Tras la declaración publicada por el ingeniero civil, donde aseguró que la "injusticia" que lo afecta "no quedará acá", quienes se han hecho parte del proceso le exigen que declare y entregue toda la información que está en su poder. Por su parte, Carlos Contreras también se prepara para entregar su testimonio ante el Ministerio Público.
Además de Daniel Andrade, Carlos Contreras y Catalina Pérez (suspendida), hay otro grupo de adherentes de RD que figuran como personas de interés –algunos como imputados y otros como testigos- en la causa en que se indagan los negocios y redes de Democracia Viva. Tatiana Rojas, Miguel Crispi, Paz Fuica y Rodrigo Hernández, entre otros, componen un listado donde también podrían haber sanciones administrativas dentro del partido. Así fue como la tienda del exministrio Giorgio Jackson -una de las colectividades ancla del Frente Amplio- cierra su 2023 inmerso en una crisis política y judicial que aún está lejos de resolverse.
Cecilia Millán La Rivera declaró ante la PDI sobre los motivos de este contrato ficticio, como también su militancia en el Frente Amplio. Desde el 2016 que está inscrita en Revolución Democrática, pero explicó que en 2020 renunció para unirse a "Convergencia Social para apoyar a Gabriel Boric durante su inscripción de candidatura. Una vez electo, volví a militar en RD". Expuso ante los detectives que fue contactada por Daniel Andrade solo para recibir la correspondencia de la ONG y recordó una visita que le hizo el ingeniero en septiembre del 2022, en compañía de su entonces pareja, la diputada Catalina Pérez. "Lo hice de buena fe como ayudas social y política", dijo.
"Jamás intercedí en favor de ninguna persona o fundación, actué siempre de buena fe, convencida de que lo realizado por el Minvu se ajustaba a la normativa vigente”, aseguró.
A casi una semana de cumplir su medida cautelar en la cárcel, la defensa del representante legal de Democracia Viva pidió a la Corte de Apelaciones de Antofagasta modificar su condición. Dice que la medida es "desproporcionada" y que no recibió “ningún peso proveniente de los $ 426 millones de pesos transferidos por la Seremi de Vivienda a la fundación". Carlos Contreras también apeló.
En más de una declaración de los funcionarios de la Seremi de Vivienda de Antofagasta ha quedado en evidencia que entre las personas contratadas por el exseremi Carlos Contreras existe un diseñador gráfico del cual no se conoce su trabajo, pese a recibir un sueldo. Esto generó que los trabajadores de la repartición le llamaran "el fantasma". Se pesquisa a este profesional, ya que según consta en el expediente del Ministerio Público registra movimientos bancarios con la diputada Catalina Pérez, quien está en la mira de la justicia.
Ambos imputados fueron formalizados por el fiscal Cristián Aguilar por tres delitos de fraude al Fisco en medio de la suscripción de convenios entre la ONG ligada a RD y la Seremi de Vivienda de Antofagasta. Y como determinó la magistrada, se expusieron elementos suficientes para acreditar su participación en los hechos.
El abogado Andrés Bustos indicó que buscará exonerar de responsabilidad a su representado. “Es imposible que un seremi de una región tenga la autonomía y la voluntad para aprobar convenios que son extremadamente complejos", destacó.
El Juzgado de Garantía de Antofagasta estimó que hay “antecedentes fundados de participación” de los imputados en los ilícitos indagados. Se fijó un plazo de investigación de seis meses.
Durante la primera jornada, el tribunal declaró legal su detención. "Ambos defraudaron al fisco y le provocaron un perjuicio ascendente a 426 millones de pesos”, expresó el fiscal Cristian Aguilar sobre los exmilitantes RD. Persecutor no descartó nuevas formalizaciones en el caso.
La policía elaboró un informe de 55 páginas en que analizó los teléfonos de algunos militantes del partido, llegando al chat de la directiva nacional de la época. Se detectó que Carlos Contreras eliminó mensajes con la encargada territorial de la diputada Catalina Pérez, que Daniel Andrade buscaba algún elemento "sospechoso" en su celular y que el senador Juan Ignacio Latorre pedía "defender" a Pérez y la subsecretaria Tatiana Rojas y "dejar caer" a Daniel Andrade y el exseremi de Vivienda. Desde el 6 de junio -diez días antes del escándalo- ya se olía una crisis de proporciones.
El documento tributario emitido por la ONG al partido oficialista evidenció que la organización no contaba con experiencia en trabajos realizados en campamentos, ya que era la primera factura que emitía Democracia Viva. Pese a que tanto Daniel Andrade como Carlos Contreras le habían asegurado a su partido que la fundación era idónea para la realización de focos group que luego serían rendidos ante el Servel, la propia directiva -al estallar el caso- se dio cuenta de que los militantes le habían mentido.
Tras conocerse la declaración de Tatiana Rojas, volvió a quedar en entredicho las explicaciones que ha brindado el ministro de Vivienda, Carlos Montes, quien recalca que no tuvo antecedentes hasta antes del 16 de junio, momento en que estalló el escándalo que involucra a organismos públicos y fundaciones.
La máxima autoridad del Ministerio Público dijo que los arrestos de los dos implicados en el denominado caso líos de platas “son una señal de que la justicia avanza” y destacó que la Fiscalía “habla con resultados”.
A través de una declaración pública, el equipo liderado por el abogado Andrés Bustos planteó que “si el objetivo era proceder con la formalización, ello podría haber sido llevado a cabo mediante la correspondiente citación".
