A la espera de un informe de la PDI, el foco de la investigación del Ministerio Público se ha centrado en el rol de los think tanks que concentran casi un cuarto de los más de $ 15.664 millones que la Cámara desembolsó entre 2011 y 2016 para pagar asesorías.
Las diligencias han sido instruidas por el fiscal regional metropolitano oriente, Manuel Guerra, en el marco de la investigación por irregularidades en la contratación de asesorías externas por parte de los parlamentarios. Ya declaró el secretario general del Senado y se espera que pronto lo haga el de la Cámara de Diputados.
