Persecutores y funcionarios de la Fiscalía no han escondido su disconformidad con la forma en que el fiscal nacional respondió a las acusaciones de la defensa de Luis Hermosilla, que lo apuntó por haberse comprometido -según ellos- a entregar información sobre causas penales del expresidente Sebastián Piñera. Aseguran que instrumentalizó a la institución pese a que las aseveraciones solo se dirigían en su contra.
"Tiene todo el derecho a defenderse de imputaciones que le parecen agraviantes, pero no puede comprometer a toda la institución", señaló la organización.
Francisco Bravo, quien preside la asociación desde 2021, indicó que desde ese año viene advirtiendo a las autoridades por un "grave problema de sobrecarga en algunas regiones” para los persecutores, donde relevó el caso de Los Vilos.
Desde ambos gremios lamentaron que dirigentes políticos y parlamentarios pongan en entredicho los elementos ponderados por la jueza Paulina Moya a la hora de definir si el alcalde quedaba o no tras las rejas. Por lo mismo, recordaron que hay que tener "prudencia" y respetar la independencia de los poderes.
Ángel Valencia se reunió, en Valparaíso, con la Asociación Nacional de Fiscales para abordar los efectos de la polémica que lo enfrentó con el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter. En la cita, el máximo representante del Ministerio Público explicó que se tiene que regular qué tipo de antecedentes se pueden compartir, y cómo debe ser normado este trabajo en conjunto. También, replicó a los investigadores que cuestionaron el hecho de que se expusiera al fiscal que se contactó con el jefe comunal.
De acuerdo con el análisis realizado por el fiscal José Morales, los profesionales que se desempeñan en O’Higgins, Arica y Parinacota y Los Lagos serían los más afectados por el alto número de causas. Hacen un llamado a tomar medidas urgentes, por cuanto se estaría afectando, según alertan, la capacidad de persecución del organismo.
Presidenta del gremio, Trinidad Steinert, solicitó revisar beneficio de libertad condicional.
Según la Asociación Nacional de Fiscales, Cristián Paredes, quien se encuentra con protección de la PDI, ha sido víctima de "seguimientos, vigilancias y grabaciones" por parte de funcionarios de la Dipolcar.
La recién electa líder del gremio se unió a las críticas por rol del SII en las indagatorias de Penta y SQM. Habla sobre los desafíos de la institución y defiende la libertad de expresión de sus colegas en redes sociales.
A su juicio, se trata de una medida "populista que despedaza la escala de remuneraciones y su lógica".
