La Presidenta peruana Dina Boluarte, al hablar sobre la inseguridad que afecta a ese país, responsabilizó a gobiernos anteriores por el ingreso de delincuentes extranjeros y el incremento de la criminalidad. Agregó que también se hará un seguimiento a la situación financiera de los migrantes para saber el origen y destino de sus ingresos.
El exmandatario peruano, en la misiva enviada al Jefe de Estado chileno, lo insta a cambiar su posición respecto "a la dictadura existente en el Perú”, argumentando que esta fue “impuesta en base en la violación sistemática de los derechos humanos”.
Los legisladores que rechazaron la salida del país de la mandataria argumentaron que esta debe priorizar la tarea de frenar los incendios forestales que sufren varias regiones del país, que ya dejan 16 personas muertas y miles de hectáreas arrasadas. Boluarte tenía agendado intervenir en la sesión del 24 de septiembre de la ONU.
La Policía Nacional accedió a la vivienda de Ana Cecilia Gervasi, en el distrito de Miraflores, en Lima, después de haber sido declarada como desaparecida hacía unos días.
Los firmantes del documento enviado a la CPI -entre ellos varios exministros y excongresistas de ese país-, subrayaron que esta segunda acusación contra la mandataria peruana tiene fundamentos con informes de países y organismos internacionales tales como EE.UU., Unión Europea, ONU, Comisión Interamericana de DD.HH., y Amnistía Internacional.
Movimientos sociales, políticos e indígenas se concentrarán a partir de este sábado en Lima para manifestar su rechazo a la gestión de la mandataria y demandar justicia por los fallecidos en la represión policial y militar tras el derrocamiento del expresidente Pedro Castillo, en diciembre de 2022.
La información la entregó Gustavo Adrianzén, presidente del Consejo de Ministros, quien señaló que “estamos haciendo las primeras coordinaciones para que una comisión de alto nivel concurra a La Haya y presentar preliminarmente la posición del Estado peruano. Confiamos en que esta información sea suficiente para que esta denuncia sea rechazada de plano".
Entidades de DD.HH. pidieron a la CPI investigar a la mandataria peruana por su responsabilidad en el fallecimiento de 49 personas durante las manifestaciones tras la destitución del exmandatario Pedro Castillo, señalando que estos hechos constituyen crímenes de lesa humanidad.
La acción legal ante la CPI la lidera el diplomático Harold Forsyth, exvicecanciller peruano y exembajador de ese país ante la OEA, y se fundamenta en las decenas de muertes de personas en varias regiones de ese país durante las protestas contra el gobierno, a partir de diciembre de 2022.
“Todas las imputaciones que me hace el día de hoy el Ministerio Público son más falsas que las pestañas y la nariz de la ‘pinocho’ que está en Palacio, avalada por el ‘hampa’ que está en la Plaza Bolívar”, señaló el exmandatario luego que la Fiscalía pidió prolongar por 18 meses su prisión preventiva.
La información emanó de una investigación periodística, la que luego de acceder a la agenda de la mandataria reparó que de los 542 días que lleva en el cargo, estuvo 147 ausente en sus funciones de Gobierno.
En el recurso rechazado por la subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso peruano se inculpaba a la mandataria de los presuntos delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, genocidio y lesa humanidad, a raíz del deceso de decenas personas durante las manifestaciones contra su gobierno en 2022 y 2023.
De ser aceptada la acusación contra la mandataria peruana, investigada por el denominado "caso Rolex", y previa tramitación en una comisión del Congreso, será el pleno del organismo legislativo que evaluará la suspensión, destitución de la jefa de Estado y un juicio político.
En una sesión plenaria del Parlamento peruano ninguno de los recursos de petición de destitución de la mandataria alcanzó una mayoría de votos, convirtiéndose en un rotundo fracasado, tal como ocurrió en las cinco mociones de vacancia elevadas anteriormente por la oposición.
