Países latinoamericanos y europeos han modificado sus Cartas Magnas, a través de Asambleas Constituyentes o vía el Poder Legislativo, la mayoría de las veces con un referendo de aprobación final.
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El ingeniero colombiano Antonio Navarro fue comandante de la guerrilla del M19 y en 1990 se convirtió en coordinador del Equipo Negociador de Paz durante el acuerdo con el gobierno del Presidente Belisario Betancur. Un año después fue integrante de la Asamblea Constituyente que redactó la nueva Carta Magna, exigida por el movimiento estudiantil. En conversación con La Tercera analiza el proceso de su país.
Son dos las opciones las que estarán en juego en el plebiscito de abril del próximo año para redactar una nueva carta magna. En el Acuerdo por la Paz Social se consideró la convención mixta y la constituyente, mecanismos que aún no están totalmente definidos. A esto se suma las dificultades que impone el sistema a los candidatos independientes, la forma que se integrará a la sociedad civil, los gremios, las mujeres, pueblos originarios y las minorías. ¿Cómo se acercan las tiendas políticas a esas definiciones? Los convocamos para buscar respuestas.
Tras el estallido social en nuestro país no todo fue manifestaciones y violentas protestas. La ciudadanía también comenzó a organizarse. Un ejercicio de diálogo espontáneo surgió en barrios y plazas para discutir y canalizar las distintas demandas sociales de los chilenos. El puerto ha sido testigo de esa experiencia por estos días. Los colegios han albergado las ideas de cientos de personas que han buscado sumarse al debate, y también el ímpetu de otros que simplemente quieren ser partícipes por primera vez de una asamblea ciudadana. Registramos esa experiencia.
El académico plantea que solo la Asamblea Constituyente permitirá que la ciudadanía valide el sistema político y que se dé gobernabilidad al país. Además, dispara contra el Tribunal Constitucional, por jugar a "determinar el alcance" de la actual Carta Magna.
Las masivas protestan que se han generado en las últimas semanas en gran parte de las ciudades del país, han reabierto el debate sobre la necesidad de redactar una Carta Fundamental que reemplace a la actual. En este contexto, son varias las entidades que plantean que ésta debe poner el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación “por sobre” el de "propiedad y libertad económica”.
¿Querrá el Presidente Piñera gastar sus últimos 28 meses como una porfiada muralla de contención, o aprovechará la oportunidad de pasar a la historia como el facilitador de este proceso?
En su análisis el académico de la Universidad Católica, Ignacio Irarrazabal, no vislumbra efectos positivos si la medida se concretara. El académico advierte eso sí, una buena señal en medio del grave desprestigio que afecta a la política chilena. Para Irarrazabal, los sueldos de los parlamentarios deben ser acordes al mercado y a la vez los congresistas deben gozar necesariamente de una solvencia económica par actuar con plena libertad.
La decisión fue tomada después de que ayer el presidente Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, solicitara a la ANC "el allanamiento a la inmunidad parlamentaria" de Guaidó tras declararlo en desacato.
Senadores Quintana y De Urresti plantean una "devolución" a quienes participaron de encuentros locales y cabildos para modificar el texto que está en el Congreso.
La noticia fue dada a conocer por la presidenta de la institución, Delcy Rodríguez, sin embargo la Fiscalía venezolana aún no ha ofrecido detalles ni ha confirmado la muerte.
Entre los más emblemáticos están el alcalde de Irribarren, Alfredo Ramos, detenido a fines de julio y condenado a 15 meses de cárcel, y una docena de policías del municipio Chacao.
Entre los más emblemáticos están el alcalde de Irribarren, Alfredo Ramos, detenido a fines de julio y condenado a 15 meses de cárcel, y una docena de policías del municipio Chacao.
