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El Centro de Salud Familiar Raúl Silva Henríquez, en Bajos de Mena, refuerza su seguridad tras amenazas a su personal después de la balacera de la semana pasada que dejó un muerto y dos heridos. Con efectivos policiales siempre presentes y la medición de las áreas a blindar en marcha, los funcionarios siguen enfrentando agresiones mientras intentan reanudar la atención médica.
La medida se plantea luego de que sujetos armados intimidaran a los trabajadores del recinto de salud que estaban de turno durante la madrugada del ataque.
En los allanamientos realizados se logró la detención de nueve personas y se incautaron cerca de 5 kilos de drogas.
El riesgo que corremos es enorme. ¿Cómo podemos exigirle a la ciudadanía que no opte por un sistema autoritario si hoy la libertad es una quimera y el Estado no garantiza su protección? ¿Se puede esperar otra respuesta?
La ministra del Interior, Carolina Tohá, se reunió con el alcalde en el Centro de Salud Familiar Cardenal Raúl Silva Henríquez, en donde personal médico fue amenazado para no atender a dos menores de edad (11 y 13 años) que fueron baleados.
Un resumen ejecutivo con lo que tienes que saber hoy.
El sector de Puente Alto enfrenta una crisis de violencia tras un ataque armado que dejó un adolescente muerto y dos heridos. La investigación sugiere un vínculo con un homicidio previo. La situación ha llevado al cierre de centros de salud y a la suspensión de clases, generando preocupación entre los vecinos y críticas al gobierno por la inseguridad.
"No podemos permitir que alguien muera brindando salud o esperándola”, afirmó la presidenta del gremio, Anamaría Arriagada.
El delegado de la RM aseguró además que se dispondrá de un refuerzo policial para el entorno del recinto.
El caso fue condenado por el gobierno, mientras que el alcalde de Puente Alto solicitó mayor presencia policial en el sector y una visita de la ministra del Interior. La PDI ya maneja hipótesis sobre el origen de los hechos.
La intervención contó con 926 controles de identidad y 286 controles vehiculares.
Los individuos se mantendrán en reclusión preventiva por los 100 días que durará la investigación
