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Como si avanzar en el Programa de Emergencia Habitacional no bastara, la crisis derivada de los líos de platas entre fundaciones e instituciones del Estado ha llevado al Programa de Asentamientos Precarios del Minvu a una difícil situación, generando preocupación tanto en organizaciones de la sociedad civil como entre los propios funcionarios del programa, quienes han transmitido sus inquietudes al Presidente. Mientras tanto, el secretario de Estado enfrenta el desafío de calmar las aguas en los Serviu del país, que amenazan con movilizaciones y paros.
Las lluvias amenazan los campamentos en La Florida, Talagante y Lampa. A raíz de eso se realizaron evacuaciones preventivas.
El ministro Carlos Montes sostiene que se trata de los más antiguos, "campamentos que llevan 30 años y que tienen condiciones especiales, como que se es dueño del suelo, tienen una factibilidad técnica para poder urbanizar y la normativa nos permite hacerlo". El último catastro del Minvu cifró en 1.432 los asentamientos a lo largo del país.
Una nueva caracterización realizada por Techo-Chile y Déficit Cero identificó cinco tipologías de asentamientos en los cientos de asentamientos que hay en el país, donde el 14,5% es catalogado como "Grandes migrantes", que significa que están compuestos casi en su totalidad por extranjeros.
El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) se preparó junto al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Techo y Déficit Cero para el presente proceso consultivo, lo que ha permitido ingresar a algunos campamentos en San Antonio, Talagante y Coronel, buscando concretar el catastro en los cerca de 1.500 asentamientos que existen en el país.
El fiscal regional occidente sostuvo que este tema "tiene que ver con las olas migratorias, la pandemia y la situación político-social en países vecinos".
Respecto a los desalojos de asentamientos irregulares, la autoridad indicó que las intervenciones policiales son "lo más fácil", pero que, "lo más complejo es sostener la presencia estatal".
"Hasta ahora, no veo discriminación”, aseguró la autoridad regional, llamando a “dejar de mirar cada medida que se toma con un prisma político-partidista”.
El Ejecutivo, a través de la Delegación Presidencial, ordenó el allanamiento de la toma en Maipú donde fue encontrado el cuerpo del teniente (R) Ronald Ojeda. Se desbarataron inmuebles usados como prostíbulos y discoteques. También hubo despliegue en Cerrillos.
El titular del Minvu afirmó que vivió a dos cuadras del Campamento Dignidad y conoce el riesgo que corren las familias instaladas en el lugar. La autoridad aseguró que desde el principió se planteó que "deberían salir a un campamento de tránsito".
Ciudadanos extranjeros fueron llevados a la Brigada de Investigación Criminal de la PDI de Maipú para ser sometidos a controles al mantener condición irregular en el país.
Los arrestos se han realizado desde diciembre de 2023 a la fecha, según comentó la delegada presidencial metropolitana, Constanza Martínez.
