La decisión se produce después de que el líder del partido Voluntad Popular, que actualmente reside en España, apoyara la propuesta del expresidente colombiano Álvaro Uribe de intervenir militarmente en Venezuela.
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El presidente colombiano, Gustavo Petro ha acusado a la “extrema derecha colombiana” de promover guerras y “décadas” de “violencia” en el país.
La idea, planteada por el expresidente colombiano Álvaro Uribe, ha tenido repercusiones durante las últimas horas. Mientras Maduro respondió que “nadie quiere la intervención militar”, figuras de la oposición como Leopoldo López se mostraron abiertos a la opción, apuntando a que se debería “considerar seriamente esta propuesta”.
El presidente de Colombia enfatizó además que mantendrían relaciones diplomáticas con su país vecino "no porque legitimemos unas elecciones que no fueron libres desde un comienzo".
El exmandatario pidió que esta intervención sea "preferiblemente avalada por las Naciones Unidas, que desaloje a esos tiranos del poder y convoque de inmediato a unas elecciones libres".
La historia reciente en América Latina demuestra que no siempre la sucesión de mandatarios de la misma ideología termina de la mejor manera. Traiciones, críticas y convivencias complejas han marcado la relación entre “delfines” y mentores. La nueva dupla mexicana pondrá a prueba si habrá continuidad o si eventualmente se terminará quebrando la relación.
El fiscal Gilberto Iván Villarreal presentó el viernes la acusación, después de que un juzgado de Bogotá negara la solicitud de nulidad del juicio emitida por la defensa del exmandatario, quien arriesga una pena de 12 años de prisión.
Tras un mes de relativa calma respecto al tema constituyente, el mandatario volvió a referirse al tema y desató críticas en la oposición, con congresistas y expresidentes criticándolo. La dificultad política y legal para llevarla adelante hizo surgir la posibilidad de utilizar un decreto de emergencia.
Jueza de un tribunal de Bogotá rechazó solicitud de la Fiscalía General de archivar investigación contra el controvertido político. “Contrario a lo aseverado por el fiscal, sí existen elementos probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida que permite afirmar con probabilidad de verdad que la conducta delictiva de soborno sí ocurrió, y que el doctor Uribe puede tener la condición de partícipe”, afirmó la magistrada.
En medio de distintas reuniones con todos los sectores de la política colombiana, el presidente electo sostuvo un encuentro ayer con el exmandatario Álvaro Uribe, uno de sus mayores rivales políticos, y acordaron un “canal de diálogo”.
“Los principales responsables son el Ejército Nacional. La Comisión constató que se consolidó un entramado de actores estatales y no estatales con diferentes niveles de jerarquía, participación y responsabilidad”, dijo el martes el comisionado, Alejandro Valencia, nombrando a la Armada Nacional y la Justicia Penal Militar, entre otros. Los hechos ocurrieron bajo el mandato del expresidente Álvaro Uribe, entre los años 2002 y 2008.
El congresista de izquierda Iván Cepeda, una de las víctimas del proceso, hizo un llamado ayer al fiscal general para que el expresidente vaya a juicio “a la mayor brevedad posible”.
La decisión de la jueza Carmen Helena Ortiz prolonga una larga contienda legal considerada por los partidarios de Uribe como una persecución y por sus detractores, como un proceso justo.
