Juzgado dispuso que restituya estipendios erradamente percibidos por su rol de consejero de la entidad. Los dineros fueron entregados en función de "la aplicación de estatutos que a la fecha en que se devengaron los pagos eran contra la ley”.
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La fiscal Patricia Cerda pidió al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago "la correspondiente citación judicial" de distintos funcionarios públicos que conocieron el funcionamiento de entrega de estos cuestionados fondos. El Ministerio Público acusó a tres exgenerales directores de sustraer y permitir que "terceros se apropiaran de distintos montos de dinero, tanto en moneda nacional como extranjera, provenientes de recursos públicos". En total, según el Ministerio Público, Gordon, González Jure y Villalobos habrían malversado, en total, $3.005 millones.
Ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad Centro Norte comunicó el cierre de la investigación y formuló acusación en contra de los tres altos mandos de la institución policial desde 2008 a 2018, por delitos reiterados de malversación de caudales públicos y falsificación de instrumento público.
La carta del gobierno -tras obtener 17 votos en la quina que escogió la Corte Suprema- para encabezar el Ministerio Público ha patrocinado, como abogado defensor, una serie de causas penales a lo largo de su carrera. Son cuatro los casos que hacen que su postulación genere ruido al interior de organizaciones feministas, agrupaciones de derechos humanos y en parte de la clase política. Desde su entorno defienden su rol en cada una de estas investigaciones.
El exgeneral director de Carabineros se refirió por primera vez públicamente al caso de gastos reservados, donde se le acusa de sustraer más de $ 600 millones y apropiarse de otros $ 67 millones durante diez años. Con respecto a aquello, Villalobos enfatizó que “los gastos reservados se utilizaban en lo que dice la ley: en información, orden público y prevenir delitos".
Vehículos Mercedes Benz, autos de colección de 1931, departamentos y casas en lugares céntricos de la capital son algunos de los inmuebles que fueron embargados por la justicia en el marco de la investigación en la arista de gastos reservados en el fraude a Carabineros. Las incautaciones también salieron de la región, ya que a dos exgenerales se les embargaron propiedades en balnearios del litoral central. En el listado también figura la exministra Javiera Blanco, quien recientemente solicitó salir del país por motivos laborales.
La Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revocó el fallo que ordenaba la reclusión del exgeneral director de Carabineros en un recinto cerrado. Quien fuera el máximo representante de la policía uniformada terminó así casi tres meses de reclusión por el caso de malversación de gastos reservados, donde su última estancia la vivió en Sucre, recinto donde compartió dependencias con tres oficiales imputados por delitos ocurridos durante el estallido social.
Esto, tras rechazar una solicitud de su defensa que buscaba modificar la cautelar que le decretaron a principios de octubre, cuando fue formalizado por malversación de gastos reversados y falsificación de instrumentos públicos junto a Gustavo González Jure.
El 5 de octubre, la exministra de Justicia y el retirado general director de Carabineros, quienes mantuvieron una estrecha relación de amistad, estarán sentados en el banquillo de los acusados. Tras cuatro años de investigación el Ministerio Público decidió imputarles autoría en el delito de malversación de gastos reservados. En el expediente hay decenas de testimonios que apuntan a cómo la exsubsecretaria de la policía uniformada recibía mensualmente una especie de "sobresueldo" en sobres sellados. El CDE estima que Javiera Blanco se habría apropiado de cerca de $ 47 millones. Su defensa niega los cargos y asegura que demostrará su inocencia.
Con la salida de Mario Rozas de la institución, ya son tres los generales directores que no terminaron su periodo en el cargo. Sus antecesores fueron Bruno Villalobos y Hermes Soto. Ambos están fuera de la esfera pública, abocados en su vida personal, aunque Soto reaprecerá la próxima semana, para declarar como testigo en el juicio por la muerte de Camilo Catrillanca.
En febrero de 2017, la aprobación de la institución era de un 77%, una cifra muy lejana al 35% que el 9 de diciembre arrojó la misma encuesta Cadem. ¿Cuándo comenzó la debacle en la imagen de la policía uniformada? Todo apunta que el origen fue el fraude, siguió con Huracán, Catrillanca, y la crisis.
La fiscalía ordenó un sumario contra el fiscal de Rancagua, Sergio Moya, por sus citas reservadas con parte del Alto Mando de Carabineros cuando estallaron las acusaciones en contra de la policía uniformada por la denominada Operación Huracán.
La última decisión del general director (R) Bruno Villalobos antes de renunciar fue dejar a Mauro Victtoriano a cargo de la jefatura de Carabineros en La Araucanía. Diez meses después, la declaración ante la fiscalía del alto oficial complica a La Moneda.
El asesinato de Camilo Catrillanca es el punto de fuga de un desfile de mentiras -recientes, pasadas, históricas- que aún no terminan de revelarse; también es el síntoma de que la crisis en Carabineros es profunda y supura como un tejido infectado del que las autoridades políticas no quieren hacerse cargo, como tampoco lo hacen con la situación en La Araucanía, porque los planes complejos a largo plazo no rentan.
La Corte de Apelaciones ratificó la salida del exgeneral director de Carabineros, procesado por DD.HH., tras un pago de $ 500 mil.
