El fin de semana XL, como fue denominado por el Ministerio de Obras Públicas, activó todos los niveles de emergencia en la dirección de seguridad de Lo Barnechea. La experiencia les decía que en esos cuatro días su territorio, de seguro, sería foco de las bandas delictuales por la gran cantidad de viviendas que quedarían sin sus habitantes.

Los análisis de la seguridad municipal advertían que un vehículo gris plata, marca Hyundai, modelo Elantra, cuya patente terminaba en 26, podría aparecer en sus calles. Este auto habría sido usado en varios delitos durante las últimas semanas, de acuerdo a información obtenida por los pórticos lectores de patentes y las cámaras de seguridad de Lo Barnechea.

Como estaba pronosticado, el vehículo fue detectado la noche del 31 de octubre pasado. Se pidieron refuerzos a carabineros, pero los sujetos se dieron a la fuga por la Costanera Norte hacia el poniente. La persecución terminó cerca de El Salto, en Huechuraba, con los delincuentes impactando a una patrulla policial.

La banda, integrada por un menor de edad, tenía todas las herramientas para robar viviendas: como esmeriles y destornilladores. Incluso portaban máscaras de Halloween para caracterizarse con las fiestas que se estaban desarrollando a esa hora.

El alcalde de Lo Barnechea, Cristóbal Lira (UDI), quedó conforme porque la labor de su dirección de seguridad evitó un nuevo robo. Pero, al mismo tiempo, disgustado porque los delincuentes quedaron en libertad, a pesar de que asegura los han identificado en al menos 22 robos a casas en su comuna.

“Nuestro trabajo funciona y la idea es ir sacando a estas organizaciones de circulación (...) pero nos deja muy descolocados que una banda que se dedica a esto los dejen con firma mensual. Nos parece increíble, algo está fallando en el sistema”, asegura Lira.

Eso no es lo único que lo inquieta. Desde hace un tiempo ha notado una baja en los funcionarios policiales que se desempeñan en su comuna. “Sin duda la tecnología que tenemos es importante, pero al ver que estamos en esta situación es como gratis sacarle los carabineros a Lo Barnechea y eso me preocupa”, advierte el ex subsecretario de Prevención del Delito del primer gobierno de Sebastián Piñera.

Lo que el alcalde no sabía es que su inquietud tiene coherencia con los datos que, tanto Carabineros como los últimos gobiernos, han manejado bajo el secreto del Código de Justicia Militar, que no permite conocer la cantidad real ni la distribución del personal de la institución por motivos de “orden público interior”. Esos números indican que, si el primer semestre de 2019 Lo Barnechea tenía una dotación operativa de 80 carabineros, para el primer semestre de 2022 ese número se redujo a 36. Es decir, bajó más de un 50%.

La realidad de Lo Barnechea no es aislada y es un secreto a voces entre los alcaldes de la Región Metropolitana y del país: la falta de presencia policial en las calles. La Unidad de Investigación y Datos de La Tercera tuvo acceso a informes reservados de Carabineros de Chile, que dan cuenta de la cantidad y distribución real de integrantes de su personal de Orden y Seguridad a nivel comunal que están disponibles “para ejecutar servicios a la población”, sin considerar a “los funcionarios que se encuentran haciendo uso de licencia, feriado legal, permiso o capacitación”.

Hasta hoy esta información no era pública, a pesar de que la institución uniformada debe entregarla semestralmente al Senado por medio del Ministerio del Interior.

Los antecedentes indican que para las 49 comunas de la Región Metropolitana que tienen Plan Cuadrante (excluyendo Alhué, María Pinto y San Pedro), durante el primer semestre de 2019 se contó con 4.531 carabineros operativos para prestar servicios, como patrullaje, trabajo en comisaría y atención de emergencias. Pero, durante el primer semestre de este año, los funcionarios operativos cayeron a 3.266. Es decir, de 57 uniformados cada 100 mil habitantes en 2019, se pasó a 39 policías cada 100 mil habitantes este 2022: un 27,9% menos de carabineros.

Dentro de estas estadísticas no se incluye al personal que presta servicios en unidades especializadas como Control de Orden Público, Radiopatrullas, OS9, OS7, entre otros.

