Conflictos de intereses y faltas a la imparcialidad son las principales críticas a esta figura que permite nominar 107 abogados externos en todas las cortes del país. En 14 ocasiones el Ejecutivo y el Congreso han querido reforma esta fórmula, incluso con el apoyo de la Corte Suprema, pero ningún intento tuvo éxito. Ahora, el gobierno pretende perfeccionar el sistema con un nuevo proyecto de ley.
