A 13 de años de presentado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró admisible el recurso de 1.403 personas afectadas quienes acusan que el Estado de Chile violó una serie de derechos humanos en la entrega de las casas que comenzaron a lloverse en el invierno de 1997. El Estado, por su parte, argumenta que las personas afectadas ya fueron reparadas en tribunales nacionales.
