El primer ministro Alberto Otárola informó que la situación general del país era de "normalidad", aunque hubo bloqueos en las regiones de Cusco y Puno, los que afectaron el transporte principalmente de turistas y comerciantes en esas zonas.
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La mandataria peruana cuestionó que dirigentes gremiales y sociales de siete regiones del país llamen a nuevas manifestaciones, con demandas que exigen la renuncia de la gobernante, el cierre del Congreso, la salida de Pedro Castillo de prisión, así como el adelanto de elecciones para 2023. Boluarte dijo que son propuestas inviables y que no está en sus manos resolver.
“No vamos a permitir impunidad, que se investigue, que se individualice los hechos y la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial estarán asumiendo sus roles que corresponden”, declaró la mandataria peruana a los medios internacionales en rueda de prensa. “La policía y el Ejército salieron para defender la vida y la tranquilidad de los 33 millones de peruanos”, argumentó.
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Las comunidades aimaras de Puno se declararon en paro indefinido contra la Presidenta peruana y el Parlamento. Mientras, el gobierno conformará una comisión multisectorial para analizar posibles compensaciones económicos a familiares de las 28 personas fallecidas tras manifestaciones en rechazo a la destitución del exmandatario Pedro Castillo.
El texto -que requiere de otra votación en una nueva legislatura- plantea que la Presidenta convoque a elecciones en abril de 2024, concluyendo su mandato el 28 de julio de 2024. Asimismo, en el caso de los congresistas y representantes del Parlamento Andino, su gestión terminaría el 26 de julio de 2024.
La mandataria peruana expresó que “esta crisis enluta a familias y duele, donde se destruye la infraestructura básica para la población". "Reitero que el diálogo es la principal opción para volver a la normalidad”, afirmó en un evento en una base naval.
La Mandataria Dina Boluarte anunció que los nueve decesos registrados hasta ahora en ese departamento peruano se investigarán también en la justicia militar. Expertos critican medida, ya que aseguran que violaciones a derechos humanos son solo competencia del fuero civil.
El secretario del Departamento de Estado, Antony Blinken, transmitió esta petición a la mandataria peruana Dina Boluarte durante una conversación telefónica. Instó a la gobernante a un “diálogo constructivo” entre los actores políticos y sociales “para aliviar las divisiones políticas y enfocarse en la reconciliación”.
El Ministerio de Relaciones Exteriores peruano señaló en un comunicado que el secretario de Estado Antony Blinken expresó a la mandataria que "Perú es un aliado importante de Estados Unidos" y que "ha ofrecido continuar apoyando el proceso institucional democrático”.
La canciller Ana Cecilia Gervasi dijo que la medida responde a la "intromisión en los asuntos internos" del país por parte de los gobiernos de esas naciones.
Así lo anunció el ministro de Defensa, Alberto Otárola, quien aseguró que con la medida se da una respuesta "contundente y de autoridad" a las protestas violentas que se registran en varias regiones del país.
Unos 2.000 manifestantes contrarios al actual gobierno de Perú entraron en la pista principal del Aeropuerto Internacional Alfredo Rodríguez Ballón, mientras que se registraron ataques contra otras instalaciones.
Cerca de 50 policías se encontrarían retenidos en el aeropuerto de esta localidad, ubicada en la sierra sur del país, que fue cerrado tras actos vandálicos. Este domingo se informó de dos fallecidos y al menos 30 heridos en los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden en Andahuaylas. Boluarte reiteró su llamado “al diálogo y a deponer la violencia”.
La Presidenta constitucional de Perú juramentó a Pedro Angulo como presidente del Consejo de Ministros.
El juez supremo Juan Carlos Checkley ordenó siete días de detención preliminar contra el expresidente, como parte de la investigación que se le sigue por el presunto delito de rebelión.
