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En el programa de streaming de La Tercera, 'Desde la Redacción', el exalcalde de Santiago y hoy jefe comunal electo de Lo Barnechea se refirió a la gestión de la militante comunista en el municipio capitalino, a propósito de la explosión de una molotov en el Internado Nacional Barros Arana el pasado 23 de octubre. "Cuando propuse revisar mochilas, casi me comió en el concejo (municipal), que cómo se me ocurría. Cuando hicimos la ley Aula Segura ella ponía “jaula segura”, se oponía (...) Faltó en sus obligaciones como alcaldesa al no aplicar la ley", indicó. Revisa en el video la entrevista completa.

Un resumen ejecutivo con lo que tienes que saber hoy.

A raíz de la explosión por manipulación de artefactos incendiarios en el recinto santiaguino, nuevamente saltó al ruedo la Ley 21.128, la que ha sido motivo de controversia durante toda la gestión de la alcaldesa del PC. Su gestión ha evitado a toda costa su utilización, argumentando recientemente que es "una especie de mono de paja, que lo levantas para generar fuego y efectos pirotécnicos", y que no es efectiva como sí lo son las herramientas formativas.

Entre 2019 y 2023, un total de 28 menores de edad han sido detenidos y condenados por lanzar bombas molotov en Santiago. De ellos, 20 casos ocurrieron al interior o en las inmediaciones de los llamados "liceos emblemáticos", entre los que el Liceo de Aplicación lleva la delantera. Sin embargo, las bajas penas y los beneficios aplicados a los adolescentes han derivado en que gran parte de ellos no reciban acompañamiento o intervención desde programas especializados del Estado. En paralelo, sigue siendo un misterio cuántos de ellos han sido expulsados o reubicados en otros establecimientos educacionales.

Aunque ha utilizado otras instancias judiciales, la Ley 21.128 aún es terreno no explorado durante la gestión de la actual alcaldesa. Su antecesor, en cambio, invocó esa ley decenas de veces.

La norma, que se votó dentro del presupuesto de Educación, había sido aprobada el pasado 24 de noviembre en el Senado.

Fue aprobada por 17 votos a favor, nueve en contra y dos abstenciones.

La vicepresidenta aseguró que "lo que no resiste más es que la manera de tratar los conflictos de los liceos de Santiago sea simplemente para ocuparlo como arena para la confrontación política y la sacada de mugre de unos con otros".

"No hay instrucciones en torno a no aplicar normativa vigente y no solo no hay instrucciones, sino que la práctica da cuenta de más de 570 procesos disciplinarios”, afirmó la jefa comunal.

El diputado Juan Antonio Coloma (UDI) tildó a la jefa comunal de Santiago de “cómplice” de los hechos de violencia en las aulas luego de que el exrector del liceo emblemático, Gonzalo Saavedra, afirmara que la autoridad instruyó a los directores de los establecimientos de la comuna no aplicar la Ley Aula Segura.

Marco Antonio Ávila, se refirió a la propuesta de la UDI de retomar y dar urgencia al proyecto Aula Segura. El ministro de Educación señaló que la actual normativa y los propios manuales de convivencia “tienen incorporados en sus protocolos acciones para hacer frente a actos de violencia, perfectamente pueden ser implementados en la medida en que se implemente el debido proceso”.

La norma, aprobada en 2018, otorgó mayores facultades a los directores de establecimientos educacionales para expulsiones y cancelaciones de matrícula en casos graves de violencia. Por ejemplo, en el uso y posesión de ciertos tipos de armas y artefactos incendiarios. La iniciativa que busca poner fin a esta ley tiene como firmantes a los diputados Camila Rojas, Camila Vallejo, Juan Santana, Gonzalo Winter y Rodrigo González.

Un liceo no debería ser parte de la crónica roja habitual, ni tampoco el lastimero aullido de un animal moribundo que alguna vez fue paseado por las plazas y calles para exhibir el lustre de su estampa y agitar con ello una vanidad solemne y ostentosa. Un liceo debiera ser otra cosa, algo como la costura fina de un traje que puede vestir a cualquiera -hombre, mujer, pobre, rico- con la misma dignidad.

Seis alumnos fueron expulsados del Liceo Enrique Molina de Concepción, por agredir a dos funcionarias del establecimiento.