Sobre este descenso y sus razones, Carabineros declinó entregar respuesta amparándose en el secreto establecido en el Código de Justicia Militar.

“Necesitamos con urgencia tener toda la información lo más desagregada y revisar las normas para que permita que carabineros presente todos los datos a la ciudadanía, porque eso es fundamental para entender si es que esta disminución implica una disminución de la capacidad de Carabineros para prestar servicios. No podemos sacar conclusiones si no tenemos esa transparencia”, asegura Daniel Johnson, director ejecutivo de Paz Ciudadana.

“Clasismo en seguridad”. Bajo esa consigna, en septiembre de 2019, un grupo de parlamentarios del Frente Amplio presentaron un proyecto de ley para distribuir de manera “más equitativa” los recursos de Carabineros. Junto con alcaldes, aseguraron que en 2018 en Las Condes había un carabinero cada 570 habitantes, mientras que en comunas como Renca, disponían de sólo un funcionario cada 999 habitantes.

Lo cierto es que, de acuerdo a los informes reservados de la institución, esa realidad hoy es muy diferente: las comunas del sector oriente están entre las que han tenido un recorte más brusco en la tasa de funcionarios operativos cada 100 mil habitantes, la forma más adecuada de comparar entre comunas con una distinta cantidad de población.

En Las Condes, por ejemplo, si en el primer semestre de 2019 contaban 77,6 efectivos operativos cada 100 mil habitantes, dos años después esa cifra bajó a 35,7 uniformados cada 100 mil habitantes. Es decir, menos de la mitad. Un panorama similar al de Lo Barnechea. Allí, en el mismo periodo pasaron de 67,1 a 28 carabineros operativos cada 100 mil habitantes.

“Aquí se está derribando un mito donde de alguna forma carabineros deja un poco desprotegido de personal, justamente, a comunas como la nuestra, en el sector oriente. Probablemente basándose en que nosotros tenemos una seguridad municipal más organizada”, sostiene el alcalde Cristóbal Lira.

De todas maneras, Lo Barnechea ha experimentado una baja sostenida en delitos graves desde 2019 y cuenta con una de las tasas más bajas de esos hechos en el Gran Santiago. Lira dice que estos resultados son por la inversión en tecnología de la seguridad municipal, lo que ha provocado que las bandas tengan más dificultades para operar en su territorio.

No son pocos los jefes comunales que creen que las millonarias inversiones en seguridad municipal están subsidiando la baja de policías en la zona oriente. Según información de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, los municipios de la Región Metropolitana reportaron en 2021 la contratación de 2.081 guardias para patrullar sus zonas, la implementación de 303 casetas y la activación de 5.219 cámaras de alta tecnología en las calles, cuyos sistemas prevalecen en Providencia, Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea.

“Son comunas que no esperan que eso implique una disminución de la dotación policial, sino que un complemento de los efectivos policiales. Los números que estamos viendo hoy día, al parecer, dan cuenta que hay una mayor disminución de los efectivos policiales en estas comunas y eso podría estar vinculado con que tienen la capacidad por sí solas de hacerse cargo de las funciones policiales”, comenta Daniel Johnson, de Paz Ciudadana.

El jueves 27 de octubre el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, recibió en su despacho a ocho alcaldes de la zona oriente, quienes solicitaron la reunión para evaluar los planes ante la crisis de seguridad que vive hoy el país. Según el último índice entregado hace unas semanas por Paz Ciudadana, si bien la victimización ha bajado en comparación a años anteriores, la sensación de inseguridad en la población es la más alta en los últimos 20 años.

Una de las solicitudes de los ediles apuntó a tener mayor dotación policial en las calles. Pero hay comunas en las que la presencia policial no puede ser reemplazada por seguridad ciudadana. Es el caso de San Ramón, uno de los territorios de la Región Metropolitana que más ha visto disminuida su dotación policial desde 2019.

