En medio de la negociación por el desalojo de la megatoma de San Antonio, los pobladores denuncian que la abogada les hizo cobro a las familias y luego argumentó que la lucha por los terrenos no se daba en tribunales.
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Como si avanzar en el Programa de Emergencia Habitacional no bastara, la crisis derivada de los líos de platas entre fundaciones e instituciones del Estado ha llevado al Programa de Asentamientos Precarios del Minvu a una difícil situación, generando preocupación tanto en organizaciones de la sociedad civil como entre los propios funcionarios del programa, quienes han transmitido sus inquietudes al Presidente. Mientras tanto, el secretario de Estado enfrenta el desafío de calmar las aguas en los Serviu del país, que amenazan con movilizaciones y paros.
De las 6.305 propiedades que se encontraban ocupadas durante el año pasado, 248 de los casos se llevaron a la justicia. Según explica el Ministerio de Bienes Nacionales, la forma predilecta para resolver esta situación es la vía administrativa, la que en 2023 permitió emitir 1.975 órdenes de normalización de los lugares, además de otros 1.343 casos que fueron despachados, ya sea a las delegaciones o al CDE para recuperar espacios.
En medio de su declaración, la exencargada territorial de la diputada Catalina Pérez aclaró cuáles eran las labores que cumplía al interior de la Seremi de Vivienda de Antofagasta. Así, descartó haber influido en pos de una fundación en particular y recalcó que todas las determinaciones eran revisadas y ejecutadas por las jefaturas. Negó, además, cualquier tipo de relación estrecha tanto con el exseremi Carlos Contreras como con Daniel Andrade.
La arquitecta declaró el pasado 29 de noviembre en dependencias de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, en la comuna de Independencia, y ahí se limitó a exponer cuál fue su rol en los cinco meses en que fue parte del Ministerio de Vivienda (Minvu). Consultada por los tratos entre Carlos Contreras y Daniel Andrade, no profundizó.
El ministro de la Secretaría General de la Presidencia dijo que “la opinión técnica” que formuló en su momento el jefe del Departamento de Asentamientos Precarios del Minvu fueron proporcionados por el titular de Vivienda al Ministerio Público "cuando se realizó la primera denuncia" por el caso de platas políticas.
El penalista abordó la eventual detención de su representado en el marco del caso líos de platas y aseguró que dicha medida no se justificaría dada la postura que han mantenido durante el curso de la indagatoria. Indicó que hasta ahora no han sido notificados sobre la formalización de la causa, aunque precisó que cuando eso pase se apersonarán ante el tribunal. “Daniel ha colaborado con la justicia en esta causa y lo seguirá haciendo”, indicó el profesional.
El proyecto de Ley de Presupuesto 2024, en su partida del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, introduce una serie de modificaciones al programa que busca mejorar las condiciones de vida de los campamentos. Si bien se aumentan en 24,1% los recursos para este programa, se reducen los fondos de transferencias a las entidades privadas que colaboran con la iniciativa. Esto último se interpreta como un aprendizaje del caso que estalló con Democracia Viva y que hoy tiene en la lupa del Ministerio Público a más de 50 ONG en todo el país.
