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Sabas Chahuán reiteró que la indagatoria de los últimos bombazos de la Región Metropolitana es compleja por la organización de los grupos terroristas, con vínculos tanto nacionales como internacionales.

El ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, afirmó que "el tema de los agentes encubiertos va a estar en el proyecto de ley" que enviará La Moneda para fortalecer a la organización y otorgarle más atribuciones operativas.

Detectives intentarán identificar a los autores a través de un trabajo de análisis de las redes sociales.

El director de la institución, Marcos Vásquez, aseguró que la Brigada de Cibercrimen intenta el rastreo de los presuntos responsables de los últimos atentados explosivos y sus posibles nexos.

Raúl Guzmán aseguró que hay avances en la investigación de los últimos atentados en la Región Metropolitana.

El canciller Heraldo Muñoz indicó que la ayuda del organismo federal de Estados Unidos fue ofrecida ayer por el embajador de ese país en Chile.

Entre la Agencia Nacional de Inteligencia, PDI y Carabineros son cerca de 600 los funcionarios que se dedican a este análisis y recopilación de información.

El diputado de RN aseguró que "por supuesto que hay terrorismo en Chile, lo hay en la región de La Araucanía y también hay algunas acciones terroristas en Santiago".

El secretario de Estado aseguró que "el Ministerio Público ha dispuesto de un equipo especializado las 24 horas para investigar quiénes están detrás de estas bombas".

De acuerdo a Carabineros, no hubo personas lesionadas, pues las explosiones solo afectaron al frontis de la propiedad.

El análisis identificó a ex subversivos, jóvenes antisistémicos y profesionales en estos delitos. La noche del lunes, dos bombas detonaron en comisarías de Santiago y El Bosque.

Pese a la escasez de persecutores en el Ministerio Público, José Antonio Gómez aseguró que "era lo que se tenía que hacer" para dar con los autores de los atentados en la capital.

Cifra corresponde a causas bajo la Ley Antiterrorista abiertas desde 2011. Las 45 indagaciones restantes se les aplicó un cierre administrativo.

José Antonio Gómez dijo que no es necesario hacer cambios a la ley, pues la legislación actual tiene las herramientas para que los investigadores encuentren a los culpables de los atentados.

El vocero indicó que el gobierno quiere "que esto no quede en la impunidad", refiriéndose a la decisión de usar la ley de control de armas y delito de incendio.