Equipo liderado por el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, citó a declarar esta jornada a 24 personas que fueron parte de la cuestionada fundación. Tres de ellas decidieron guardar silencio.
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El ex DC confesó estar arrepentido de haber firmado con esa institución un millonario contrato para la ejecución de un proyecto para la prevención del suicidio.
Los directivos de la fundación creada por Alberto Larraín y la fotógrafa Ilonka Csillag suman nuevas querellas en su contra, que buscan establecer el destino de los recursos que recibía la organización sin fines de lucro y que habrían sido utilizados para fines distintos a los que estaban destinados, acrecentado las sospechas de pagos políticos.
Óscar Crisóstomo era uno de los 18 personeros de la Región de Ñuble que fueron requeridos en el marco de las instrucciones que impartió esta semana el fiscal regional Patricio Cooper.
La iniciativa, impulsada desde Chile Vamos, contó con el respaldo transversal de 95 diputados presentes en la sala y busca reunir información de distintos ministerios y organismos por el traspaso de dineros hacia la ONG del psiquiatra Alberto Larraín.
A más de un año de que se iniciaran las pesquisas en torno a la ONG liderada por el siquiatra, los diputados Juan Irarrázaval y Agustín Romero decidieron sumarse como querellantes. Y aunque la mencionada entidad mantenía convenios en varias regiones, centraron la atención en los suscritos por el Gore metropolitano.
Durante las jornadas de este miércoles y jueves se desarrollan diversas diligencias en la arista Procultura, a cargo del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper. Las diligencias estuvieron centradas en el siquiatra y cofundador de la ONG y la representante legal. La PDI logró el hallazgo de los servidores que no se habían encontrado en la sede de esa fundación. Las pesquisas se venían planificando hace un mes.
Según comunicaron desde el estudio Barruel y Borzutzky Abogados, determinaron presentar la renuncia al patrocinio "debido a diferentes visiones con los clientes sobre la estrategia legal a seguir en la causa".
Esto, a propósito de un chat entre el fundador de ProCultura y el gobernador de Magallanes, Jorge Flies, donde el primero le decía al segundo que había hablado con el Mandatario.
A juicio de la fundación, “la labor del fiscal se encuentra cuestionada”, ya que acusan falta de objetividad y que un pantallazo del persecutor apareciera en la investigación en contra de Luis Hermosilla.
El gobernador metropolitano se refirió esta tarde al caso contra la fundación y afirmó que también han realizado acciones contra la aseguradora Porvenir, a la que acusan de no pagar póliza de garantía de los montos no devueltos por la ONG, fundada por el psiquiatra Alberto Larraín, por un programa de salud mental en la RM.
A raíz de la no devolución de dineros transferidos para un programa de salud mental, el Gobierno Regional Metropolitano estampó una querella por apropiación indebida en contra de la fundación y su representante legal, María Constanza Gómez. Adelantan, igualmente, que presentarán acciones civiles para recuperar el dinero, por lo que piden una serie de diligencias respecto al patrimonio de la ONG.
La entidad encabezada por Alberto Larraín se había adjudicado $30 millones para concretar el proyecto “Encuentro Internacional de Artesanía en Rapa Nui”. Pese a ello, la Seremi de Cultura de Valparaíso determinó revocar la resolución y frenar la transferencia de recursos debido a que la ONG cerró sus puertas al verse involucrada en el caso líos de platas.
El destacado artista nacional fue contactado por la fundación para realizar un colosal mural en Lota, que reflejara la historia de la localidad. Pero la entidad cerró debido a los coletazos del caso y Toral asegura que solo se le alcanzó a pagar una cuota del trabajo. Sin embargo, desde la entidad señalan que se le pagó "lo convenido por contrato". No es la primera vez que el pintor pasa por una situación difícil: en 2016 fue víctima de la estafa de Alberto Chang.
