El defensor penal Pablo Ardouin acusó una "falta de proporcionalidad de la medida en relación al monto de lo supuestamente defraudado".
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La solicitud había sido presentada esta semana por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en el marco del caso por líos de platas.
El requerimiento busca captar las sumas de dinero que se encuentran en poder de la empresa Pantec SpA, titular de la plataforma para adultos, por concepto de cualquier tipo de retiro de ganancias, pago o retribución a las que tenga derecho la imputada.
La excandidata a alcaldesa, formalizada por fraude al Fisco por el “caso Lencería”, vende contenido en la plataforma para adultos "Arsmate". Su caso, junto al de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, que hace lo propio en la plataforma “Onfayer” mientras es indagada por eventuales delitos de corrupción, fue ocupado por Demócratas para justificar la iniciativa.
La iniciativa de la diputada Joanna Pérez (Demócratas) busca evitar que los imputados sujetos a esta medida cautelar puedan usar libremente las redes sociales para beneficiarse económicamente o afectar el desarrollo de la investigación penal.
Luisa Fonceca Galaz fue formalizada por lavado de activos.
La policía informó de los hechos al Ministerio Público el pasado 28 de febrero.
La audiencia de Luisa Fonseca Galaz está programada para el 4 de abril a las 12.00.
Ángel Valencia abordó los casos de Cathy Barriga y Camila Polizzi.
Fiscalía formalizó a Tamara Vidal, exencargada de la Unidad de Participación Ciudadana del Gore; Eduardo Quezada, representante de la consultora EQOS; y Matías Godoy, representante legal de la OTEC Frumisal Ltda.
Los otros cuatro imputados también seguirán con la misma medida, pese a la solicitud del Ministerio Público.
Ayer se realizó la segunda audiencia por el caso donde la fiscalía acusa a la excandidata a alcaldesa de Concepción por varios delitos de corrupción. Misma indagatoria donde también están imputados Sebastián Polanco, Diego Polanco, Rodrigo Martínez Fernández y Simón Acuña Medina. Todos quedaron con arresto domiciliario total.
Ministerio Público apeló verbalmente a las cautelares otorgadas por el magistrado, lo cual fue desestimado. El juez sí accedió a la petición de la fiscalía de conceder nueve meses para llevar a cabo la investigación.
"Hasta ahora no tenemos antecedentes", afirmó la persecutora regional del Biobío, Marcela Cartagena.
