"Los hechos sí ocurrieron", había afirmado Juan José Gana el 15 de junio de 2017 en una radio emisora luego de que Pilar Molina denunciara al senador por esta situación.
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El senador respondió a la acusación realizada por el jefe comunal de Pirque por un presunto tráfico de influencias.
Presunta víctima dijo ser agredida por compañero y envió carta al Ministerio de Educación acusando que las autoridades del plantel no han hecho nada por su caso.
"Obviamente para nuestra familia lo apropiado sería la pena de muerte. Esto fue un asesinato. Ellos atacaron a mi hermano", dijo la hermana de Yusaini Bin Ishak.
Las tres asociaciones de funcionarios de la corporación plantearon su desacuerdo con los cambios que busca implementar Carlos Montes.
Cubillos fue una de las instigadoras de la acusación constitucional que en 2008 terminó con la destitución de Provoste. Anoche la senadora le cambió hasta el nombre al proyecto estrella de Educación. Según el senador Jaime Quintana, "probablemente el tono entre ambas ha sido menos cordial que el habitual en estos casos, pero eso parte desde el gobierno que ha intentado imponerse".
Funcionaria acudió a la justicia laboral y aseguró que su caso no fue tomado en serio por la institución.
U. Católica abrió una investigación en su contra por eventuales actos intimidatorios a un alumno.
Cuestiona acusación contra jueces y apunta al Parlamento por no legislar sobre libertades condicionales.
Constitucionalistas y expertos en DD.HH. expusieron ante la comisión ad hoc que revisa la acusación.
Acusación fue realizada, en primera instancia, vía telefónica por una persona que habría estado en una residencia en Concepción.
Docente es acusado de supuesto abuso sexual y a la directora la responsabilizan por no activar protocolos para estos casos tras recibir denuncias.
La decisión de la Corte Suprema de conceder la libertad condicional a siete condenados por crímenes de lesa humanidad causó molestia entre estas organizaciones. Una situación que, tras un encuentro realizado el fin de semana en la sede de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, se profundizó luego de conocer los informes sicológicos de estos reclusos, en los cuales no manifestaban arrepentimiento.
Bancada pidió informe en derecho para verificar si es posible ingresar un libelo en el Congreso.
Cuatro gerentes generales de los bancos que demandaron a la estatal por abuso de posición dominante en tarifas interbancarias ya declararon en el TDLC.
