Cecilia Pérez además aseguró que el gobierno siente dolor por todo lo ocurrido y que aprendieron que deben ser "más rigurosos" con casos como éste.
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Los testimonios como testigos ante la Fiscalía del ministro y el subsecretario del Interior en la causa por el asesinato del comunero mapuche, a los que accedió La Tercera, apuntan a cómo se empezaron a suceder las versiones contradictorias desde Carabineros y a las dificultades iniciales para establecer las circunstancias en que ocurrió el episodio.
El gesto fue planteado por general director de Carabineros. Padre del comunero asesinado puso condiciones a diálogo.
Luego de conocer los nuevos registros audiovisuales ayer sobre la muerte de Camilo Catrillanca, distintas figuras políticas dieron su opinión al respecto. Uno de ellos fue el senador por la Araucanía, Felipe Kast, quien aseguró (el 16 de noviembre) haber visto "algunas imágenes de cómo quedaron los autos de carabineros, y claramente el intercambio fue bastante duro". Fuente: Twitter/@iansalgadov
Tras semanas duras, que bien o mal le significaron perder el control de la agenda, el gobierno siempre tendrá a su alcance la opción de retomarla, sobre todo cuando no tiene al frente suyo una oposición articulada. El problema es que estos episodios desgastan, desordenan y decepcionan. Y es difícil después volver al estado anterior
Lester Figueroa (29) es uno de los 10 carabineros dados de baja tras el crimen de Camilo Catrillanca. Su expulsión fue por grabar a su compañero del Gope Carlos Alarcón al interior de la comisaría en que cumple prisión preventiva por el homicidio del joven mapuche. Aquí desclasifica cómo se viven estas horas en la zona roja de La Araucanía, luego de que -según dice- "el Alto Mando nos diera la espalda".
La cita con el edil de Valparaíso Jorge Sharp había sido solicitada por el mismo comunero y el encargado de gestionarla fue el senador RD Juan Ignacio Latorre, quien también participó del encuentro, un desayuno en la municipalidad.
Camilo Catrillanca Con incidentes termina manifestación a un mes del homicidio de Camilo Catrillanca
Protesta se realizó en Plaza Italia. La UOCT informó de cortes de tránsitos en calles aledañas.
Cuatro comuneros estuvieron con Camilo y M.A.P.C. (15) trabajando el 14 de noviembre para terminar la base de la casa que el joven mapuche de 24 años nunca podrá habitar. En sus testimonios -que desacreditan la versión de que Catrillanca y el adolescente que fue testigo de su muerte participaron del asalto a las profesoras- cuenta cómo un día normal de festejo se convirtió en una tragedia.
¿Cómo y con qué líderes se debería trabajar en un acuerdo para solucionar el conflicto mapuche? La respuesta nunca ha sido sencilla y se complejizó tras el homicidio de Camilo Catrillanca, que fortaleció a los grupos que reivindican la violencia para manifestar su posición.
Un fuerte contingente de Carabineros debió controlar a los manifestantes que se concentraron en la estación Manquehue del Metro, los que con pancartas exigieron la salida del Ministro del Interior por la responsabilidad que le cabe en el asesinato del comunero mapuche y el retiro del Comando Jungla de La Araucanía.
Desde el gobierno reconocieron la desconfianza que existe en el sector con la policía uniformada, a diferencia de sus pares civiles, quienes instalaron una oficina comunitaria en la zona más conflictiva de la población.
Ha trascendido que el abogado asumiría la defensa de tres de los ex funcionarios: Raúl Ávila, Patricio Sepúlveda y Braulio Valenzuela, y en suma, las familias tendrían que desembolsar cerca de 50 millones de pesos. En conversación con La Tercera, adelanta que ya ha podido conocer algunos antecedentes que "darían un vuelco en el caso".
"Existe el temor en los recurrentes (...) dado la existencia de constantes procedimientos de distintas naturaleza, como; allanamientos, vigilancia; controles preventivos de identidad, los cuales, no se sujetarían a la normativa constitucional, ni legal", consigna una parte del fallo del tribunal de alzada.
El decreto que, entre otras cosas, controla el uso de armas, debía estar vigente el 11 de marzo y buscaba impedir muertes como la de Alex Lemun en 2002. La administración de Bachelet ingresó un documento el 9 de marzo, pero Contraloría lo representó por deficiente en abril. Tras ello se trabajó en el nuevo texto que fue firmado un día antes del crimen de Catrillanca.
