El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, recalcó que se han reunido antecedentes “suficientes y serios” para sostener que la parlamentaria debe ser desaforada y encausada.
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La minera anglo sudafricana detalló que contaba con convenios suscritos con la fundación desde 2017, pero que la acción penal se refiere a donaciones acordadas entre 2021 y 2023, destinadas a proyectos específicos. “Anglo American nunca entregó libertad a la Fundación para el destino de los fondos donados”, enfatizaron desde la minera.
Un resumen ejecutivo con lo que tienes que saber hoy
Robar al fisco es peor y robar la plata fiscal destinadas a los más pobres tiene todos los agravantes para ser calificado de detestable. Los impolutos, eran simplemente una cloaca. Ya a esta altura nada nos sorprende y por más que traten de establecer la cuadratura del círculo, sigue siendo evidentemente círculo.
Ambos imputados fueron formalizados por el fiscal Cristián Aguilar por tres delitos de fraude al Fisco en medio de la suscripción de convenios entre la ONG ligada a RD y la Seremi de Vivienda de Antofagasta. Y como determinó la magistrada, se expusieron elementos suficientes para acreditar su participación en los hechos.
En medio de la demanda del Socialismo Democrático por una estrategia más clara para enfrentar la crisis derivada de los traspasos de plata a fundaciones, el 13 de julio llegó Juan Carvajal -exjefe de la Secom en el primer gobierno de Michelle Bachelet- a encargarse específicamente del caso. Sigiloso y con cierta autonomía, así es como ha intentado encauzar un conflicto que todas las semanas aqueja a La Moneda.
La asistencia del jefe de asesores de la Presidencia a la Cámara de Diputados planteó un nuevo dilema para el gobierno. No sólo porque mantiene abierta la incógnita de cuándo el caso llegó al corazón del gobierno y, en específico, al Presidente Boric. A principios de junio, cuando Crispi aseguró enterarse por un “rumor”, el Ejecutivo ya manejaba mucha información al respecto.
Por los delitos de administración desleal y lavado de activos fueron formalizados los hermanos Rinett y Juvenal Ortiz Rivera, en la causa conocida como “Caso Manicure”, tras la presentación de una querella por parte del equipo jurídico del gobernador Luciano Rivas.
Las ONG encabezadas por Rinnet Ortiz y su hermano Juvenal, recibieron los dineros para el desarrollo de cursos de corte de cabello, masoterapia, colorimetría, manicure y pedicure, los que nunca se concretaron.
El parlamentario también anunció que buscarán que los representantes de fundaciones u otros de la sociedad civil, tengan la obligación de asistir a la instancia parlamentaria.
"Esa es, por si acaso, la idea detrás de los estados de bienestar que han construido muchos países desarrollados. Son sistemas para corregir las dinámicas del capitalismo, que no tienen por objeto generar clientes sino ciudadanos libres que puedan desarrollar en forma autónoma sus proyectos de vida y contribuir al desarrollo de sus países".
El centro de pensamiento recomienda un registro único de todas las instituciones privadas que reciban fondos del Estado, una mayor regulación a las transferencias a través de una ley marco, un mayor control de las asignaciones y acelerar la tramitación de la ley de transparencia 2.0 y de la de compras públicas.
La legisladora independiente fue la primera autoridad en tomar acciones públicas por el caso de Democracia Viva. El 7 de junio, pidió que se exigieran más antecedentes al entonces seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras (ex-RD y exjefe de gabinete de Catalina Pérez). Aquel oficio de fiscalización fue marcado por el Presidente como el hito que puso la alerta en La Moneda. Sin embargo, la parlamentaria dice que le cuesta creerle la versión al gobierno.
