El Presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, declaró la situación de emergencia por 60 días, que incluye toque de queda y la presencia de militares en calles y prisiones. “Se acabó el tiempo en que los condenados por narcotráfico, sicariato y el crimen organizado le dictaban al gobierno de turno qué hacer”, enfatizó el mandatario.
Además de los planes definidos por la Subsecretaría de Justicia para la ampliación de penales y para segregar a los internos más peligrosos, la cartera asume como desafío para 2024 potenciar a Gendarmería. Continúan, por lo mismo, en el análisis para poder implementar inhibidores de señal de celulares en los recintos penitenciarios.
Tras detectar que internos mantienen uso de los dispositivos electrónicos, pese a que están prohibidos en los recintos, el subsecretario Jaime Gajardo solicitó antecedentes al director de Gendarmería. Además, la autoridad de gobierno insistió en que se debe sancionar a quienes están ingresando estos elementos.
La institución pidió la autorización para cambiar a otras regiones a cuatro internos que se mantenían en prisión preventiva en el recinto de la Región del Ñuble, a quienes acusa de actuar de "manera colectiva y coordinada" para extorsionar a otros reclusos con dinero a cambio de no golpearlos o expulsarlos de las piezas de la cárcel.
Desde junio de 2022 se han realizado 28 operativos simultáneos, en los que se han incautado 20.329 armas blancas y 9.789 teléfonos celulares.
Este domingo el país volvió a decir no a la propuesta de nueva Constitución, con 55,76% de los votos del 'En contra' por sobre el 44,24% del ‘A favor’. El escenario se vivió similar en las cárceles de Chile a nivel nacional, donde un 32% se inclinó por el ‘A favor’, mientras que un 41% optó por el ‘En contra’.
Entre estos grupos, algunas son definidas como organizaciones criminales, siendo las de mayor peligrosidad y número el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa.
En el operativo también se decomisaron 644 armas blancas. Desde junio de 2022 a la fecha se han ejecutado 27 operativos simultáneos, sumando un total de 785 intervenciones en unidades penales.
La estadística, entregada por el defensor penal público, Carlos Mora, revela que desde mayo del año pasado la Defensoría Penal Pública ha recibido un total de 325 casos de violencia institucional de parte de agentes del Estado a personas recluidas en diferentes cárceles del país. Del total de casos, 298 corresponde a hombres y 27 a mujeres.
Hoy se realizó la decimoquinta intervención en lo que va de año en recintos penales. El procedimiento abarcó una población penal de 4.188 personas en 16 regiones del país.
La relatora especial de Naciones Unidas, Alice Jill Edwards, presentó este jueves sus observaciones tras una estadía de diez días en el país, que incluyó visitas a prisiones, comisarías de Carabineros y la PDI, hospitales psiquiátricos, centros de detención juvenil y unidades del Servicio Médico Legal.
A diez años del inicio del Proyecto Inocentes de la Defensoría Penal Pública, la institución dio a conocer el número de personas que han estado privadas de libertad y que después fueron declaradas inocentes. Del total de mujeres, más de cien de ellas son extranjeras. Mientras de que las 76 personas que integran la iniciativa de la institución, sólo seis han sido compensadas por el Estado.
El trabajo de la Asociación de Municipalidad de Chile tuvo como objetivo “conocer más en detalle datos del sistema penitenciario, alertar la falta de medidas concretas y determinar de qué forma los municipios pueden aportar en la reinserción social". De acuerdo al estudio, hay 138.335 personas privadas de libertad en distintos regímenes (abierto, cerrado y post penitenciario) y 45.769 están tras las rejas.
El ministro de Justicia, Luis Cordero, aseguró que “Gendarmería ha señalado y el gobierno comparte la doctrina de Gendarmería, que no pueden realizar visita de cárcel aquellas personas que no tengan regularizada su situación en el país, especialmente en recitos de máxima seguridad”.
