La medida se sustenta en que tras requisar información del obispado de Rancagua y el arzobispado de Santiago, se llegó a la conclusión de la existencia de delitos de naturaleza sexual cometidos contra menores de edad y de acciones que acreditan la existencia de encubrimiento por parte de miembros la iglesia.
La Defensoría del estado de Rio criticó dicha iniciativa: "El combate al crimen no autoriza la práctica, por parte del Estado, de violaciones de los derechos individuales".
En medio del procedimiento que se llevó a cabo en la comuna de Macul, participaron al menos 10 equipos del OS-7 y GOPE de Carabineros y se allanaron nueve casas.
