que igualmente permite a las empresas indicar que se mantiene un vínculo civil con sus trabajadores. “Estoy orgulloso de lo que hice y mis mismos compañeros me han hecho ver que ha sido valiente mi actitud. Al efectivamente hacer esta demanda tuve que pensar en que voy a perder una fuente de trabajo importante”, dijo Soza en entrevista con Cooperativa tras ganar la demanda.

“El medio es chico, y por lo tanto algunos no se atreven a demandar y prefieren comérselo por si se van a otro canal. Pero eso ha ido pasando y la gente se está atreviendo más”, reflexiona Stingo, a quien el tema no solo lo toca en su especialidad como abogado. El mismo se encontraba en la modalidad de boletas de honorarios cuando Mega lo apartó de sus funciones como panelista del matinal Mucho Gusto. En 2018 resolvió demandar al canal por despido injustificado, ganando el caso. “Yo era un trabajador y no tenía igualdad de oportunidades, no estoy en igualdad con el empleador. Aunque sea abogado, igual”, expresa sobre su caso.

“Siento que ningún trabajador en Chile tiene la opción de elegir qué contrato firma”, dice Aguayo sobre este tipo de casos. “Lo que estoy pidiendo es que se respete mi fuero maternal, eso está en la justicia. Son finalmente los que van a decidir si yo estoy en la razón o si finalmente TVN está en lo correcto”, concluye.

¿Por qué entonces se mantienen este tipo de contratos? A juicio de Stingo, “creo que son malas prácticas nomás. En algunos canales lo han ido cambiando, pero les cuesta, tienen malas prácticas ancestrales. Creo que hay un cálculo también, si demanda uno de 10, me conviene”.