La parlamentaria está ad portas de conocer su sentencia de desafuero. Una vez entregado el fallo, la Fiscalía podrá formalizar a la congresista por el caso Democracia Viva.
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Las tres personas ya formalizadas en esta investigación tienen en común la militancia en el extinto partido Revolución Democrática y su relación con la diputada.
El fiscal jefe de Antofagasta, Cristián Aguilar, valoró la determinación e insistió en que la parlamentaria junto a Carlos Contreras, Daniel Andrade y Paz Fuica se concertaron con miras a defraudar al Fisco para "fines políticos". Por su parte, la defensa recalcó que se trata de imputaciones falsas y confirmó que recurrirán ante la Corte Suprema, junto con cuestionar lo "rápido" que el tribunal de alzada resolvió la petición del Ministerio Público.
El fiscal Cristián Aguilar espera encausar a la parlamentaria como autora de tres delitos de fraude al Fisco. A su juicio, ella fue quien propició la firma de convenios con que se afectaron gravemente las arcas estatales.
Parlamentaria aseguró que decisión de eliminar conversaciones fue “a propósito del festival de filtraciones que lidera la Fiscalía". Sobre el alcance del diálogo que tuvo con Miguel Crispi, dijo que solo se trató de una “conversación de pasillo” en el contexto previó de un cónclave en Cerro Castillo.
La solicitud de desafuero de la diputada sería revisada en febrero.
De acuerdo al fallo del tribunal de alzada, los argumentos esgrimidos por la defensa de la exautoridad no constituyen un antecedente en sí mismo para modificr la máxima medida cautelar.
Los abogados del mandamás de la disuelta fundación son claros en sostener que es completamente irregular que el Ministerio Público persiga responsabilidades por un fraude que ascendería a $426 millones, en circunstancias que solo se utilizaron -a juicio de ellos de forma regular- $131.615.700. Por lo mismo, hicieron entrega pormenorizada de los gastos e insistieron en que la otrora diputada RD no tuvo participación en tratos.
Cristián Aguilar pidió a efectivos de la Bridec de la PDI aclarar el vínculo entre la parlamentaria y los dos principales imputados en la investigación. Dado el escenario, querellantes adelantan que pronto habría novedades con su eventual formalización, aunque la defensa de la otrora militante de RD recalca que ya se ha descartado que haya tenido influencia. Atribuyen cuestionamientos a información divulgada de forma "tendenciosa".
Existen gestiones pendientes solicitadas tanto por las defensas de los imputados, como por el Consejo de Defensa del Estado y el propio Ministerio Público.
De acuerdo con lo planteado por el exseremi de Vivienda de Antofagasta, se habría omitido información relevante por parte del Ministerio Público. Por lo mismo, desde su defensa insisten en que si bien los seremis son quienes ejecutan los convenios, la facultad para elegir a las fundaciones recae en otras autoridades.
Un informe de la PDI revelado por la Segunda señala que la parlamentaria "habría tenido conocimiento desde julio del año 2022 del vínculo de su pareja, Daniel Andrade y Carlos Contreras, donde hay dinero involucrado y convenios con éste”.
Este lunes, volvió a ser formalizado por una alianza con una fundación y es indagado respecto a convenios con tres entidades además de Democracia Viva.
Se indagan tres convenios por $430 millones de Vivienda con fundación Fibra.
El fiscal jefe de Antofagasta, Cristián Aguilar, sigue tras los pasos del arquitecto y otrora militante de Revolución Democrática, por lo que ahora solicitó fecha para encausarlo por presuntos ilícitos en la suscripción de convenios con la Fundación para la Superación de la Pobreza. La diligencia tendrá lugar el próximo lunes 9 de septiembre.
