El exministro del Interior solicitaba sanciones en una querella por injurias y calumnias contra los parlamentarios que le imputaron haber participado en una serie de delitos en el marco del libelo acusatorio contra la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco.
Esta semana se llevó a cabo una 'megaformalización' en el marco del caso Audio y su arista Factop. En el programa de streaming 'Desde la Redacción', el subeditor de La Tercera, Víctor Cofré explicó el entramado que rodea al factoring Factop y que tiene a Daniel Sauer y a los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff con riesgo de cumplir prisión preventiva, acusados por la Fiscalía Metropolitana oriente de lavado de activos, estafa y administración desleal. Todos los detalles en el video.
En caso de la diputada, el Consejo apunta a su presunta participación en calidad de cómplice del delito de fraude al Fisco. Contra el fiscal, la acción es por su presunta responsabilidad en la divulgación de información relativa a la divulgación de antecedentes protegidos.
El propietario de Factop y STF Capital, entregó los detalles de cómo, en el Anexo Cárcel Capitán Yáber, el abogado Luis Hermosilla le contó la reunión que mantuvo con el exministro Andrés Chadwick y con Ángel Valencia, reiterando que este último se había comprometido a entregar información sobre las causas del expresidente Sebastián Piñera.
El caso por la publicación de chats de Luis Hermosilla avanza y el investigador a cargo ya ha tomado una serie de determinaciones. Una de ellas fue agrupar las aristas que surgieron por la querella presentada por la defensa del abogado que hoy está en prisión por el caso Audio, junto con las denuncias que han presentado otros imputados como el exfiscal Manuel Guerra, además de la acusación que pesa en contra de un abogado del PS. Entre las determinaciones más importantes está que en ningún caso se realizarán diligencias que afecten el secreto profesional de los periodistas que han publicado dichas conversaciones.
En total fueron 20 personas que son formalizadas desde este lunes. A los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff, ex socios de Patio, la Fiscalía les imputará delitos tributarios, estafa y lavado de activos. A Álvaro Jalaff le sumó el delito de soborno. Los ocho ejecutivos de Larraín Vial serán acusados de infringir la Ley de Mercado de Valores y administración desleal: seis de ellos como autores, los otros dos, Manuel Bulnes y Felipe Porzio, por "facilitar medios" para cometer los delitos.
Actualmente, el recinto "vip" de Avenida Pedro Montt solo tiene capacidad para albergar a 13 personas. Por ahora, desde el gobierno descartaron ampliaciones y una zona "especial" para mujeres privadas de libertad.
El exministro del Interior tuvo que acudir dos veces el año pasado a la fiscalía a prestar testimonio en causas emanadas del caso Audio. En la segunda ocasión, el 29 de noviembre, abordó varias consultas de los fiscales, como los pagos de honorarios al abogado Luis Hermosilla, el llamado a un comisionado de la CMF y una supuesta intervención con Sebastián Sichel para obtener un crédito en el Banco Estado.
“Estamos reuniendo los antecedentes necesarios para acabar la investigación y cuando se tengan esos antecedentes probablemente se van a tomar decisiones respecto a otras personas”, afirmó el fiscal Felipe Sepúlveda.
Al penalista se le imputó el delito de tráfico de influencias, siendo acusado de haber realizado gestiones a favor del Grupo Patio durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera a cambio de dineros que habría recibido a través de Factop. El asunto, fue descartado por su defensa, quien incluso pidió su sobreseimiento y la formalización de la fiscal Oriente, Lorena Parra.
El abogado asistió en forma presencial a la audiencia en el Centro de Justicia.
"El tribunal va a estar de acuerdo con nosotros”, señaló confiado el persecutor Miguel Ángel Orellana.
“Aquí están pasando puras cosas raras”, afirmó el defensor Juan Pablo Hermosilla.
Un resumen ejecutivo con lo que tienes que saber hoy.
Según el Consejo de Defensa del Estado, el abogado protagonista del caso Audio “ejerció influencias indebidas” sobre funcionarios que debían resolver los permisos para la instalación del megaproyecto industrial del Grupo Patio en Lampa.
