En los casos en que las usurpaciones incurran en violencia o engaños, en el gobierno y en el oficialismo mayoritariamente están de acuerdo de que existan penas de cárcel. Sin embargo, para asegurar el respaldo de las bancadas de izquierda, el Ejecutivo propondrá una redacción para que la norma señale que puede haber penas desde una multa hasta presidio, lo que deja en manos del juez decidir la sanción, caso a caso.
Según quienes han participado de las tratativas, el principal nudo es el catálogo de penas. Actualmente el Código Penal sólo contempla multas para quienes ejecuten tomas de inmuebles, aspecto que el proyecto pretende cambiar. La senadora Claudia Pascual (PC) agregó que esperan que “esta legislación no termine criminalizando a dirigentes sociales y con todos ellos presos”.
“La usurpación es un delito que ya está tipificado en el Código Penal", remarcó el jefe de bancada de los diputados comunistas, Luis Cuello, quien se declaró contrario al alza de penas de cárcel y a la legítima defensa privilegiada. La Moneda tiene plazo hasta el próximo viernes 29 para enviar sus observaciones para corregir la iniciativa.
La Moneda tiene plazo hasta el próximo viernes 29 para enviar un veto que cambie la iniciativa. Sin embargo, la intención del Ejecutivo de reemplazar todo el texto aprobado en el Congreso, generó una ola de críticas desde la DC hasta la derecha. Ante el riesgo de que se cayera la ley, el gobierno y la oposición instalaron una mesa técnica para concordar posibles enmiendas dentro de los próximos siete días.
Ante el riesgo de que la derecha rechace de cuajo los principales artículos de la propuesta del Ejecutivo, los parlamentarios oficialistas -con la venía del ministro Álvaro Elizalde (PS)- han realizado maniobras reglamentarias para suspender sesiones, ganar tiempo y tratar de dar vuelta algunos votos frente a una iniciativa emblemática de la agenda de seguridad.
Además de la interpelación a la ministra Tohá, La Moneda tendrá que lidiar por estos días con el avance de las leyes contra las usurpaciones y la migración ilegal. Adicionalmente, el Ejecutivo buscará por primera vez la renovación del despliegue militar en el norte, mientras diputados de la UDI exigen decretar estado de sitio en el sur, medida que se aplicó por última vez en dictadura.
La abogada Elisabeth Matthei, además, es nieta del fallecido general de la Fach y llegó a la Segpres en la época de Giorgio Jackson. Sin embargo, la semana pasada le tocó por primera vez asumir un rol protagónico en la discusión de la agenda de seguridad.
En vista de que la Comisión de Seguridad, que preside, tiene una función estratégica para apurar la tramitación de las 31 iniciativas que acordaron discutir el gobierno y el Congreso, el parlamentario de Evópoli se ha puesto como meta cumplir estrictamente los plazos y evitar posibles maniobras dilatorias de parte del gobierno y el oficialismo. Ello, sin embargo, ha derivado en algunas quejas de sus pares, especialmente de la alianza gubernamental.
La política de acuerdos que ha promovido el apodado “coronel” de la UDI ha tenido que sortear las presiones desde la derecha para endurecer el tono con la alianza gubernamental, especialmente a semanas de las elecciones de consejeros constitucionales. En las directivas de Chile Vamos, que también están presionadas por la competencia que ha levantado el Partido Republicano, admiten en privado que ha existido incomodidad con ciertos movimientos del presidente del Senado.
Una solución salomónica que se está barajando es ampliar la lista de iniciativas para que todos los sectores políticos propongan sus temas. En vista de que es imposible que todos esos proyectos tengan un respaldo transversal, la apuesta de las negociaciones -que encabezan Tohá, Coloma y Mirosevic- es que sólo exista el compromiso de votar y culminar la tramitación de estos proyectos en un plazo breve, independientemente de cuál sea el desenlace (aprobación o rechazo).
La legisladora, quien integra la Comisión de Seguridad de la Cámara y es la interlocutora de su colectividad en este tema, señala que "para nosotros no hay temas vetados. Nos hacemos cargo de todo lo que significa la discusión en este ámbito".
Al presentar la reforma sobre Reglas de la Uso de la Fuerza, la ministra Tohá dijo que esta norma busca dar rango legal a los protocolos para la legítima defensa. “Las FF.AA., incluso los civiles tienen derecho a defenderse y si tienen armamento tienen derecho a defenderse con su armamento, si están siendo atacados. Eso no vale solo para las FF.AA., vale para cualquier ciudadano. Cuando hay un ataque, todos tenemos derecho a defendernos”, dijo.
Las declaraciones de la ministra incomodaron en Apruebo Dignidad, porque volvieron a poner a la coalición en el banquillo, mientras que Tohá no se hizo ninguna autocrítica. "El Partido Comunista no tiene complejos en trabajar los temas de seguridad", dijo la diputada Placencia (PC), mientras que su par Catalina Pérez (RD) señaló que "no se trata de odiosidades ni traumas, se trata de una crítica política -que en algún momento hicimos y que no me arrepiento- a Carabineros".
Tras el asesinato del cabo Palma, varios dirigentes opositores arremetieron contra el manejo de La Moneda. Incluso, algunos pidieron la salida de la ministra del Interior, Carolina Tohá, y de otros miembros de la cartera, como los subsecretarios Manuel Monsalve (Interior) y Eduardo Vergara (Prevención del Delito).
La ministra vocera de gobierno puntualizó en la agenda de seguridad “no es propia de la derecha o los sectores conservadores, es una agenda de derechos”. Además, hizo un llamado a no legislar “en caliente”.
