En febrero, el polémico juez de primera instancia presentó una querella contra los jueces de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj y Antonio Ulloa, luego de que se conocieran chats entre ambos magistrados y el abogado Luis Hermosilla. En medio de esa nueva hebra del caso Audio, este lunes se produjo un allanamiento en el Palacio de Tribunales y dos domicilios particulares.
En el marco de la investigación sobre presuntos delitos de corrupción en nombramientos del Poder Judicial, trascendió que el excoordinador de seguridad para la Macrozona Sur estuvo a punto de ser allanado, pero la medida intrusiva fue rechazada por el tribunal pues Fiscalía no detalló el domicilio del abogado. El abogado, quien hoy participa del comando de Evelyn Matthei, evaluó congelar su colaboración, pero echó pie atrás tras ser notificado por la policía de su condición en la indagatoria.
Un resumen ejecutivo con lo que tienes que saber hoy.
La diligencia, de la Fiscalía de O’Higgins, fue dirigida en contra del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, quien es investigado por sus chats con el abogado Luis Hermosilla en la que hablaban sobre presuntas influencias en nombramientos en el Poder Judicial el 2021. También contra Héctor Mery, actual ministro del TC y el exasesor de Presidencia Andrés Sotomayor.
En el marco de una de las aristas del “caso Audio”, la PDI este lunes realizó diligencias intrusivas contra los ministros Ulloa (Corte de Santiago), Mery (TC) y el exasesor de Presidencia del gobierno de Piñera, Andrés Sotomayor, por sus chats con Luis Hermosilla. Pese a que el excoordinador de la Macrozona Sur, Pablo Urquízar, estaba en el listado de las pesquisas, el tribunal rechazó la incautación de su celular.
La diligencia se dio con una orden judicial y corresponde a la investigación por el presunto tráfico de influencias en los nombramientos judiciales. También se allanó el domicilio del ministro del Tribunal Constitucional (TC) Héctor Mery.
El abogado fue beneficiado con arresto domiciliario tras 205 días en Capitán Yáber, mientras que desde el Ministerio Público señalan que su libertad pone en riesgo la investigación y la seguridad pública.
Si bien su resolución más reciente ocurrió este jueves –después de que cambió la prisión preventiva de Luis Hermosilla–, la magistrada ha debido abordar otras causas complejas desde 2003 –cuando ingresó al Poder Judicial–, como los casos del sacerdote John O’Reilly y del empresario Claudio Spiniak. Su fallo por el penalista llegará ahora a la Corte de Santiago, que revisará la apelación de la jueza, y más de algún integrante deberá inhabilitarse de revisar el caso por sus chats con el profesional.
Tras 205 tras las rejas, el tribunal accedió a cambiar la medida cautelar del protagonista del caso Audio por arresto domiciliario total. Lo anterior, ya que según la jueza Andrea Díaz-Muñoz las circunstancias actuales en las que se encuentra el imputado cambiaron y ya no significaría su libertad un peligro para la sociedad, ni la investigación.
Pesó un informe psicológico y un peritaje social. "La libertad de una persona se encuentra reconocida en nuestra Carta Fundamental (...) al igual que el principio de inocencia, mientras sea objeto a una investigación penal, y la privación de libertad, por ende, es de carácter excepcional”, indicó Andrea Díaz-Muñoz en su resolución.
"Lo que tenemos que esperar es lo que decida la Corte de Apelaciones. Eso es lo único que yo voy a decir”, señaló en un escueto diálogo con la prensa.
Vistiendo una camisa blanca, sin chaqueta ni corbata, luego de 205 días en prisión preventiva en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber, Hermosilla abandonó el Centro de Justicia para cumplir arresto domiciliario total y arraigo nacional.
Tras 205 días en Capitán Yáber, el protagonista del caso Audio cumplirá arresto domiciliario.
"Lo que hay que hacer es llevar esta causa a juicio, eso es lo que hay que hacer, llevar esta causa a juicio y parar las filtraciones y obligar a que los fiscales se comporten conforme a la ley como nos exigen legítimamente a todo el resto de los ciudadanos”, señaló.
Decisión la tomó la jueza Andrea Díaz-Muñoz Bagolini, que en su momento rechazó una petición para allanar la residencia del abogado y que también fue la que autorizó la incautación del teléfono móvil del penalista en noviembre de 2023. El letrado dejó Capitán Yáber tras 205 días.
