"Nos vamos conformes, optimistas. Vamos a contar con los recursos para funcionar", dijo el fiscal nacional Ángel Valencia tras reunirse con el ministro de Hacienda, Mario Marcel.
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El subsecretario del Interior reiteró las razones de la decisión explicando que "fue por mandato explícito de la Ley de Presupuestos de este año".
En la entidad comandada por Ángel Valencia persiste la molestia por la rebaja de más de $7.000 millones del presupuesto. No solo insisten en que afecta la persecución del crimen organizado, sino también que la rebaja los perjudica mucho más que a otras entidades. La situación ha complicado la relación con La Moneda, desde donde el subsecretario Luis Cordero lo reprochó. Por otro lado, en la Corte Suprema están atentos a las gestiones que comprometió el ministro Jaime Gajardo.
El pleno del máximo tribunal emitió una declaración de seis puntos donde manifestaron que la medida del Ejecutivo pone el riesgo el funcionamiento de tribunales. Piden, por lo mismo, que la medida sea revertida a la brevedad. Los fiscales, en tanto, también insistieron en sus cuestionamientos.
Inicialmente, la investigación estaba radicada en la Fiscalía Centro Norte y a cargo del jefe de esa repartición, el fiscal Xavier Armendáriz. Ahora, asumirá la indagatoria el fiscal Patricio Cooper, a cargo del Ministerio Público en la Región de Coquimbo.
La titular de Interior evitó escalar las tensiones con el organismo liderado por Ángel Valencia y afirmó que "la apuesta que ha habido por la seguridad no se va a abandonar" y que eso se ha traducido "en recursos y en el trabajo conjunto".
Marcos Pastén expuso en la Cuenta Pública de los organismos persecutores de la región. En medio de su exposición dijo creer que los énfasis y desafíos planteados como objetivos para este año "se pudiesen ver afectados por este recorte".
La molestia al interior del Ministerio Público se desató luego de que el gobierno decidiera aplicar un recorte presupuestario de $7.064 millones para este 2025.
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El propietario de Factop y STF Capital, entregó los detalles de cómo, en el Anexo Cárcel Capitán Yáber, el abogado Luis Hermosilla le contó la reunión que mantuvo con el exministro Andrés Chadwick y con Ángel Valencia, reiterando que este último se había comprometido a entregar información sobre las causas del expresidente Sebastián Piñera.
Tras recibir la noticia, Ángel Valencia citó de urgencia a los fiscales regionales. Hubo consenso en que la medida -para ellos- no resiste análisis, y que la fórmula tendría impacto directo en las indagaciones. Si bien desde el gobierno aseguran que sería una disminución menor, en el Ministerio Público recalcan que se debe revertir a la brevedad. Hay voces que hoy se alzaron al interior del consejo regional y plantearon que es una especie de vendeta por los casos que involucran a políticos.
El fiscal nacional aseguró que el impacto de la reducción "es significativo”, detallando que el presupuesto afectado se utiliza -en parte- para pagar "guardias de seguridad, arriendo de fiscalía, arriendo de vehículos, servicios de aseo, luz y agua”.
El persecutor explicó que la medida está destinado especialmente a la búsqueda de personas defensoras del medioambiente.
El líder del Ministerio Público sostuvo que el organismo que dirige y el sistema en general tiene "desafíos en materia de resguardo y protección de información".
