El imputado, quien es un antiguo asesor de la exdiputada Marta Isasi, estaba siendo buscado desde 2019.
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En entrevista con La Tercera Domingo el exsenador UDI dijo que estaba preparando su arribo al penal en donde debe cumplir pena efectiva de cárcel por los delitos de cohecho y fraude al fisco reiterados, luego que la justicia rechazara el recurso que buscaba anular su juicio en el caso Corpesca. Sin embargo, el jueves 11 se envió al tribunal de alzada capitalino la última chance judicial que tiene el exparlamentario de evitar la cárcel, un recurso que exige que se le brinde el beneficio de la libertad vigilada por cumplir con todos los requisitos y cuya tramitación se prevé dure meses.
La Primera Sala del organismo, de forma unánime, decidió visar el primer trámite con que el exsenador UDI busca declarar inconstitucional la norma del Código Orgánico de Tribunales que permite que haya sido condenado por mayoría y no de forma unánime, lo que, a su juicio, afecta la presunción de inocencia y el estándar probatorio que exige la ley, que es dictar una condena "más allá de toda duda razonable". A juicio de la defensa del exparlamentario, el que haya sido absuelto por una de las juezas del Tercer Tribunal Oral instala esa duda. El TC dio 10 días para que el Ministerio Público conteste a esta arremetida.
En una nueva estrategia judicial, la defensa del exparlamentario UDI acudió esta vez al Tribunal Constitucional (TC) pidiendo que se declaren inconstitucionales las normas del Código Orgánico de Tribunales que permitieron condenarlo por cohecho y fraude al Fisco por una decisión de dos de las tres jueces que participaron en el juicio oral en que resultó condenado en voto de mayoría. A juicio de los abogados, el que se declare culpable a una persona sin que haya unanimidad afecta la presunción de inocencia y el estándar probatorio que exige la ley en Chile, que es que se sentencie a una persona "más allá de toda duda razonable", por lo que si uno de los magistrados absuelve, se instalaría entonces esa duda. En paralelo, los recursos de nulidad están ahora radicados en la Corte de Santiago, luego de que el máximo tribunal del país los declarara inadmisibles.
Se van a cumplir siete años desde que la Fiscalía descubrió lo que calificó como un mecanismo de financiamiento ilegal de campañas políticas en que se ocultaban aportes de empresas, no declarados, bajo supuestos servicios que nunca fueron prestados y que permitieron, a quienes obraron como mecenas, rebajar impuestos. En junio comenzarán a cerrarse las causas más emblemáticas que quedan. Después de la condena por delitos de corrupción contra Jaime Orpis, se abrirá el telón para que el líder del PRO, Marco Enríquez-Ominami, y el exsenador UDI Pablo Longueira jueguen sus últimas cartas en la arena judicial.
El Ministerio Público solicitó en la acusación penas que en total sumaban 21 años de cárcel contra el exsenador UDI, luego de que el Tercer Tribunal Oral desestimara los delitos tributarios, pidió 11 años de cárcel y la justicia, finalmente, aplicó dos penas: una de cinco años y un día por fraude al Fisco reiterado y 600 días por cohecho. Ya con el plazo vencido, ni el ente perseguidor penal ni el representante de la defensa estatal presentaron recursos de nulidad en contra de la sentencia. El único querellante que quedó en esta batalla fue el Servicio de Impuestos Internos (SII), que insistió y pide anular y que se condene al exparlametario por delitos tributarios de financiamiento ilegal de la política.
A través de un recurso de nulidad, el exsenador UDI pidió al máximo tribunal que deje sin efecto el juicio en el que fue hallado culpable sólo por los delitos de cohecho agravado y fraude al Fisco reiterados y por el cual recibió una pena efectiva en el denominado caso Corpesca. Para lograr esto, acusa graves infracciones a la ley en el fallo del Tercer Tribunal Oral. De no ser acogida esta arremetida judicial, su defensa solicitó a la Corte de Apelaciones de Santiago que corrija la sentencia y proceda a otorgar los beneficios para cumplir sus condenas de cinco años y un día y de 600 días en libertad.
“Nunca nadie compró mi conciencia ni mi voto, ni vendí mi libertad”, señaló en un comunicado el exparlamentario tras la sentencia que lo condenó a 5 años de presidio efectivo por fraude al Fisco y a 600 días de reclusión por cohecho. “Hasta el último día de mi vida sostendré mi inocencia”, agregó.
Hasta ahora, el partido al que renunció hace casi cinco años a causa del juicio que lo declaró ayer culpable de cohecho y delitos reiterados de fraude al fisco no ha hecho una declaración oficial. Ni para rescatar su historia gremialista, ni para opinar ante una sentencia ante la cual él no ha acusado persecución política. Solo algunos parlamentarios lo hicieron hoy. Varios otros, fuera de micrófono, dicen seguir en contacto con él.
Ayer el exsenador de la UDI fue condenado por fraude al fisco y cohecho, mientras que la exdiputada fue condenada por un delito de cohecho. A su vez, para Corpesca, condenada por soborno, el Ministerio Público solicitó una multa de 20.000 UTM (más de mil millones de pesos al día de hoy), 4 años y un día de prohibición de celebrar contratos con el Estado y la publicación del fallo en un diario de circulación nacional.
Fue en 2013 cuando el Ministerio Público abrió la primera causa en que se indagó penalmente delitos relacionados al financiamiento de políticos. Ninguna de las personas investigadas ha sido condenada en un juicio y los cuatro principales casos continúan abiertos. Hay algunos, eso sí, que ya están entrando a la recta final y uno hoy podría darse por cerrado. En este contexto, la Fiscalía Nacional dio a conocer un documento llamado “Informe de investigaciones por financiamiento irregular de la política”, que abarca los avances de estas aristas.
En sus últimas preguntas, la fiscal consultó acerca del momento en que Corpesca cesa los pagos a Orpis -mayo de 2013- producto de que Francisco Mujica, entonces gerente general, había salido de la pesquera porque se habían hecho públicos los pagos a Marta Isasi.
Fiscal del caso Corpesca inició ayer el interrogatorio al exsenador, quien dijo que los recursos recolectados también se destinaron a la campaña del legislador UDI.
Desde las 9 horas de este lunes, Orpis se someterá a las preguntas y al contraexamen de la fiscal Ximena Chong. Según el cronograma del proceso, esta fase podría extenderse por varias jornadas.
