Desde 2018 el regulador ha realizado 58 denuncias ante el Ministerio Público relacionadas con 193 plataformas web que explotarían comercialmente juegos de azar en línea de manera ilegal. En 2024 se han presentado 10 denuncias, que apuntan a 145 páginas web. Carlos Baeza, abogado de la Agrupación de Plataformas de Apuestas en Línea (Betsson, Betano, Coolbet, Latamwin y Betwarrior), explicó que las apuestas en línea en Chile no están prohibidas y constituyen hoy un mercado no regulado.
Un mes después de los allanamientos a los ejecutivos de Enjoy, Dreams y Marina del Sol, los socios canadienses de Clairvest acusaron en una carta a Nicolás Imschenetzky, presidente de Marina del Sol, de ocultar información y actuar de manera unilateral en la solicitud de clemencia ante la Fiscalía Nacional Económica (FNE). Los directores de Clairvest lo criticaron por intentar protegerse a sí mismo y a su empresa familiar Valmar, "implicando falsamente" a Clairvest en el esquema de colusión, según indican.
El solo hecho que otra vez el país sea sacudido por una denuncia que compromete la libre competencia daña la imagen de todo el sector privado. De comprobarse efectiva la acusación de la FNE, cabe esperar las máximas sanciones.
Esto, "responde a una eventual pérdida de flujos para la compañía, en caso de materializarse el término anticipado de las concesiones mencionadas anteriormente, o una renovación, pero con una mayor carga de inversiones. Ello, sumado al pago de la multa", dijo la clasificadora de riesgo.
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El empresario es dueño del casino de Santa Cruz, que compite directamente con el mayor centro de juegos del país, Monticello, propiedad de la compañía que se lleva la multa más alta en la acusación de la Fiscalía Nacional Económica. Cardoen es cauto respecto de la acusación a sus competidores: "Muchas veces en este país se condena a la gente cuando es imputada, pero no cuando se han demostrado sus delitos”.
La Fiscalía Nacional Económica (FNE) solicitó multas históricas de US$152 millones contra Dreams, Enjoy y Marina del Sol por colusión en licitaciones de casinos. La FNE destacó la gravedad del daño a los ingresos municipales, el beneficio económico ilícito obtenido y la necesidad de disuadir futuras prácticas similares, entre otros elementos.
La Fiscalía Nacional Económica acusó a cinco personas de orquestar una colusión para no competir en el mercado de los casinos. Los tres presidentes de Enjoy, Marina del Sol y Dreams, además de dos gerentes de esta última, pactaron, según el organismo, no competir entre ellos por 14 plazas de casino concursadas entre 2021 y 2022. Marina fue el delator, no tendrá multa, pero arriesga dos permisos de operación. Para Dreams, se pidieron US$ 112 millones en la mayor multa de la historia y la revocatoria de cuatro licencias de casinos. Enjoy arriesga US$ 37 millones y cuatro operaciones. Entre todas ellas, las dos más cercanas a Santiago: Rinconada Los Andes y San Francisco de Mostazal. Los cinco acusados tienen entre 49 años, el menor, Nicolás Imschenetzky, y 66 años, el mayor, el empresario Claudio Fischer, el más acaudalado del grupo.
El debate entre los abogados de libre competencia se centra en dos cosas. La primera, la multa solicitada a Dreams por US$112 millones, que es la más alta de la historia y duplica los US$46 millones ganados por la firma desde 2014. Para algunos es justificada; otros cuestionan el cálculo. La segunda: la petición de anular cuatro permisos de Dreams, cuatro de Enjoy y dos de Marina del Sol. Esta última se acogió a la delación compensada. Un castigo de este tipo, creen algunos, podría desincentivar el uso de esa herramienta.
“Lamentamos y rechazamos que la autodenuncia por parte de un tercero involucre a Enjoy S.A. en hechos de colusión en los cuales no ha tenido ninguna participación". dijo la compañía.
De acuerdo a la FNE, desde esta aplicación se fraguaron las reuniones entre el expresidente del directorio de Marina del Sol, Nicolás Imschenetzky y el exgerente general de Dreams, Jaime Wilhelm.
"Las penas o las sanciones que se están pidiendo son las más altas que se han pedido en la implementación de este tipo de ley. Estamos hablando de US$150 millones. La evidencia que tiene la Fiscalía es muy contundente", dijo el secretario de Estado.
"Se tiene que fiscalizar y revisar todos los antecedentes hasta llegar al final", comentó el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes.
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