Se requieren recursos para el órgano constituyente, tanto para su funcionamiento colectivo como para el desempeño de cada una de las personas que lo integra, y esos recursos siempre serán una buena noticia en la medida que sean utilizados de manera responsable, austera, y con absoluta transparencia y control.
En la directiva ampliada del órgano constituyente preocupa que se instale la idea de que se están desembolsando recursos excesivos en la implementación del proceso, algo que se agudizó ayer con la ratificación del pleno a la propuesta que aumenta las asignaciones de los convencionales. En ese contexto, los vicepresidentes han activado conversaciones con la Comisión de Comunicaciones para acelerar lineamientos que permitan a la Convención Constitucional tener un relato que contrarreste esos discursos y transmita de forma “más institucional” y “pedagógica” la necesidad de mayores fondos para garantizar el trabajo de sus representantes.
Propuesta de la coordinación de César Valenzuela (PS) y Gloria Alvarado (Movimientos Sociales) fue respaldada por la mayoría de la instancia. Asimismo, se ratificó una enmienda propuesta por Vamos por Chile que plantea que “las asignaciones contempladas en este artículo podrán ser reasignables al mes siguiente, teniendo como tope una acumulación bimensual. Pasado los dos meses caducarán de pleno derecho". En paralelo, la mesa de Elisa Loncón y Jaime Bassa defendió la ejecución de los recursos que detalló ayer la Segpres en un informe pormenorizado.
Máximo Pavez afirmó que no se puede entregar asignaciones a la Convención hasta que se cree su reglamento, en el que se defina una comisión externa que se coordine con la Segpres para poder proporcionar los recursos.
Desde propinas al arriendo de oficinas. Aquí la lista de cosas que el Estado financia a los legisladores.
Organismo que preside el exsenador se dio plazo de 60 días para revisar normativa que dejaron sus antecesores. Aquí, los puntos claves de la regulación de asignaciones que endurece obligaciones a asesores y parlamentarios.
El presidente del Consejo Resolutivo, en su primera decisión, acogió propuesta e indicó que la decisión se fundamenta "en la necesidad de que se permita garantizar el adecuado funcionamiento de la Corporación y su nueva integración, facilitando el cumplimiento de la labor parlamentaria".
Consejo que preside Andrés Zaldívar postergó nuevo plan de asignaciones que dejaron sus antecesores.
El Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias comenzó la difusión de un acuerdo definitivo que regirá -desde el 11 de marzo- a los 155 diputados. El texto prohíbe la contratación de funcionarios públicos, establece requisitos y responsabilidades en las asesorías y precisa el uso de los dineros.
Las casi 50 asignaciones que hay para funcionarios de planta y contrata suman unos US$ 5.800 millones en 2017. En tanto, el gasto en sueldos base alcanza a poco más de US$ 1.780 millones. Listado lo encabeza Carabineros.
Bajo esta causa, el Ministerio Público ya se encontraba indagando los informes de la Cámara de Diputados, ante un eventual fraude al fisco.
