Según un análisis de LyD, la diferencia de la población inmigrante entre los datos de la Casen 2020 y 2022 es de 400 mil personas. Además, se refleja un cambio en las características de los inmigrantes, quienes pasaron a ser una población más vulnerable en términos de pobreza (por ingresos y multidimensional), algo que era distinto hace una década.
De acuerdo al Centro de Políticas Migratorias, además en la pobreza multidimensional, la tasa de los niños, niñas y adolescentes migrantes duplica a la de los no migrantes, con 36,6% y 17,1% respectivamente.
Un informe del Centro de Políticas Migratorias también destaca que a mayor tiempo en el país, mayores son las remuneraciones de los extranjeros. Mientras que quienes “han llegado más recientemente al país, tienden a emplearse en mayor proporción en empleos informales, que requieren menor calificación y que son peor pagados”.
De acuerdo con un informe de LyD, que analizó la base de datos de la Casen en 2022, el decil I -el 10% de menores ingresos- presentó una participación de 30,1% y una ocupación de 19,3%, reduciéndose en 3,3 y 4,4 pp, respectivamente con respecto a 2017. “Dichas tasas son las más bajas desde que se tienen datos para este decil”, sostiene el informe.
La sorpresiva tasa de 6,5% que arrojó la Encuesta Casen 2022 conocida esta semana, la más baja en la historia del país, ha vuelto las miradas hacia la relevancia de las ayudas sociales en apuntalar los ingresos de las personas. Sin embargo, a ello hay que agregar otra fuente que tuvo un rol clave en la medición: el llamado alquiler imputado, que representó casi la mitad de los ingresos totales en los hogares de menores recursos. En lo preocupante, los expertos advierten sobre la caída de los ingresos del trabajo.
Los datos de la Encuesta Casen 2022 mostraron el impacto de los mayores subsidios en la diferencia de ingresos por hogares en el país. Otros indicadores de desigualdad también mostraron bajas.
El Ministerio de Desarrollo Social también informó que la canasta básica de alimentos alcanzó en marzo los $64.384. Esta cifra representa una variación mensual de 0,1% y una acumulada de 19% en doce meses. Así, el alza anual bajó del 20% luego de ocho meses.
De acuerdo con la última información entregada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, el monto para la línea de la pobreza de un hogar de una persona equivalente, fue de $216.849 en noviembre. Este, de acuerdo a los expertos, es el que se utilizará de referencia para medir los indicadores de pobreza que este año se verán presionados por los altos índices de inflación.
Paula Poblete detalla que actualmente el proceso de la encuesta Casen está en su fase de piloto y que el levantamiento de información se realizará del 1 de noviembre al 31 de enero de 2023. Anticipa que las cifras de pobreza se conocerán en julio del próximo año y, por ello, enfatiza que solo en ese momento se podrá saber con certeza qué pasó con este indicador. Agrega que la Cepal será la entidad encargada de medir la pobreza.
De acuerdo a un informe de LyD, el incremento en los precios de los alimentos llevaría a que la tasa de pobreza suba de 10,8% a 11,6%, mientras que la extrema pobreza pasaría de 4,3% a 4,5%. Medidas focalizadas a los sectores más vulnerables ayudaría a contrarrestar los efectos de la inflación en este grupo de personas.
La directora ejecutiva del Centro de Microdatos, Lorena Flores, y el director del Departamento de Economía de la Facultad de Economía y Negocios de la misma casa de estudios, Fabián Duarte, serán los encargados de encabezar este proceso que volverá a ser 100% presencial, luego del cambio metodológico impuesto por la situación sanitaria de 2020.
El IPC registró en mayo un alza anual del 11,5%, su mayor nivel en 28 años, y las perspectivas apuntan a que terminará 2022 en torno al 10%. Esto tiene implicancias directas en la calidad de vida de las personas de menores recursos. Por ejemplo, la línea de la pobreza cerraría el año en $ 207 mil: más de 170 mil personas podrían caer en la pobreza y casi 60 mil en la extrema pobreza.
De esta manera, la Universidad de Chile le gana el duelo al Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, quienes realizaron el proceso desde 2017. El levantamiento de la información se realizará entre el 1 de noviembre de 2022 y el 31 de enero de 2023.
El veredicto se conocerá este viernes 17 de junio. De acuerdo a quienes conocen este proceso, y considerando que la fecha del trabajo de campo es entre noviembre de 2022 y enero de 2023, los plazos previos de preparación de quien de adjudique la licitación serán bastante acotados.