De acuerdo a los informes reservados a los que tuvo acceso La Tercera, si en el primer semestre de 2019 San Ramón tenía una tasa de 65 funcionarios operativos cada 100 mil habitantes, durante el mismo periodo de 2022 contaron con tan sólo 23,5 uniformados operativos cada 100 mil habitantes. En términos brutos, pasaron de 57 a 20 carabineros en terreno para una población de 85.200 habitantes.

En la comuna, los robos con fuerza e intimidación son los delitos que más han aumentado, cuyos focos se presentan diariamente en la salida del Metro, por Américo Vespucio, en el frontis del parque La Bandera.

“Es lamentable, sobre todo cuando se nos hace creer que tenemos el apoyo del Estado. Venimos varios meses pidiendo mayor dotación para nuestra comuna”, afirma el alcalde de San Ramón, Gustavo Toro (DC), quien agrega que tienen cinco guardias municipales y dos camionetas como refuerzo. “Así es muy difícil ganarle la batalla a la delincuencia”, dice.

Para el director ejecutivo de Paz Ciudadana, Daniel Johnson, pensar en la presencia policial sólo por la cantidad de habitantes puede inducir a error. “Los carabineros deberían ser distribuidos en función de la necesidad de servicios policiales. Por ejemplo, hay comunas que tienen mayor necesidad de patrullaje porque concentran más delitos que otras o porque tienen mayor población flotante que otras”, detalla.

De todas maneras, Johnson cree que la baja en general se podría explicar por el refuerzo de personal de Control de Orden Público, que se realizó luego del 18 de octubre de 2019 y por los efectos de la pandemia en los funcionarios.

Esa última es una excusa que el alcalde de San Ramón ya ha escuchado cuando conversa con las autoridades policiales de su comuna. “La distribución depende del alto mando de Carabineros y de Interior. Nosotros no fuimos favorecidos en el nuevo plan y tenemos funcionarios con licencias médicas que no están operativos”, lamenta el jefe comunal.

Las licencias médicas dentro del personal policial, también son una materia que se informa periódicamente al Senado. A nivel país, durante el primer semestre de 2022, de un universo de cerca de 60 mil funcionarios, 4.611 de ellos hicieron uso de 8.516 licencias médicas, con un promedio de 17 días de reposo por licencia.

Otra de las comunas con una drástica baja en carabineros es Vitacura. En el primer semestre de 2019 disponían de 104 carabineros operativos cada 100 mil habitantes, mientras que en el primer semestre de 2022 llegaron a 48 uniformados cada 100 mil habitantes. Su alcaldesa, Camila Merino (Evópoli), sostiene que entre vacaciones y licencias médicas se llega a esa estadística, la que califica de “muy baja”.

Por ello, entrega su plan para revertir este problema. “Un camino es contratar carabineros en retiro, que tienen la formación. También, eliminando labores innecesarias y automatizando tareas como mayor uso de la comisaría virtual y tomando ciertas funciones a nivel municipal”, señala Merino.

Hoy, el delito con mayor presencia en Vitacura es el robo con fuerza y el portonazo, dado que la comuna se encuentra rodeada de autopistas. Ante esto, la alcaldesa Merino también pidió a Interior mayor tecnología para sorprender en flagrancia a los delincuentes.

La Tercera solicitó una entrevista al Ministerio del Interior para explicar la baja de carabineros en las calles, pero declinaron referirse al tema señalando que es competencia de la institución uniformada.

La noche del pasado 29 de octubre, en la población Santa Adriana de Lo Espejo, vecinos sacaban los números de una tómbola y llenaban sus cartones en uno de los tantos bingos solidarios que se realizan para costear cirugías o ayudar a alguna familia en apuros económicos.

Como también es usual, la alcaldesa de la comuna, Javiera Reyes (PC), y algunos concejales, fueron invitados. El bingo hubiera sido uno más, de no ser porque afuera de la sede vecinal donde se realizaba, un sujeto realizó cinco disparos al aire. “Terminamos todos con la guata al suelo”, recuerda la edil.

Más allá de hechos puntuales, la falta de carabineros en las calles es un problema para los habitantes de Lo Espejo. Así lo confirman los informes elaborados por la institución policial, a los que accedió La Tercera.

