A casi una semana de cumplir su medida cautelar en la cárcel, la defensa del representante legal de Democracia Viva pidió a la Corte de Apelaciones de Antofagasta modificar su condición. Dice que la medida es "desproporcionada" y que no recibió “ningún peso proveniente de los $ 426 millones de pesos transferidos por la Seremi de Vivienda a la fundación". Carlos Contreras también apeló.
En más de una declaración de los funcionarios de la Seremi de Vivienda de Antofagasta ha quedado en evidencia que entre las personas contratadas por el exseremi Carlos Contreras existe un diseñador gráfico del cual no se conoce su trabajo, pese a recibir un sueldo. Esto generó que los trabajadores de la repartición le llamaran "el fantasma". Se pesquisa a este profesional, ya que según consta en el expediente del Ministerio Público registra movimientos bancarios con la diputada Catalina Pérez, quien está en la mira de la justicia.
Ambos imputados fueron formalizados por el fiscal Cristián Aguilar por tres delitos de fraude al Fisco en medio de la suscripción de convenios entre la ONG ligada a RD y la Seremi de Vivienda de Antofagasta. Y como determinó la magistrada, se expusieron elementos suficientes para acreditar su participación en los hechos.
El abogado Andrés Bustos indicó que buscará exonerar de responsabilidad a su representado. “Es imposible que un seremi de una región tenga la autonomía y la voluntad para aprobar convenios que son extremadamente complejos", destacó.
El Juzgado de Garantía de Antofagasta estimó que hay “antecedentes fundados de participación” de los imputados en los ilícitos indagados. Se fijó un plazo de investigación de seis meses.
Durante la primera jornada, el tribunal declaró legal su detención. "Ambos defraudaron al fisco y le provocaron un perjuicio ascendente a 426 millones de pesos”, expresó el fiscal Cristian Aguilar sobre los exmilitantes RD. Persecutor no descartó nuevas formalizaciones en el caso.
La policía elaboró un informe de 55 páginas en que analizó los teléfonos de algunos militantes del partido, llegando al chat de la directiva nacional de la época. Se detectó que Carlos Contreras eliminó mensajes con la encargada territorial de la diputada Catalina Pérez, que Daniel Andrade buscaba algún elemento "sospechoso" en su celular y que el senador Juan Ignacio Latorre pedía "defender" a Pérez y la subsecretaria Tatiana Rojas y "dejar caer" a Daniel Andrade y el exseremi de Vivienda. Desde el 6 de junio -diez días antes del escándalo- ya se olía una crisis de proporciones.
El documento tributario emitido por la ONG al partido oficialista evidenció que la organización no contaba con experiencia en trabajos realizados en campamentos, ya que era la primera factura que emitía Democracia Viva. Pese a que tanto Daniel Andrade como Carlos Contreras le habían asegurado a su partido que la fundación era idónea para la realización de focos group que luego serían rendidos ante el Servel, la propia directiva -al estallar el caso- se dio cuenta de que los militantes le habían mentido.
Tras conocerse la declaración de Tatiana Rojas, volvió a quedar en entredicho las explicaciones que ha brindado el ministro de Vivienda, Carlos Montes, quien recalca que no tuvo antecedentes hasta antes del 16 de junio, momento en que estalló el escándalo que involucra a organismos públicos y fundaciones.
La máxima autoridad del Ministerio Público dijo que los arrestos de los dos implicados en el denominado caso líos de platas “son una señal de que la justicia avanza” y destacó que la Fiscalía “habla con resultados”.
A través de una declaración pública, el equipo liderado por el abogado Andrés Bustos planteó que “si el objetivo era proceder con la formalización, ello podría haber sido llevado a cabo mediante la correspondiente citación".
“Nos parece muy bien que a esta altura el caso avance (...) Lo relevante en este caso es el paso que da el Ministerio Público ", agregó el titular de Vivienda luego de que se detuviera al exseremi del Minvu, Carlos Contreras y a Daniel Andrade, ex representante legal de Democracia Viva y expareja de la diputada Catalina Pérez.
Ambos serán formalizados este jueves en Antofagasta por varios delitos económicos.
La detención de la otrora autoridad fue solicitada por el fiscal jefe de Antofagasta y se concretó sólo minutos después de la de Daniel Andrade, director ejecutivo de Democracia Viva.
Esto, en el marco de la investigación que lleva adelante el fiscal Cristian Aguilar por el denominado caso líos de platas.
