La Asociación de Miticultores de Chile señala que ante una contracción de la captación de semillas, un factor determinante para la producción, se disminuirá la exportación y aumentarán los precios en el exterior.
Paulina Ortega
29 nov 2024 11:50 AM
La Asociación de Miticultores de Chile señala que ante una contracción de la captación de semillas, un factor determinante para la producción, se disminuirá la exportación y aumentarán los precios en el exterior.
El Ministerio Público formalizará al socio y director de Fynsa, Juan Eduardo Biehl, y a otros cuatro directores de Aquafarms por presunta administración desleal, tras una querella interpuesta en 2022 por Jorge Mandrú Siebert. La audiencia de formalización se fijó para el 17 de diciembre de 2024.
Se llevará a cabo a través de talleres territoriales y también por la web de la Subpesca, con lo que el Gobierno espera que los detalles aporten acerca de los desafíos que tiene la acuicultura para las próximas décadas.
Gerardo Balbontín detalla que en la firma no están realizando inversiones, tanto en pesca como salmonicultura, en medio de la discusión parlamentaria y la implementación de la Ley Lafkenche. “Tenemos concesiones que están en el último grado de tramitación, que ya llevan 10 años de tramitación y se congelaron”, sostiene, para graficar las dificultades propias y del sector.
La empresa salmonera Ventisqueros da un paso trascendental hacia la sostenibilidad al implementar energía eléctrica proveniente de fuentes renovables en uno de sus postones, marcando un hito en la industria y reafirmando su compromiso con el medio ambiente.
Los parlamentarios de la comisión acordaron que el plazo para recibir las indicaciones será hasta el viernes 26 de abril.
Los abogados de la comunidad Pu Wapi aseguran que en el duro revés sufrido este jueves en la comisión regional de Aysén se usaron "argumentos racistas" y sostienen que el efecto práctico de la votación inhabilita de manera a los integrantes de dichas comunidades para presentar nuevas solicitudes para administrar los espacios costeros marinos.
El desestimiento de dos de las cuatro comunidades que originalmente levantaron las peticiones de ECMPO “Cisnes” e “Islas Huichas”, que buscaban administrar poco más de 621 mil hectáreas de borde costero en la región de Aysén, acusando nunca haber conocido de ellas, además de la extensión del territorio marítimo solicitado y la falta de armonía con los diversos usos, fueron los principales argumentos de los delegados del gobierno, así como de los seremis y directores regionales de servicios con competencia. Todos los alcaldes y representantes de los pescadores artesanales se sumaron al rechazo.
“Cualquier ordenamiento territorial, cualquier decisión que se tome, tiene que ser mucho más consensuado, tiene que ser en un proceso largo, de cara a toda la gente. Pero lo que estamos viendo acá, si es que se llegaran a proponer estas modificaciones, al no tener tiempo de poder conversar, vemos que no hay garantía. Entonces, por eso es que existe una gran preocupación, no solamente de la industria salmonera, sino de la comunidad en general, de los alcaldes, de los vecinos, de la pesca artesanal, de colectores de orilla. Entonces, por eso que nosotros creemos que el proceso ha sido mal llevado, y creemos que esto se tiene que retrasar de manera total”, dijo el director territorial de SalmonChile, Tomás Monge.
Este jueves la Comisión Regional de Uso de Borde Costero (CRUBC) de la región austral sesionará para ver si acoge o no dos propuestas que entregarían más 600 mil hectáreas de territorio marítimo a dos comunidades indígenas, donde más del 80% tiene uso preferente para actividades como la acuicultura y la extracción de recursos bentónicos. Del total de integrantes, 28 son autoridades locales, entre ellos 14 representantes del gobierno y nueve alcaldes.
Mediante paneles fotovoltaicos se crearon procesos de purificación de agua y energización del cultivo de peces y hortalizas en medio del desértico valle de Camarones, en la región de Arica y Parinacota.
La iniciativa había sido ingresada en enero de 2016 por parte de un grupo de parlamentarios del PC y del PPD.