El desaforado parlamentario que cumple prisión preventiva en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco podría quedar con arresto domiciliaron total.
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En 35 páginas, la defensa de la diputada (ex-FA) pide al máximo tribunal intervenir y revertir la sentencia del tribunal de alzada nortino, que visó su formalización en el denominado caso Convenios. En el libelo acusa a los ministros de su región de haber permitido al Ministerio Público incorporar en la acusación que pesa contra ella imputaciones que no han pasado por el control de tribunales. Con esto, sostiene, se ha vulnerado su derecho a defensa y permite que en el futuro la Fiscalía pida el desafuero por cualquier delito que luego en juicio pueda recalificar.
Según informó el fiscal Carlos Cornejo, el Ministerio Público buscará realizar una audiencia única para todos los involucrados en la causa.
El jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional aborda las críticas por la lentitud en la tramitación de algunos casos que involucran dineros fiscales que fueron entregados de forma irregular a fundaciones. A 20 meses de que se abriera la primera arista del caso, insiste en que se investigará sin límite a todos los involucrados. Durante 2025, adelanta, esta megainvestigación entrará en su año clave y varias causas podrían llegar a juicio y otras nuevas aristas se llevarán ante tribunales.
El parlamentario se encuentra en prisión preventiva por tres delitos de faude al Fisco en la arista Manicure.
La fiscalía investiga el traspaso de $730.000.000 desde el Gobierno Regional de La Araucanía a las fundaciones Folab y Educc.
En conversación con La Tercera, la diputada criticó el trabajo del Ministerio Público y afirmó que “equivocarse políticamente no puede implicar una consecuencia penal y eso es lo que busca hacer la Fiscalía”.
La parlamentaria, quien el próximo 10 de febrero deberá enfrentar una solicitud de desafuero presentada en su contra, reconoció ser “muy consciente" de que las consecuencias políticas por el estallido del caso "no las asumí solo yo, sino que también mi coalición, mi partido y el gobierno”.
La decisión del tribunal revocó la resolución del Juzgado de Garantía de Temuco -dada el pasado 20 de enero- en el que decretaba las medidas cautelares de firma quincenal, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los coimputados para Juan Pablo Leonelli.
No obstante, la timonel frenteamplista sostuvo que los supuestos nuevos antecedentes del caso Convenios que involucran al jefe de asesores del Mandatario ya eran conocidos desde el año pasado y que no cree que se haya intentado ocultar información. Aunque recalcó que en este tipo de casos no hay defensas corporativas.
Parlamentaria aseguró que decisión de eliminar conversaciones fue “a propósito del festival de filtraciones que lidera la Fiscalía". Sobre el alcance del diálogo que tuvo con Miguel Crispi, dijo que solo se trató de una “conversación de pasillo” en el contexto previó de un cónclave en Cerro Castillo.
El persecutor regional de Coquimbo, Patricio Cooper, estará a cargo de las investigaciones tras la querella interpuesta por la Fundación Fuerza Ciudadana, en la que solicita indagar el presunto delito de fraude al Fisco que se habría producido en la frustrada adquisición de la propiedad de Guardia Vieja.
El desaforado diputado es investigado por traspasar de manera irregular más de $730 millones a dos fundaciones.
El desaforado diputado por la Región de La Araucanía es investigado por su participación directa en el conocido como caso Manicure y lleva casi diez días recluido en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco.
A más de un año de la entrega de 46 recomendaciones para mejorar la gestión de recursos públicos por parte de comisión de probidad creada luego de los líos de platas entre fundaciones e instituciones del Estado para que estudiara medidas legislativas y administrativas, el informe de seguimiento revela un cumplimiento parcial y reformas estancadas.
