Sebastián Vergara declaró como testigo el pasado 21 de enero y ante los investigadores relató los pasos que se siguieron en la cartera tras el estallido del caso. Reconoció que sabía sobre quiénes eran los dueños del inmueble que se pretendía comprar, pero que él poco y nada participó de los procesos. Cuando la ministra titular, Marcela Sandoval, estuvo de vacaciones, afirmó, nunca se le comunicó que había asuntos pendientes.
La portavoz (s) del Ejecutivo, Aisén Etcheverry, salió a responder por el nuevo antecedente respecto a la fallida adquisición del inmueble del fallecido expresidente, que da cuenta que en medio de las negociaciones con la familia Allende-Bussi, el gobierno aumentó el precio de $828 millones, a $922 millones.
A pesar de que Chile Vamos y republicanos están trabajando juntos en su redacción, el libelo, que será presentado este lunes, hoy no tiene los respaldos suficientes para ser aprobado. Una vez iniciado el juicio constitucional, al gobierno solo le queda afirmar a la ministra.
En la causa penal por la fallida compra de la casa del expresidente declaró el jefe de la División de Bienes Nacionales. Ahí detalló que tras formalizarse la compra del inmueble por $ 828 millones, la familia Allende-Bussi ingresó una carta -fechada el 9 de octubre- para reclamar y en 14 días el Ejecutivo consideró una nueva tasación y el precio subió a $ 922 millones. La Fiscalía indaga si es regular este tipo de “modificación exprés” y si se ha hecho en otras adquisiciones del Estado.
El abogado Leonardo Moreno fue tajante en sostener que nunca recibió alertas respecto de inconvenientes o incompatibilidades en la compra, rebatiendo así la versión entregada por la exministra Marcela Sandoval. Según dijo ante los investigadores, recién el 22 de enero se enteró de que había una minuta del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, con escasos detalles.
En su declaración ante el fiscal Patricio Cooper, el abogado del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (Serpat), José Cortés, afirmó que en marzo de 2024 se reunió con un representante de la familia Allende, quien le entregó un documento donde se proponía que tras la venta del inmueble, la administración de este quedara en manos de la Fundación Salvador Allende.
El texto presentado por Raimundo Palamara y John Reid se sostiene en las inhabilidades de los ministros para poder sostener contratos con el Estado. El TC había rechazado el pasado 10 de febrero una acción de la misma índole por parte de los abogados.
El jefe de la cartera de Bienes Nacionales aseguró que la alerta que correspondía a haber levantado al Palacio de La Moneda "no se hizo".
Personeros del PPD, PS y FA han apuntado contra el asesor del Segundo Piso. El abogado fue advertido de las consecuencias políticas y de un potencial conflicto de interés que implicaba el negocio por el inmueble. Pese a eso, la transacción siguió su curso.
Parlamentarios del propio oficialismo han expresado que el abogado de 65 años -que trabajó en la administración Lagos- debe salir del gobierno. Llegó al equipo de Crispi en 2022, se encarga del seguimiento de compromisos presidenciales y fue quien monitoreó -y habría presionado- la concreción de la polémica transacción que implicó la primera crisis que enfrentó el Ejecutivo en 2025.
El Equipo de Casos Complejos de la Fiscalía Regional de Coquimbo oficiará al gobierno a fin de que remitan los antecedentes en base a los cuales se decidió contratar al abogado Jonatan Valenzuela. Asimismo, analiza si citará o no tanto al mencionado profesional como al propio Mandatario.
La acción legal había sido interpuesta por los abogados Raimundo Palamara Stewart y John Reid Echenique. Sin embargo, el organismo decidió no seguir adelante con la tramitación, por no cumplirse los requisitos formales que contempla la Constitución. Uno de los abogados que presentó la acción señaló que revisarán el fallo y volverán a insistir.
El organismo había postergado un pronunciamiento respecto a presentación que busca destituir a la actual ministra de Defensa.
El abogado representante de la parlamentaria entregó una contestación de 47 páginas en donde resume los requerimientos, entrega antecedentes y solicita el oficio de entidades del Estado.
Abogados John Reid y Raimundo Palamara desembolsaron los $ 500 mil solicitados por el tribunal, que ahora deberá definir la admisibilidad de la solicitud presentada por los juristas, que busca que la secretaria de Estado sea destituida.