Para el primer semestre de 2019, la comuna contaba con 46,3 funcionarios operativos por cada 100 mil habitantes. Pero para el primer semestre de 2022 ese número llegó a 20,5 uniformados por cada 100 mil habitantes. En términos reales, son 21 carabineros que, además, deben dividirse en turnos.

Por ello, Lo Espejo está entre las tres comunas de la Región Metropolitana que tienen la peor tasa de personal operativo. “Yo manejaba que teníamos una baja dotación, pero nunca en ningún documento se transparentó la cifra. En forma permanente tenemos el reclamo por parte de la comunidad por la tardanza o que, incluso, a veces Carabineros no alcanzan a llegar a situaciones que son complejas”, asegura Reyes.

A diferencia de otros sectores, Lo Espejo aún no cuenta con una dirección de seguridad municipal ni guardias de seguridad ciudadana, lo que la vuelve aún más sensible al robo con fuerza, el robo con intimidación y las lesiones: los delitos de mayor incidencia.

“Necesitamos que el Estado pueda priorizarnos por el tema de las balaceras, los asaltos y los portonazos. Esas cosas también pasan acá. Al final nuestra vida, nuestros bienes, nuestro esfuerzo, terminan valiendo menos que los de otras comunas, porque se cuidan menos”, concluye la alcaldesa.

Otra de las comunas que está entre las de peor tasa de funcionarios operativos, es Renca. Las cifras indican que el primer semestre de 2019 disponían de 33,4 carabineros para servicios a la población por cada 100 mil habitantes. Pero que, el mismo periodo de 2022, ese número alcanzó 20,9 uniformados cada 100 mil habitantes.

Su alcalde, Claudio Castro, considera que “a esta altura es inaceptable que no se conozca el número de Carabineros por comuna” y que “debiésemos tener una hoja de ruta para completar la dotación base que debe tener el país para entregar la protección que le corresponde a Carabineros”.

En la discusión inicial del presupuesto 2023 destinado a la institución, radicada en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, los temas de la dotación y la distribución de los funcionarios no se han conversado de forma detallada.

El diputado Raúl Leiva (PS), quien dirige la comisión, cree que una explicación a la crisis está en “la problemática interna y externa que ha sufrido la institución y esto conlleva, a pesar de que se ha logrado llenar los cupos de ingreso, en una baja en las postulaciones. Y también está el tema de los retiros, que ha sido una problemática que se ha mantenido y que determina una baja en los cuadros de Carabineros”.

De acuerdo a datos reportados por la policía uniformada al Senado, durante el primer semestre de este año se han retirado de toda la institución 1.662 funcionarios. Y entre los meses de abril y diciembre de 2021, dejaron de ser parte de Carabineros otras 2.777 personas, de las cuales un tercio lo hizo por “retiro absoluto”. Del total de 2021, 252 optaron por el retiro voluntario y otros 294 fueron dados de baja.

“Le hemos solicitado al alto mando generar distintas alternativas, que hoy se están analizando en la reforma a las policías que se está desarrollando en el gobierno y en el consejo consultivo”, comenta el diputado Leiva sobre los caminos de solución al problema.

Para los expertos la presencia de funcionarios policiales en las calles tiene una directa relación, no sólo con la sensación de seguridad, sino que también con una baja en las cifras de delitos. “Está demostrado, por estudios internacionales, que en el rol preventivo de las policías tiene una importancia fundamental el patrullaje que se realiza. Van a disminuir los delitos en las zonas donde hay concentración de estos, y para eso se necesita tener los efectivos suficientes para que se concentren en patrullar esas zonas”, expresa Daniel Johnson, de Paz Ciudadana.

Por ello, hay un caso que llama particularmente la atención en toda la Región Metropolitana.

Ñuñoa es, por lejos, la comuna con el peor índice de funcionarios operativos, el que llegó en el primer semestre de 2022 a tan sólo 15,4 uniformados por cada 100 mil habitantes. O, dicho de otra forma, un carabinero operativo cada 6.493 habitantes, quedando por debajo de comunas como San Ramón, Lo Espejo y Renca.

¿La razón? Sólo Carabineros la sabe.