“Apelaré”, afirmó el expresidente de EE.UU. en su plataforma Truth Social, calificando la investigación de motivada políticamente. Este lunes, la jueza Tanya Chutkan fijó para el 4 de marzo la fecha del juicio por el caso federal en Washington, uno de los cuatro procesos penales a los que se enfrenta Trump.
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El gobierno venezolano dijo que hará uso de todas las acciones disponibles en el Derecho Internacional para “defender la verdad y asegurar sus derechos como nación”, ya que el presidente Maduro atribuye la investigación a una supuesta estrategia de “cambio de régimen” impulsada desde Washington. Acusó, por lo mismo, que es una ofensiva que “abiertamente utiliza la institucionalidad de la Corte Penal Internacional con fines políticos”.
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El juez fue castigado luego de la denuncia que realizó Audax Italiano por los insultos que realizó a sus jugadores en el duelo ante Universidad Católica, por el Torneo Nacional.
El abogado Eduardo Pachas, quien defiende al exmandatario de Perú, cuestionó la decisión del juez supremo Juan Carlos Checkley, manifestando que presentará una apelación al dictamen judicial. El derrocado mandatario es enjuiciado por liderar una presunta organización criminal en la modalidad de colusión y tráfico de influencias.
La Corte Suprema de ese país declaró como "infundado" el recurso de apelación interpuesto por el exmandatario y confirmó su encarcelamiento por los presuntos delitos de rebelión y conspiración. Al mismo tiempo, el máximo tribunal le impuso 18 meses de impedimento de salida del país al expresidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres.
El destituido mandatario peruano manifestó durante audiencia judicial que no tuvo ninguna responsabilidad en el fallido golpe de Estado y que su encarcelamiento es una “venganza política”. Afirmó que “jamás” ha cometido un delito de rebelión y que no llamó a levantarse en armas a nadie. ”Pero sí debo decir que quien se levantó en armas para acabar con la vida de más 30 peruanos es el actual gobierno”, demandó.
Defensa legal de Castillo alega que el juez supremo Juan Carlos Checkley incurrió en un error al no verificar el cumplimiento del trámite del levantamiento de la prerrogativa de antejuicio político contra el exmandatario. "El juez abdicó de su obligación de hacer un control de constitucionalidad para, cual encargo, cumplir con una consigna política: ¡Todos contra Pedro Castillo!, pisoteando la garantía de un debido proceso", acusó.
Los ministros que en su momento declararon inadmisible el recurso con el que el jefe comunal intentó insistir en el cierre definitivo de su proceso judicial, remitieron un informe que deberá ser analizado por la nueva sala que revisará el requerimiento de la defensa. En él, recalcan que se transgredieron normas al dictar el sobreseimiento, por lo que piden rechazar el amparo.
“El relato que hace la sentencia del tribunal lamentablemente pareciera que no comprende suficientemente bien el objeto de la discusión”, sostuvo el abogado asesor del equipo jurídico de Codelco, Luis Cordero.
El 25° Juzgado Civil de Santiago, entregó su sentencia por una demanda presentada por la estatal en 2017 por nulidad de derecho contra informe.
Abogados del narcotraficante mexicano buscan nuevo juicio al afirmar que el primer proceso "fue empañado por un exceso desenfrenado y por la extralimitación de poderes tanto del gobierno como del sistema judicial”.
"Después de una evaluación, concluimos que nuestra prioridad es tener la oportunidad de ofrecer los beneficios que este tipo de acuerdo traerá a los pasajeros lo antes posible", dijo Enrique Cueto, CEO de la compañía.
A través de un recurso de casación, ambientalistas buscan dejar sin efecto el fallo del Tribunal Ambiental de Antofagasta.
