Según detalló la Tercera Sala del máximo tribunal, la determinación estuvo centrada principalmente en el choque de los principios del derecho a la honra y de la libertad de expresión.
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El proyecto propone -entre otras cosas- que las administradoras "afectadas por la nacionalización tendrán como único derecho una indemnización cuyo monto será determinado por el Ministerio de Hacienda en conjunto con la Dirección de Presupuesto”.
El financiamiento del programa superaba este año los $104 mil millones y terminó por ser rechazado con 54 votos a favor de parlamentarios del oficialismo, la DC y Demócratas, 55 votos en contra de la oposición, y cuatro abstenciones.
Sumado a las advertencias de los legisladores de oposición que obligaron al ministro de Hacienda, Mario Marcel, a readecuar las cifras de ingreso, el gobierno debe encarar la discusión haciéndose cargo de la gran cantidad de indicaciones -pequeños articulados que sugieren cambios- que presentaron los propios parlamentarios que representan al Ejecutivo.
Luego que el Senado visara la iniciativa, la sala de la Cámara ratificó por 122 votos a favor la normativa que le otorga viabilidad al fallo de la Corte Suprema, mandatando a las aseguradoras a devolver los cobros en exceso y a utilizar la nueva tabla de factores.
En la misiva se enfatiza en el reconocimiento de Chile a Palestina como estado independiente y soberano desde 2011 y la responsabilidad de Benjamín Netanyahu en la muerte de más de 22.000 personas durante la guerra en Gaza.
Esto, tras conocerse que el diputado republicano Juan Irarrázaval concurrirá este viernes a Contraloría para denunciar una millonaria deuda que tendría la fundación por tratamientos que no se entregaron en 11 municipios del país.
Como se indica en el documento que será ingresado en Contraloría por el diputado del Partido Republicano Juan Irarrázaval, 11 municipios que firmaron convenios con la ONG “no han solicitado la devolución o reintegro de los dineros depositados” y que se encuentran objetados. Así, se indica que la entidad adeuda más de $171 millones de pesos en rendiciones y por tratamientos que no se entregaron.
Congreso Revés judicial: Corte da portazo a recurso de protección de diputadas contra test de drogas
La acción, que buscaba dejar sin efecto la aplicación de este examen obligatorio, había sido ingresada por las legisladoras Ana María Gazmuri (Acción Humanista), Marisela Santibáñez (PC) y las independientes-Frente Amplio, Lorena Fries, Marcela Riquelme y Clara Sagardía.
El hecho implica que los aludidos no tienen ninguna o menos de las tres dosis requeridas para mantener habilitado el Pase de Movilidad. Este escenario abre el debate si es “exigible” que todos congresistas cuenten con los sucesivos refuerzos, considerando que Salud ya encargó a su Comité Asesor en Vacunas analizar administración de una quinta dosis. Uno de los que ya ha se manifestado contrario es el diputado Johannes Kaiser, quien cuenta solo con el esquema basal de dos dosis y sin refuerzo.
Con una carta a la militancia, la actriz anunció su salida de la colectividad, esto en medio de una pugna dentro del partido por el proyecto de cultivo seguro, donde se le acusa de conflicto de interés a través de la Fundación Daya que lidera.
Sectores de la colectividad apuntan a que la Fundación Daya que dirige la actriz se beneficiaría económicamente del proyecto de cultivo seguro de cannabis. Supuesto conflicto de interés es descartado por la militante de Revolución Democrática.
Ana María Gazmuri, directora ejecutiva del organismo, dice que promoverán un costo "ético" para este tipo de productos.
"No podemos decir que una persona que consume alcohol el fin de semana, sea alcohólica. Lo mismo ocurre con otras sustancias, no porque un joven consuma marihuana se le puede catalogar de adicto", agregó Gazmuri.
"No podemos decir que una persona que consume alcohol el fin de semana, sea alcohólica. Lo mismo ocurre con otras sustancias, no porque un joven consuma marihuana se le puede catalogar de adicto", agregó Gazmuri.
