El defensor de la Niñez hizo un llamado al Ministerio de Hacienda a comprometer recursos "que permitan implementar lo que las autoridades han estado elaborando” en materia de seguridad. Además, aseguró que planea reunirse con el Ejecutivo para poner sobre la mesa sus inquietudes.
Las balaceras tienen en alerta a las autoridades. A los hechos producidos en Quilicura, se sumó lo ocurrido en Lampa, donde se registraron cinco muertes. Se cree que los últimos homicidios serían "ajustes de cuentas".
El encuentro reunirá a distintas autoridades en materia de seguridad y tendrá como objetivo "reforzar todo lo que ya se está llevando a cabo para enfrentar al crimen organizado".
“Si bien es cierto, como dice el subsecretario, nadie tiene una varita mágica para resolver el problema, tampoco podemos acostumbrarnos y seguir haciendo más de lo mismo”, señaló el presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta.
El último caso se registró anoche en La Florida. Allí, un niño de 13 años fue alcanzado por disparos mientras se encontraba al interior de su casa.
El fenómeno se ha dado en 11 de las 16 regiones del país, con establecimientos educacionales que han visto reiterados los hechos que han forzado a interrumpir jornadas completas.
Luis Astudillo llegó hasta La Moneda junto a varios vecinos de la comuna. Entre miércoles y jueves se registraron más de mil disparos en las poblaciones La Victoria y Nueva Uno.
En la última semana, las comunas de La Florida y Hualpén fueron víctimas de balaceras y homicidios.
En la semana de su aniversario número 89, el jefe de la policía civil advierte que la presencia de carteles internacionales ha generado desafíos para combatir el nuevo crimen organizado que está operando en Chile. “Extranjeros vienen con otras costumbres, modos de actuar más agresivos y que hacen que el delincuente chileno se ponga a la par”, asegura. Además, le preocupa el alza de delitos informáticos: “el sitio del suceso ya no es sólo físico, ahora también es virtual”.
En concreto, la iniciativa parlamentaria modifica la Ley N°17.798 “para agravar la pena aplicable por poseer, tener o portar armas u otros elementos sujetos a control, en las cercanías de establecimientos educacionales o de salud, y por efectuar disparos en dicha zona”.
De momento se desconoce quién inició los tiroteos, que comenzaron poco después de que empezara la manifestación. Ésta fue organizada por el grupo Hezbollah, respaldado por Irán, y sus aliados chiíes del Movimiento Amal en contra del juez Tarek Bitar, quien encabeza la pesquisa en torno a la enorme explosión ocurrida en el puerto el año pasado. El Hezbollah y sus aliados acusan al magistrado de señalar a políticos para que sean interrogados, la mayoría de ellos aliados del movimiento.
Fuegos artificiales, balaceras, encerronas, femicidios, sangre... Como ocurrió esta semana cada cierto tiempo, la seguridad ciudadana se toma la agenda y acapara los debates. Es de las pocas constantes que quedan en un escenario político cada vez más cambiante.
La violencia generada por la disputa de bandas narco para obtener el control de la población de San Joaquín, enfrenta a autoridades sobre la real efectividad de la iniciativa que buscaba mejorar las condiciones de vida en la zona.
Un grupo de 22 familias de la Villa San Joaquín vive separado por un muro de los pasajes más peligrosos de La Legua. Esa -aseguran- es la única defensa que tienen frente a las balas que llegan a sus paredes provenientes de los enfrentamientos entre narcotraficantes. La intendencia comenzó el jueves pasado a derrumbar el muro, pese a la resistencia de los vecinos.
